|
La reforma agraria es una reivindicación histórica del
movimiento campesino paraguayo a la que se han sumado
organizaciones indígenas que plantean recuperar sus
territorios ancestrales, ya sea por vías de la expropiación
o compras de las tierras por parte del Estado.
El nuevo periodo político
que se vive en Paraguay desde agosto del 2008, con la
elección del ex sacerdote Fernando Lugo a la
presidencia, despertó la esperanza de cambio en los sectores
sociales y populares.
Sin embargo, las
organizaciones campesinas se han sentido defraudadas por la
inacción del gobierno y otros poderes del Estado, y no han
dejado de presionar, recurriendo a movilizaciones masivas,
marchas hacia Asunción, la capital, para gestiones ante las
instituciones públicas, levantar campamentos frente a los
latifundios, y en última instancia y como medida extrema,
las ocupaciones de esas propiedades.
|
Sólo el 2 por ciento de los propietarios
concentran el 85,5 por ciento de las tierras, a
la vez que 300.000 familias campesinas no poseen
un solo metro cuadrado de tierra para cultivar. |
“Las luchas emprendidas
por nuestro pueblo son por la reforma agraria, por detener
el avance de la agricultura empresarial, y las respuestas
del instrumento judicial y policial sigue siendo de grandes
represiones con aproximadamente 2.000 compañeros imputados;
varios de ellos llegaron a ser encarcelados”, afirma a
Noticias Aliadas, Ramón Medina, dirigente nacional de
la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).
“Seguimos teniendo un
Estado que defiende los intereses de los grandes
latifundistas, de los grandes sojeros, por lo que debe
continuar nuestra lucha y las movilizaciones contra los
latifundios y contra la expansión sojera, en la defensa de
los recursos naturales; y al mismo tiempo construyendo
propuestas políticas alternativas que puedan ser discutidas
con la sociedad y presentadas a las instituciones del
Estado, a fin de ir forzando cambios democráticos a favor de
la mayoría del pueblo”, asegura Medina.
Problema estructural
Consultados por Noticias
Aliadas, el ex presidente del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Alberto
Alderete Prieto, y el senador oficialista del Frente
Guasu, Sixto Pereira, coinciden en que la
problemática del latifundio en el Paraguay se remonta a
mediados del siglo XIX, cuando los gobiernos de entonces
empezaron a vender las tierras públicas.
Desde la finalización de
la guerra de la Triple Alianza —que enfrentó a
Paraguay con Argentina, Brasil y
Uruguay entre 1865 y 1870— hasta 1950 se adjudicaron
más de 25 millones de hectáreas a empresas extranjeras.
“A partir de 1950 hasta
el año 2000, fundamentalmente en la época de la dictadura de
Alfredo Stroessner [1954-89], se repartieron alrededor de 12
millones de hectáreas de tierras, inicialmente a través del
Instituto de Reforma Agraria, y después desde el
Instituto de Bienestar Rural —hoy transformado en el
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra—, de
las cuales el 74 por ciento fue a parar a manos de
políticos, militares y funcionarios estatales que no tenían
nada que ver con la Reforma Agraria; sólo un 26 por ciento
fue a manos de alrededor de 150.000 familias de pequeños
productores”, dijo Alderete Prieto.
Con la Revolución Verde,
iniciada en la década de 1960, la agricultura familiar
campesina practicada por generaciones pasó a ser llamada de
“subsistencia” frente a la producción a gran escala para
exportación, introduciéndose el llamado “paquete
tecnológico”, que incluye el uso de semillas transgénicas,
agrotóxicos, alto grado de mecanización, dependencia
exclusiva del mercado externo y la pérdida consiguiente de
alrededor de 50 por ciento de la cobertura boscosa original
del país.
Para Pereira, “la
tenencia general de las tierras es de absoluta irregularidad
jurídica, y en el mundo, junto a Brasil, Paraguay
es uno de los países más desiguales y con mayor
concentración de tierras en pocas manos”.
|
Paraguay tiene una superficie de 406.752 km²,
pero si uno hace la sumatoria de los títulos
supera ampliamente los 500.000 km²; eso
demuestra la superposición de títulos. |
El último Censo
Agropecuario, correspondiente al 2008, muestra que sólo el 2
por ciento de los propietarios concentran el 85,5 por ciento
de las tierras, a la vez que 300.000 familias campesinas no
poseen un solo metro cuadrado de tierra para cultivar.
