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Un Estado para pocos
en el reino de la impunidad
Concluye con éxito la Audiencia Pública sobre derechos humanos en el Bajo Aguán
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Los
testimonios desgarradores de las víctimas del conflicto agrario, que en poco más
de dos años y medio ha dejado un saldo de 48 campesinos organizados asesinados y
ha sembrado el terror en el Valle del Aguán, han sido los protagonistas de la
Audiencia pública sobre derechos humanos de las comunidades campesinas de esta
región al noreste de Honduras. Una vez más quedó en evidencia la ausencia total
del Estado, la injusta repartición de las tierras y la urgente necesidad de una
reforma agraria enmarcada en un Plan Nacional de Desarrollo
Por más de cuatro
horas, las víctimas de la brutal represión tuvieron la oportunidad de brindar su
testimonio ante una Audiencia Internacional proveniente de doce países de
América Latina y Europa, representantes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, así como del
cuerpo diplomático presente en Honduras.
Las voces y las
lágrimas de las viudas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), cuyos
maridos fueron masacrados en el Tumbador por guardias privados del terrateniente
y productor palmero Miguel Facussé Barjum, se unieron con los dolorosos
recuerdos del joven Santos Bernabé Cruz, torturado por militares y
policías en la Comunidad de Rigores, y a la de Nectalí Esquivel, del
MUCA, quien sufrió lesiones graves y permanentes a sus piernas por los
disparos y la brutal golpiza de varios policías.
“En el Bajo Aguán
no se respetan los derechos humanos y el Estado de Honduras no tiene la
voluntad de proveer justicia a su población, y tampoco para resolver el grave
problema agrario que ha desencadenado una voraz violencia.
En este sentido,
estamos padeciendo una carencia extrema de institucionalidad, con una Fiscalía
que no investiga los crímenes perpetrados contra las familias campesinas, una
Policía que no persigue a los delincuentes y un órgano judicial que funciona
solamente para algunos ciudadanos.
La impunidad es
total, y al Estado no le interesa resolver el asesinato de campesinos, ni la
destrucción de sus viviendas. Antes bien, parece estar al servicio de unos pocos
en este país”, manifestó a Sirel, María Silvia Guillén, presidenta
de la Audiencia Pública y ex comisionada de la CIDH.
Según Martín
Wolpold-Bosien, coordinador de FIAN Internacional para
Centroamérica, lo que se vive en el Bajo Aguán es el conflicto con más
violencia contra comunidades campesinas que se ha dado en Centroamérica
durante los últimos 15 años.
“Los números
hablan por sí mismos: 48 campesinos organizados, un periodista y su novia
asesinados y otro campesino desaparecido, y la impunidad es total.
El Estado debe
asumir de inmediato las obligaciones que le imponen los tratados y convenios
internacionales en materia de derechos humanos. En lugar de seguir militarizando
la zona y sembrar más terror entre la población, debe mostrar señales claras de
su voluntad política para investigar todas las violaciones que se han venido
dando”, aseveró Wolpold-Bosien.
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El Estado debe asumir las obligaciones que le
imponen convenios internacionales en materia de
derechos humanos. En lugar de seguir
militarizando la zona y sembrar más terror entre
la población, debe investigar todas las
violaciones que han ocurrido. |
También aseguró,
en nombre de todas las organizaciones internacionales presentes, que la
comunidad internacional sigue teniendo el ojo puesto en el Bajo Aguán, y que
esto debería ser un elemento que ayude a evitar más violencia y lograr el
esclarecimiento de los crímenes cometidos.
“Hay un
proceso de monitoreo constante de la situación y de denuncia internacional que
se va a profundizar con la participación de más organizaciones y redes
internacionales. Que sepan las familias campesinas que no están solas, porque en
todo el mundo hay organizaciones que están velando para que se respeten sus
derechos humanos”, finalizó el representante de FIAN Internacional.
Concluyendo la
actividad, las organizaciones convocantes1
dieron a conocer algunas observaciones preliminares, entre las cuales destacan
la urgente necesidad en Honduras de realizar una Reforma Agraria que se
enmarque en un Plan Nacional de Desarrollo más amplio e integral, la
modificación del marco jurídico para revertir los efectos nefastos de la Ley de
Modernización Agrícola y de las políticas neoliberales.
Asimismo, pedir a
la Unión Europea que no firme el Acuerdo de Asociación (AdA), a la
comunidad internacional el cese de toda ayuda militar a Honduras y la
suspensión del financiamiento a aquellas instituciones o empresas que violenten
los derechos humanos.
La Declaración
Final de la Audiencia Pública será dada a conocer el próximo viernes 1 de junio.
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