El actual
sistema mundial de alimentación es insostenible y
socialmente injusto, que cada día deja hambrientos a más de
840 millones de personas, según FAO, y por lo tanto, viola
el derecho de todos a una adecuada nutrición. Entre los que
sufren hambre, cientos de millones son trabajadores
agrícolas, cuyo trabajo es explotado para la producción de
alimentos. ¡Que paradoja! Se trata de un sistema que genera
anualmente 545 mil millones de dólares en exportaciones del
sector agropecuario, en tanto que 8 millones de personas
mueren cada año de hambre y de enfermedades relacionadas con
el hambre. Este sistema agroalimentario promueve métodos de
producción que envenenan entre 3 y 4 millones de
trabajadores rurales con agrotóxicos todos los años y mata
un promedio de 3300 trabajadores rurales todos los meses.
Además este modelo productivo impacta negativamente en otros
aspectos sociales, además de los económicos y ambientales.
En
Uruguay se conoce permanentemente y con mucha precisión el
stock vacuno y ovino, su composición por categorías, el
número de animales vacunos faenados, etc. Muy poco conocemos
en cambio, del nivel nutricional, los índices de mortalidad
y morbilidad infantil de la población en el medio rural, las
condiciones de la vivienda y los niveles sanitarios del
trabajador y la población rural.
El
Uruguay es uno de los países más urbanizados de América
Latina al punto tal que nuestra situación se asemeja mucho a
la de los países desarrollados.
El sector
agropecuario de nuestro país está compuesto por los
trabajadores rurales, integrado por los asalariados, no
propietarios de medios de producción y que dependen de la
venta de su fuerza de trabajo para subsistir; y los
trabajadores familiares, que disponen de un volumen reducido
de medios de producción, en unidades donde el trabajo de la
propia familia es el predominante. Por otro lado se
encuentran los empresarios nacionales del sector, en su
mayoría grandes productores.
A esto se ha agregado un nuevo
elemento en el panorama de este sector: las trasnacionales.
Estas controlan importantes volúmenes de tierras y capital,
y de quienes han pasado a depender exclusivamente las
decisiones comerciales del sector agroalimentario. A partir
de esta nueva realidad el sistema se puede dividir en 4
fases: producción de insumos (maquinaria, semillas,
agrotóxicos, fertilizantes, etcétera); producción
agropecuaria propiamente dicha; proceso industrial de los
productos agrícolas para transformarlos en alimentos; y la
fase de comercialización y distribución (fundamentalmente
internacional). Este proceso, que se dio con el arribo
masivo de inversiones extranjeras sin regulación alguna,
está produciendo en el país una verdadera contrarrevolución
agraria, con la consecuente destrucción de cientos de
pequeñas unidades de producción.
Los
trabajadores cuantitativamente más importantes del medio
rural y que generan el grueso de la producción agropecuaria
son, pues, los asalariados y los vinculados a unidades de
tipo familiar, que en su conjunto constituyen los sectores
populares de este medio. Dentro de este panorama, los
trabajadores asalariados tienen una problemática y
perspectiva diferente, derivada de la posición que ocupan en
el proceso de producción.
El
trabajo en el campo uruguayo:
la descomposición de la
agricultura familiar
El sector
productivo uruguayo viene sufriendo un desmantelamiento
progresivo que se refleja en la aguda crisis económica
actual. En los últimos 30 años han desaparecido casi la
mitad de los productores familiares, algunos de ellos se han
transformado en asalariados rurales, otros han emigrado
hacia las ciudades.
(1)
Los datos
de los Censos Generales Agropecuarios desde 1970 al 2000
muestran una disminución sostenida en el número de
productores y la consiguiente concentración de la tierra. En
1970 había 77.163 explotaciones en el país mientras que en
el año 2000 son 57.131. Una de cada cuatro ha desaparecido.
A su vez el tamaño de la superficie de las explotaciones ha
aumentado en 30 por ciento, de 214 a 287 hectáreas.
Condiciones de
vida y trabajo
Una de
las características más notorias de la situación de los
trabajadores rurales es la dispersión geográfica y el
aislamiento en que desarrolla su actividad, fundamentalmente
la mayor parte de los asalariados. Considerando el conjunto
de establecimientos agropecuarios capitalistas, el número de
trabajadores asalariados por predio es de 5 y en los
ganaderos de más de 1000 hectáreas el promedio de
trabajadores por estancia es de 6.
Derivada
de esta situación de aislamiento, la participación social de
los asalariados y trabajadores familiares en organismos
gremiales (sindicatos, gremios de pequeños productores),
comisiones de fomento e instituciones culturales, es muy
reducida. Por ejemplo, según cifras disponibles de hace más
de 20 años, el número de trabajadores asalariados
sindicalizados no alcanzaban al 1 por ciento.
