Frente a la indiferencia del gobierno ante la acuciante crisis económica y social que afecta al sector rural, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) inició el pasado 11 de julio una movilización de todas sus bases por tiempo indefinido que incluye cortes intermitentes de rutas, invasiones a latifundios improductivos y la instalación de carpas en la vía pública en reclamo de tierras para el cultivo. Hasta el momento, a pesar de los cortes de rutas, las autoridades gubernamentales no han convocado a este sector de campesinos organizados a un diálogo, mientras las protestas se tornan cada vez más violentas por la fuerte represión desatada contra de los manifestantes.

“Las comunidades campesinas representamos un estorbo para el gobierno porque impedimos la expansión de la soja”. Esta tajante reflexión emitida por Ramón Medina, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) refleja la actual situación de desprotección y desamparo en que están sumidos los agricultores paraguayos. Desde hace años, los labriegos vienen solicitando la atención gubernamental a sus innumerables problemas, pero la respuesta oficial no pasa de meras promesas que no sólo nunca terminan de cumplirse, sino que además están muy lejos de constituirse en soluciones viables para la situación de crisis.

Esto ha motivado que cerca de 10 mil campesinos del todo el país adherentes a la MCNOC, iniciaran el 11 de julio pasado una serie de movilizaciones de protesta y reclamos que incluyen cierre de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos. Estas manifestaciones buscan que el gobierno nacional demuestre por lo menos un atisbo de preocupación ante la difícil situación que afecta a los campesinos, aunque “hasta el momento sólo nos ha dado como respuesta la represión y el encarcelamiento de nuestros compañeros de lucha”, según afirmó Medina.

Desde hace años, la MCONOC viene presentando al gobierno una serie de reivindicaciones que incluyen el otorgamiento de tierras a agricultores, el pago de subsidio por el algodón, e incluso la implementación de un plan nacional de producción campesina. Los agricultores también habían presentado una serie de reclamos y propuestas de producción que beneficiarían a comunidades indígenas, que se debaten en la extrema pobreza y viven de la mendicidad, pero en ninguno de esos casos el gobierno se interesó realmente por cumplir con los numerosos pactos y acuerdos firmados previamente.

A raíz de esa falta de respuestas gubernamentales, el 11 de julio pasado unas 4.300 familias sin tierra de siete departamentos de la Región Oriental del país, iniciaron como primera medida la ocupación de latifundios improductivos y la recuperación de las tierras otorgadas a hacendados en forma irregular.

Otras 1.150 familias decidieron instalar sus campamentos en otros departamentos del país, con la intención de llamar la atención sobre la situación de desamparo e indiferencia que atraviesan al no poder obtener un pedazo de tierra para trabajar.

Además, desde el pasado 12 de julio los pequeños productores agrícolas agrupados en la MCNOC se unieron a la lucha en solidaridad con sus compañeros Sin Tierra. Estos agricultores también le reclaman al gobierno el pago de mayores beneficios por la producción algodonera en cumplimiento del compromiso que había firmado con los pequeños productores y que quedó en la nada. Las regalías solamente beneficiaron a los intermediarios y comerciantes quienes recibieron las mayores ganancias por la venta del producto.

El año pasado, la MCNOC había solicitado además al gobierno la habilitación de un crédito para 30 mil familias campesinas cuya base de pago sería la implementación de un plan de producción enmarcado en la doctrina de soberanía y seguridad alimentarias para los pueblos campesinos.

El Ejecutivo Nacional tampoco cumplió con el compromiso firmado con la  MCNOC el 23 de abril pasado que beneficiaría a 23 comunidades indígenas, que incluía un plan de combate a la pobreza e involucraba a 752 familias nativas. Medina relató que estas comunidades le habían planteado al gobierno integrarse a la actividad productiva del país para salir de pobreza extrema en que viven. Los nativos solicitaron asistencia técnica integral, la provisión de semillas de rubros alimentarios y cooperación en las áreas de la salud y educación, “pero no recibieron ni un machete para carpir sus campos”, dijo Ramón Medina.

