Después de siglos de opresión y resistencia, "las masas de campesinos oprimidos y explotados", en una demostración de su capacidad de articulación, de unidad política y de construcción de una propuesta nacional, se reunieron en el "1er. Congreso Nacional de Agricultores y Trabajadores Agrícolas sobre el carácter de la Reforma Agraria", que fuera realizado en 1961, en Belo Horizonte.

Ya en este primer Congreso los pueblos del campo, asumiendo un rol de sujetos políticos, señalaron la centralidad de la tierra como un espacio de vida, de producción y de identidad socio-cultural.

Esta unidad y fuerza política llevaron al gobierno de João Goulart a incorporar la Reforma Agraria como parte de sus reformas, contrariando los intereses de las elites y convirtiéndose en uno de los elementos que llevaron al golpe de estado de 1964.

Los gobiernos golpistas persiguieron, torturaron, encarcelaron y asesinaron líderes, pero no destruyeron el sueño, ni las luchas campesinas por un pedazo de tierra.    

Después de décadas de resistencia y denuncias de opresión, las movilizaciones y luchas sociales han creado condiciones para la reanudación y ampliación de la organización campesina, haciendo emerger una diversidad de sujetos y temas.

Junto con la lucha por la Reforma Agraria, la lucha por la tierra y el territorio se vienen afirmando sujetos como los sin tierra, quilombolas, indígenas, recolectores, pescadores artesanales, quebraderas, comunidades tradicionales, agricultores familiares, campesinos, trabajadores rurales y otras personas del campo, aguas y bosques.

En este proceso de formación de sujetos políticos, se afirman las mujeres y los jóvenes en la lucha contra la cultura patriarcal, por la visibilidad y la igualdad de derechos y la dignidad en el campo.

En una nueva demostración de capacidad de articulación y unidad política, nosotros hombres y mujeres de todas las edades, nos reunimos 51 años más tarde, en Brasilia, en el Encuentro Nacional Unitario de Trabajadores, Pueblos del Campo, de las Aguas y los Bosques, focalizando la lucha de clases por la tierra, actualmente expresada como la lucha por la Reforma Agraria, Tierra, Territorio y Dignidad.

Estamos construyendo la unidad en respuesta a los retos de la desigualdad en la distribución de la tierra. Como en los años 60, esta desigualdad permanece invariable, con una profundización de los riesgos económicos, sociales, culturales y ambientales, como consecuencia de la especialización primaria de la economía.

La primera década del Siglo XXI revela un proyecto de reacondicionamiento de la modernización conservadora de la agricultura, iniciada por los militares, interrumpida en la década de los noventa y retomada como proyecto de expansión primario para el sector externo en los últimos doce años, bajo el nombre de la agroindustria, que es nuestro enemigo común.

Este proyecto, en su esencia, produce desigualdades en las relaciones de propiedad con la tierra y con las relaciones sociales en el medio rural, profundiza la dependencia externa y realiza una explotación depredadora de la naturaleza.

Sus protagonistas son el capital financiero, las grandes cadenas de producción y comercialización de materias primas globales, el latifundio y el Estado brasileño en sus funciones de financiación –incluyendo la asignación de recursos públicos para grandes proyectos de infraestructura– y de (des) regulación de la tierra.

El proyecto capitalista en curso en el Brasil persigue la acumulación de capital especializado en el sector primario, promueve la sobre explotación agropecuaria, hidroeléctrica, minera y petrolera.

Esta sobre explotación realizada en nombre de la necesidad de equilibrar las transacciones externas, sirve a los intereses y al dominio del capital extranjero en el campo a través del agro-transnacional y el hidro-negocio.

Este diseño provoca el aplastamiento y la desterritorialización de los trabajadores y trabajadoras de los pueblos del campo, de las aguas y los bosques.