A nivel
de la alimentación de la población trabajadora rural, los
informes coinciden en enfatizar las deficiencias. En los
años 40, figuras como Julia Arévalo,
planteaban la
situación social, situando “en estado de completa
desnutrición a un 70 % de la niñez campesina”. Los casos de
los niños fallecidos por desnutrición en Bella Unión en los
últimos años son hijos de trabajadores rurales desocupados o
en el mejor de los casos con la posibilidad de alguna changa
esporádica.
En
relación a la salud rural, las deficiencias son muy
importantes. Las condiciones de aislamiento de la población
y una extensión de la cobertura de salud muy desigualmente
distribuida que se concentra principalmente en la capital y
zonas urbanas del interior, son determinantes de estas
deficiencias. A esto hay que agregar el problema que tienen
los trabajadores y trabajadoras de la horticultura y
fruticultura, fundamentalmente debido a la exposición a los
agrotóxicos.
El movimiento
sindical
En el
sector rural, las primeras movilizaciones sindicales de que
se tienen noticias se producen en la década del '30, y sólo
a partir de la segunda mitad de la del '50, las luchas de
los asalariados rurales pasan a tener cierta difusión y a
constituir un elemento importante de denuncia de los niveles
de salario y de vida de estos trabajadores y del
incumplimiento o inexistencia de normas encargadas de
reglamentar las condiciones de trabajo en el medio rural.
Entre las
primeras luchas de los asalariados rurales se destaca la
desarrollada en las plantaciones arroceras de Treinta y
Tres. En la década siguiente se producen movimientos de los
remolacheros de Sarandí y San José (1944) y de trabajadores
de las plantaciones de naranjas de Salto (1946),
el de los
obreros remolacheros (SUDOR) nacido en el año 57 y el de los
destajistas de El Espinillar (URDE), que se funda en Salto
un año después.
Hacia
mediados de la década del ‘50 se intensifica la actividad de
los sindicatos rurales, con movilizaciones de los
trabajadores de los tambos, arroceros, remolacheros y
esquiladores.
En los
inicios de la década del 60 se organizan los trabajadores de
las plantaciones de caña de azúcar del norte del país, en la
Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).
Posteriormente otras organizaciones, ya en el período
posterior a la dictadura, se constituyen, como el Sindicato
de Obreros Rurales y Destajistas de San José (SORYDESA), el
Sindicato Único de Obreros Rurales y Agroindustriales (SUDORA),
Sindicato de Obreros de Mi Granja (SIOMI), Unión de
Trabajadores Rurales e Industriales de Azucitrus (UTRIA) y
la Organización Sindical de Obreros Rurales (OSDOR).
El año
pasado, en diciembre, en la chacra sindical del sindicato de
UTAA, se constituyó la Unión Nacional de Asalariados,
Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) con el objetivo de
crear una fuerza representativa en lo sindical y político,
que represente a los trabajadores rurales, casi 80.000 de
todo el país. Es necesaria esa fuerza para que los
trabajadores puedan tener su herramienta para defender su
salario, sus condiciones laborales, todos sus derechos, pero
además puedan ser desde ese lugar quienes planteen
propuestas que generen impacto no solo para los trabajadores
del campo uruguayo, sino también para los ciudadanos en
general.
En el
Uruguay hay que comenzar a rediscutir temas como el uso y
tenencia de la tierra y el modelo productivo que actualmente
predomina en el país. Se debe retomar el camino de
democratizar el campo uruguayo. Es un momento de inflexión
para seguir hacia un cambio o seguir consolidando este
modelo que dio el paso a la pobreza, la marginación y al
hambre, algo inmoral en un país que tiene todo para
evitarlo. Los trabajadores son una pieza clave,
fundamentales en este proceso.
Para eso,
el concepto de soberanía alimentaria, engloba las
reivindicaciones históricas de los trabajadores rurales del
Uruguay, la tierra, el trabajo digno, la alimentación, las
semillas. Que cada pueblo tenga el derecho de definir sus
propias políticas agrarias, decidiendo en forma soberana y
autónoma el cómo, el para qué, el qué, el cuándo y con
cuáles recursos producir. Es decir, definir
políticas y
estrategias de producción, distribución y consumo de
alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para
toda la población. Las mismas deben basarse en la producción
familiar a pequeña y escala,
garantizando a la población
y a aquellos que trabajan con sus familias, sus manos y sus
conocimientos compartidos, el acceso al agua, la tierra, a
las semillas y a mercados justos y equitativos.
Por eso
los trabajadores rurales deberán jugar, junto a los pequeños
productores familiares de este país, un papel fundamental en
la creación de un modelo productivo que tenga en cuenta tres
diferentes dimensiones: ambiental, social y económica.
Planteando soluciones que sean capaces de revertir los
problemas actuales, definiendo claramente que los problemas
de los trabajadores rurales, responsables de la mayor parte
de la producción de alimentos, pasa por la implementación de
políticas agrarias que vayan más allá de lo productivo, que
sean adecuadas a sus necesidades y a las del resto de los
uruguayos
Leonardo de León
© Rel-UITA
5 de mayo
de 2005
(1)
Piñeiro D. (2003) “Detrás de
los números”. Brecha 17/10/2003.