Represión y cárcel para manifestantes

Desde que se iniciaron las movilizaciones de protesta el 11 de julio pasado, los campesinos sólo han recibido represión como toda respuesta oficial. Hasta el momento, diez campesinos se encuentran encarcelados en la ciudad de Coronel Oviedo, dos están internados gravemente heridos, sin haber recibido ningún tipo de asistencia sanitaria de parte de las autoridades. El lunes 17 se produjo otra violenta represión a manifestantes apostados en la localidad de Capiibary, que dejó como saldo tres indígenas y un campesino internados en el centro de salud de esta comunidad.

A pesar de las represiones constantes, Ramón Medina informó que proseguirán con los cierres intermitentes de rutas en el Cruce Ñumí (departamento de Caazapá), Caapiibary (San Pedro), Tomas Romero Pereira (Itapúa), Ciudad del Este (Alto Paraná), Yataity (Guairá), José Domingo Ocampos (Caaguazú) y Cruce Santa Rosa Mí (Curuguaty, Canindeyú).

Medina advirtió que las movilizaciones con cierre de rutas y ocupaciones de latifundios se irán extendiendo por todo el país en la misma medida en que el gobierno se niegue a responder a los reclamos campesinos.

El dirigente expresó que el campo ya no puede seguir careciendo de la aplicación de políticas gubernamentales de desarrollo, pues esto sumirá al sector agrícola en un  atraso mucho más prolongado y en la más profunda miseria. Dijo que las postergaciones sufridas han contribuido a que los productores no puedan hacer frente a los tres años de sequía que afectan al país, que trajo como consecuencia la caída de los precios de la producción. Los campesinos tampoco pueden acceder a más créditos para solventar sus cultivos debido a que están sumidos en deudas por el fracaso de cosechas anteriores o por el bajo costo de sus productos, pero como si todo esto fuera poco, señaló Medina, deben enfrentar la violenta expansión sojera, la producción ganadera y la proliferación de latifundios improductivos, que sólo contribuyen a aumentar la expulsión de los campesinos de sus comunidades.

“Esto sólo ha significado la guerra directa contra los pueblos campesinos, porque el gobierno ha manifestado ya que nuestras comunidades son un estorbo para la expansión de modelo agro exportador”, indicó finalmente Medina, quien no avizora un panorama alentador para la lucha que mantienen desde hace años con un “gobierno autista”, que no ve nada ni pretende comprender la real dimensión de la problemática campesina.

Los principales reclamos de la MCNOC al gobierno son:

• Implementación de un programa de créditos productivos para 30 mil familias de pequeños agricultores.

• Pago de los subsidios para el algodón a unos 10 mil afiliados que figuran en sus padrones, pero que no recibieron el dinero de parte del gobierno. El Estado había anunciado que entregó fondos para compensar las perdidas en la producción a unos 80 mil campesinos, por un monto de 36 mil millones de guaraníes.

• Ejecución de un proyecto de desarrollo para combatir la extrema pobreza de comunidades indígenas. Este documento, según indicó la MCNOC, fue presentado el año pasado al Gabinete de Crisis de la Vicepresidencia de la República. La propuesta fue derivada a la secretaría del Acción Social y reafirmada en una mesa de trabajo que se realizó en abril de este año.

• Se otorgue tierras para unas 3 mil familias, que deben ser entregadas por el INDERT antes de fin de año.

• Liberación de los dirigentes campesinos presos, algunos de ellos heridos, que fueron  detenidos tras la intervención policial en Capiibary (sólo en la ciudad de Coronel Oviedo están encarcelados los campesinos Victoriano Benítez, Mauricio Jiménez Paredes, Delio Espínola Pereira, Reinaldo Martínez Alfonso, Nelson Guzmán Fretes, Juan Flecha Romero, Juan Mercado y Pedro Vargas Bazán). 

En Asunción,  Rosalía Ciciolli © Rel-UITA 19 de julio de 2006