Uruguay

Nuestra soberanía en peligro

 

En el sector agroalimentario, las decisiones sobre las políticas de producción están en manos ajenas.

 

 

En nuestro país, como en toda la región del cono sur de Latinoamérica, se está afectando la soberanía alimentaria, o sea el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias, decidiendo en forma soberana para qué, qué, cuándo y cómo producir. En los últimos 30 años ha desaparecido casi la mitad de los productores familiares uruguayos. Algunos se han transformado en asalariados rurales, otros han emigrado hacia las ciudades1, con la consiguiente concen-tración en la propiedad de la tierra.

 

En 1970, había 77.163 explotaciones rurales que en 2000 descendieron a 57.131. Su tamaño aumentó debido al avance de la forestación y de la soja con más de 650 mil hectáreas y 280 mil respectivamente. Estas tierras, en su mayoría están en manos de extranjeros, que las arriendan o las compran beneficiados por la ley de sociedades anónimas.

 

En Argentina, el valor de los campos oscila entre 2 mil y 6 mil dólares por hectárea, mientras en Uruguay, las mejores tierras se pagan entre 1.000 y 1.800 dólares la hectárea. El arriendo oscila entre 60 y 100 dólares la hectárea para el caso de los campos utilizados para la producción sojera. La mayoría de aquellos que arriendan sus tierras se encuentran endeudados y el arriendo resulta, en lo inmediato, una solución a sus compromisos financieros. En el caso de la soja, los mismos grupos económicos que arriendan o compran las tierras manejan las barracas para acopio. En el caso de la forestación pretenden instalar sus plantas de celulosa en las principales zonas de producción y cerca de las salidas fluviales, aumentando los riesgos de contaminación.

 

En Argentina, entre 1991 y 2001, esta estrategia de desarrollo rural excluyente basada en el monocultivo de la soja, provocó la desaparición de 150 mil productores familiares. Entre 1997 y 2002, el arroz se redujo 44,1 por ciento; el maíz 26,2; el girasol 34,2 y el tri­go 3,5 por ciento. En el mismo período desapareció el 27,3 por ciento de los tambos lecheros. La producción porcina se redujo 36 por ciento y la economía algodonera decreció 10 veces (de 700 mil a 70 mil hectáreas).2 Uruguay está ingresando en un proceso similar.

 

El trabajo en el campo

 

En la última década la cantidad de trabajadores empleados en el agro ha disminuido 13 por ciento y la cantidad de asalariados rurales 22 por ciento. Ello acompañado de una destrucción acelerada de la agricultura familiar y de la precarización del trabajo.

 

La ganadería extensiva ha sido tradicionalmente considerada como la peor, desde el punto de vista de la cantidad de empleos generados por hectárea. Ya no lo es: la forestación y la “sojización” demuestran ser aún más negativas como generadores de empleo y condiciones laborales aceptables.

 

Los trabajadores del sector forestal perciben salarios de entre 50 y 70 pesos por día, en condiciones casi de esclavitud. La mayoría de las empresas del sector utilizan un sistema de contratistas y subcontratistas que pagan lo que quieren y cuando quieren y practicando la persecución sindical. El pasado 5 de agosto en Tranqueras, otro trabajador forestal falleció aplastado por un árbol. Como premio, el Parlamento acaba de votar una ley que otorga nuevos subsidios a las empresas forestadoras.

 

Los impactos ambientales

 

Las plantaciones de árboles exóticos de crecimiento rápido requieren gran cantidad de agua, por lo tanto afectan las napas freáticas, es decir los recursos hídricos. La forestación amenaza el ecosistema natural, especialmente la pradera pampeana, principal riqueza de nuestro país, junto con los recursos hídricos. En la localidad de Quebracho, departamento de Paysandú, recientemente aparecieron toneladas de peces muertos en el arroyo Guaviyú. La Intendencia de Paysandú reconoció que “el desastre es consecuencia del lavado en el arroyo de maquinaria y/o recipientes utilizados en aplicaciones de agrotóxicos”. En la zona se planta soja y “luego de la lluvia los productores realizan aplicaciones con agrotóxicos”. 3 Posteriormente se pudo comprobar que el desastre ambiental se debió a la utilización de cipermetrina y endosulfan, este último un potente y peligroso insecticida organoclorado.

 

Conclusiones

 

El sector agropecuario debe concebirse desde una perspectiva integradora, teniendo en cuenta al menos tres dimensiones: ambiental, social y económica. De este modo, es posible visualizar en qué medida la expansión de un rubro productivo resultará positiva o negativa, no sólo con relación al impacto económico que provocará sobre el sector, sino también los efectos sociales y ambientales que generará. En algunos casos, la producción y el crecimiento económico se contradicen con el bienestar de la gente y la conservación de los recursos naturales.

 

En consecuencia, según el modelo al que se apuesta, es legítimo dudar de la sustentabilidad del crecimiento del agro uruguayo. La creciente concentración de los recursos y del capital, la continua pérdida de autonomía de los productores familiares y la emigración rural, afectan negativamente la equidad social en el campo.

 

Para plantear soluciones capaces de revertir esta situación es necesario reconocer que las principales demandas de los productores familiares –responsables de la mayor parte de la producción de alimentos– no apuntan a la difusión de las plantas transgénicas, sino que reclaman la implementación de políticas agrarias que vayan más allá de lo productivo, adecuadas a sus necesidades y a las del resto de la ciudadanía.

 

El potencial económico de Uruguay debe, necesariamente, basarse en sus 16 millones de hectáreas de tierra fértil –uno de los niveles más altos por habitante en el mundo– a lo que se suman los valores agroecológicos que aún se conservan en nuestros ecosistemas. Vale decir que nuestro país cuenta con enormes ventajas para destacarse como productor de alimentos de calidad, sanos y abundantes, que ofrezcan seguridad alimentaria para los habitantes de nuestro país y de los países importadores.

 

Un último párrafo para aquellos que pretenden confundirnos con el argumento de que el crecimiento económico significa desarrollo. El aumento de las hectáreas sembradas de soja significa una expansión económica, pero que queda en los bolsillos de unos pocos que trasladan sus ganancias al exterior. Simultáneamente, la calidad de vida de los habitantes del interior del país –Nueva Palmira es un ejemplo–, se deteriora aceleradamente y las zonas rurales se siguen despoblando. Lo cual pone de manifiesto, una vez más, que la economía debe estar subordinada a la política.

 

En una próxima entrega abordaremos el papel que las compañías transnacionales desempeñan en este perverso modelo.

 

 

Leonardo de León

© Rel-UITA

24 de agosto de 2004

 

NOTAS


1  Piñeiro D. (2003) “Detrás de los números”. Brecha 17/10/2003.

2  Pengue W. “El grano de la discordia”.  Revista NOTICIAS, Año XXII, Nº 1413, Enero 24, 2004.

3  Diario “El Telégrafo” edición del 13 de marzo de 2004, Paysandú, Uruguay www.eltelegrafo.com

 

  

  UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905