Sus consecuencias sociales y ambientales son la no ejecución de la Reforma Agraria, la no demarcación y reconocimiento de territorios indígenas y quilombolas, el incremento en la violencia, la violación del territorio de los pescadores y pueblos de los bosques, el debilitamiento de la agricultura familiar y campesina, la sujeción de los trabajadores y consumidores a adquirir alimentos contaminados y a convivir con la degradación ambiental.

Existen aún consecuencias socio-culturales como la masculinización y el envejecimiento del campo por la ausencia de oportunidades para los jóvenes y las mujeres, resultando en la no reproducción social del campesinado.

Estas consecuencias se agravaron por la ausencia, falta de idoneidad o el asistencialismo de emergencia de las políticas públicas.

Estas políticas contribuyeron a contar con un proceso de desigualdad social entre el campo y la ciudad, la migración del medio rural y el aumento de la vulnerabilidad de los sujetos del campo, de las aguas y los bosques. En lugar de promover la igualdad y la dignidad, las políticas y acciones del Estado, a menudo, retiran los derechos y promueven la violencia en el campo.

Incluso generando conflictos y siendo el enemigo del pueblo, el Estado brasileño en sus esferas del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, históricamente ha estado invirtiendo en el fortalecimiento del modelo de desarrollo concentrador, excluyente y degradador.

A pesar de todos los problemas creados, los sucesivos gobiernos, inclusive el actual, mantienen la opción por el agro y el hidro-negocio.

Brasil, como un país rico en tierras, agua, recursos naturales y biodiversidad, atrae el capital especulativo y exportador, incrementando los impactos negativos sobre los territorios indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales y campesinos.

Externamente, el Brasil se ha convertido en el proyecto de neocolonizador palanca, expandiendo este modelo a otros países, especialmente en América Latina y África.

Se vuelve esencial un proyecto de vida y de trabajo para la producción de alimentos saludables en escala suficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad, que respete la naturaleza y genere la dignidad en el campo.

Al mismo tiempo, el rescate y fortalecimiento de los campesinos, la defensa y recuperación de sus culturas y saberes se hace necesario para ejecutar proyectos alternativos de desarrollo y sociedad.

Por ello afirmamos:

1)       la Reforma Agraria como política esencial de desarrollo justo, popular, solidario y sostenible, asumiendo el cambio en la propiedad de la tierra, democratización del acceso a la tierra, con respeto a los territorios y la garantía de reproducción social de los pueblos del campo, de las aguas y los bosques.

2)      la soberanía territorial, que entiende el poder y la autonomía de los pueblos en la protección y defensa  libre de los bienes comunes y el espacio social y la lucha porque se establezcan sus relaciones y formas de vida, desarrollando diferentes culturas y formas de producción y reproducción, que marcan y dan identidad al territorio.

3)      la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a una alimentación adecuada para toda la población, respetando sus culturas y la diversidad de las formas de producir, comercializar y administrar estos procesos.

4)      la agroecología como base de la sostenibilidad y organización social y productiva de la agricultura familiar y campesina, en oposición al modelo del agroindustria. La agroecología es un modelo de producir y de relacionar en la agricultura, que preserva la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio genético, que produce los alimentos saludables, libre de transgénicos y agrotóxicos, que valora saberes y culturas de los pueblos del campo, de las aguas y los bosques a defender la vida.

5)      la centralidad de la agricultura familiar y campesina y de las formas tradicionales de producción y su fortalecimiento a través de las políticas públicas estructurantes, como fomento al crédito subsidiado y adecuado a las realidades; asistencia técnica basada en los principios agroecológicos, investigaciones que reconocen e incorporan los saberes tradicionales, formación, especialmente de la juventud, incentivo a la cooperación, agroindustrialización y comercialización.

6)      la necesidad de relaciones igualitarias, de reconocimiento y respeto mutuo, especialmente en relación a las necesidades de las mujeres, superando la división sexual del trabajo y el poder patriarcal y combatiendo todos los tipos de violencia.

7)      la soberanía energética como un derecho de los pueblos, que demanda el control social sobre las fuentes de producción y distribución de energía, alternado el actual modelo energético brasilero.