De esta proporción, el 80
por ciento de las tierras aptas para la agricultura está en
manos del 1 por ciento de los propietarios, y sólo el 6 por
ciento está en manos de pequeños agricultores con menos de
20 Ha de tierra cada uno (alrededor de 260.000 familias en
todo el país).
Los actuales conflictos se
acrecientan a medida que los “campesinos sin tierra”
cuestionan la propiedad de la tierra. Lo que ocurre en el
distrito de Ñacunday, en el suroriental departamento de Alto
Paraná, es el reflejo de que el problema de la tierra en
Paraguay no es coyuntural, sino estructural.
En abril del 2011 estalló
un conflicto en Ñacunday —zona fronteriza con Brasil
y Argentina, cuyas fértiles tierras son dedicadas a
cultivos para la agroexportación— cuando familias sin tierra
de esa localidad, agrupadas en la Comisión Vecinal Santa
Lucía, empezaron a ocupar parte de la propiedad del mayor
latifundista sojero del país, Tranquilo Favero, quien
posee más de 1 millón de hectáreas de tierras, de las cuales
400.000 se encuentran en Ñacunday.
A fines del año se sumaron
integrantes de la Liga Nacional de Carperos, movimiento de
campesinos sin tierra que tiene movilizadas a casi 10.000
personas en improvisados campamentos de hule negro o carpas.
Rosalino
Casco, dirigente carpero, reclamó la soberanía de las
tierras en disputa advirtiendo que “vamos a pelear
centímetro a centímetro por esta tierra”, mientras que
sectores agroganaderos y políticos conservadores acusaban al
gobierno de Lugo de instigar el conflicto.
La lucha de los acampados
en Ñacunday continúa. En febrero fuerzas gubernamentales
reubicaron pacíficamente a los campesinos de la Comisión
Vecinal Santa Lucía en los alrededores de una reserva
forestal, mientras que los denominados carperos se
trasladaron frente a una propiedad estatal de la cual
terratenientes brasileños aseguran ser los dueños.
Falta voluntad política
Los acontecimientos de
Ñacunday pusieron una vez más la situación de la tierra en
el epicentro del debate en Paraguay. Por primera vez
un gobierno mostraba interés por abordar la problemática
estructural de la tierra en el país, como facilitar tierras
a los campesinos o revisar propiedades mal habidas, pero el
mensaje no ha pasado de ser declarativo al no haber unidad
de criterios entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial para desmontar viejas estructuras heredadas.
El senador Pereira
sostiene que la situación en el campo paraguayo es un
“problema político que necesita de la voluntad política de
los tres poderes para empezar a discutir en un primer nivel
dentro de un Estado de Derecho”.
“Ñacunday es un caso más
dentro de esta problemática, teniendo en cuenta que el país
está lleno de casos como este, por lo que urge realizar
mensuras judiciales para identificar y dar garantía a los
legítimos propietarios”, dijo.
|
La expansión del agronegocio ligado al
latifundio va destruyendo la identidad campesina
e indígena, creando mecanismos de dominación y
acumulación de capital… |
Para Pereira, quien
trabajó durante mucho tiempo asesorando a movimientos
campesinos, es menester contar con “un Catastro Nacional de
tierras actualizada como instrumento para identificar la
irregularidad jurídica en la tenencia de la tierra.
Paraguay tiene una superficie de 406.752 km², pero si
uno hace la sumatoria de los títulos supera ampliamente los
500.000 km²; eso demuestra la superposición de títulos”,
acusa.
Esta realidad es una
muestra patente de la existencia de propiedades de hasta
triple titulación, y que hacen que la propia extensión del
Paraguay aumente 120.000 km² más de lo real,
irregularidad en la que están comprometidos terratenientes y
autoridades de los sucesivos gobiernos a partir de 1989 que
recibieron millones de dólares para la realización de
catastro de propiedades que nunca se concretaron.
“En toda la historia de
este país la tierra se ha constituido en fuente de vida,
progreso y supervivencia para sus habitantes, pero así
también ha sido objeto e instrumento que ha posibilitado una
sistemática violación a los derechos humanos, destrucción
del medio ambiente y concentración de poder en pocas manos”,
asegura Alderete Prieto.
“Esta situación demuestra
que la expansión de los agronegocios ligados al latifundio
va destruyendo la identidad campesina e indígena, creando
mecanismos de dominación y acumulación de capital. El
presidente Lugo denunció en más de una ocasión que
las alambradas y las pasturas de los grandes latifundios
expulsan a las comunidades indígenas de sus tierras, a
través de mecanismos de apropiaciones ilegales
instrumentadas por la politiquería”.
|