8)      la educación del campo, indígena y quilombola como herramientas estratégicas para la emancipación de los sujetos, que surgen de las experiencias de lucha por el derecho a la educación y por un proyecto político – pedagógico vinculado a los intereses de la clase trabajadora. Ellas se contraponen a la educación rural, que tiene como objetivo auxiliar un proyecto de agricultura y sociedad subordinada a los intereses del capital, que somete a la educación escolar a la preparación de mano de obra barata, débilmente cualificada y barata y que esclaviza a los trabajadores y trabajadoras en el sistema de producción de monocultura.

9)      la necesidad de democratización de los medios de comunicación, hoy concentrados en pocas familias y a servicio del proyecto capitalista concentrador, que criminaliza a los movimientos y organizaciones sociales del campo, las aguas y los bosques.

10)   la necesidad del reconocimiento por el Estado de los derechos de las poblaciones afectadas por los grandes proyectos, asegurando la consulta libre, previa e informada y la reparación de los casos de violación de los derechos.

Nos comprometemos:

1.     a fortalecer las organizaciones sociales y a intensificar el proceso de unidad entre los trabajadores y trabajadoras, pueblos del campo, de las aguas y los bosques, colocando como centro la lucha de clases y el enfrentamiento al enemigo común, el capital y su expresión actual en el campo, el agro e hidro-negocio.

2.     a ampliar la unidad en los próximos períodos, construyendo pautas comunes y procesos unitarios de lucha por la realización de la Reforma Agraria, por el reconocimiento, demarcación y titulación de las tierras indígenas, de los territorios quilombolas y de las comunidades tradicionales, garantizando los derechos territoriales, la dignidad y la autonomía.

3.     a fortalecer la lucha por la Reforma Agraria como bandera unitaria de los trabajadores y trabajadoras y pueblos del campo, de las aguas y de los bosques.

4.     a construir y fortalecer alianzas entre sujetos del campo y de la ciudad, en los niveles nacional e internacional, en estrategias de clase contra el capital y en defensa de una sociedad justa, igualitaria, solidaria y sostenible.

5.     a luchar por la transición agroecológica masiva, contra los agrotóxicos, por la producción de alimentos saludables, por la soberanía alimentaria, en defensa de la biodiversidad y de las semillas.

6.     A diseñar una agenda común para rediscutir los criterios de construcción, acceso, comprensión, carácter y control social de las políticas públicas, por ejemplo del PRONAF, PNAE, PAA, PRONERA, PRONACAMPO, investigación y extensión, entre otras, orientadas a los pueblos del campo, de las aguas y los bosques.

7.     fortalecer la lucha de las mujeres por derechos de igualdad y por el fin de la violencia.

8.     ampliar el reconocimiento de la importancia estratégica de la juventud en la dinámica del desarrollo y en la producción social de los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques.

9.     a luchar por los cambios del actual modelo de producción que nos regula a ser petro-dependientes, de alto consumo energético.

10.  a combatir y denunciar la violencia y la impunidad en el campo y la criminalización de los liderazgos y movimientos sociales, promovidas por los agentes públicos y privados.

11.  a luchar por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado sobre la muerte y desaparición forzada de campesinos, bien con los derechos de reparación a sus familiares, con la creación de una comisión campesina por la amnistía, memoria, verdad y justicia para incidir en los trabajos de la Comisión Especial sobre muertos y desaparecidos políticos, controlado la inclusión de todos los afectados por la represión.

Nosotros, los trabajadores y trabajadoras, pueblos del campo, de las aguas y de los bosques exigimos el redireccionamiento de las políticas y acciones del Estado brasilero, pues el campo no soporta más.

Seguiremos en marcha, movilización en unidad y lucha y, en el combate contra nuestro enemigo común, construiremos un País y una sociedad justa, solidaria y con sustento.

Brasília, 22 de agosto de 2012.