En nuestro país, como en toda la región del cono sur
de Latinoamérica, se está afectando la soberanía alimentaria,
o sea el derecho de cada pueblo a definir sus propias
políticas agrarias, decidiendo en forma soberana para
qué, qué, cuándo y cómo producir. En los últimos 30 años
ha desaparecido casi la mitad de los productores familiares
uruguayos. Algunos se han transformado en asalariados
rurales, otros han emigrado hacia las ciudades1, con la consiguiente concen-tración en la propiedad de la
tierra.
En 1970, había 77.163 explotaciones rurales que en
2000 descendieron a 57.131. Su tamaño aumentó debido al
avance de la forestación y de la soja con más de 650 mil
hectáreas y 280 mil respectivamente. Estas tierras, en su
mayoría están en manos de extranjeros, que las arriendan o
las compran beneficiados por la ley de sociedades anónimas.
En Argentina, el valor de los campos oscila entre 2
mil y 6 mil dólares por hectárea, mientras en Uruguay, las
mejores tierras se pagan entre 1.000 y 1.800 dólares la
hectárea. El arriendo oscila entre 60 y 100 dólares la
hectárea para el caso de los campos utilizados para la
producción sojera. La mayoría de aquellos que arriendan sus
tierras se encuentran endeudados y el arriendo resulta, en
lo inmediato, una solución a sus compromisos financieros. En
el caso de la soja, los mismos grupos económicos que
arriendan o compran las tierras manejan las barracas para
acopio. En el caso de la forestación pretenden instalar sus
plantas de celulosa en las principales zonas de producción y
cerca de las salidas fluviales, aumentando los riesgos de
contaminación.
En Argentina, entre 1991 y 2001, esta estrategia de
desarrollo rural excluyente basada en el monocultivo de la
soja, provocó la desaparición de 150 mil productores
familiares. Entre 1997 y 2002, el arroz se redujo 44,1 por
ciento; el maíz 26,2; el girasol 34,2 y el trigo 3,5 por
ciento. En el mismo período desapareció el 27,3 por ciento
de los tambos lecheros. La producción porcina se redujo 36
por ciento y la economía algodonera decreció 10 veces (de
700 mil a 70 mil hectáreas).2
Uruguay está ingresando en un proceso similar.
El
trabajo en el campo
En la última década la cantidad de trabajadores
empleados en el agro ha disminuido 13 por ciento y la
cantidad de asalariados rurales 22 por ciento. Ello
acompañado de una destrucción acelerada de la agricultura
familiar y de la precarización del trabajo.
La
ganadería extensiva ha sido tradicionalmente considerada
como la peor, desde el punto de vista de la cantidad de
empleos generados por hectárea. Ya no lo es: la forestación
y la “sojización” demuestran ser aún más negativas como
generadores de empleo y condiciones laborales aceptables.
Los
trabajadores del sector forestal perciben salarios de entre
50 y 70 pesos por día, en condiciones casi de esclavitud. La
mayoría de las empresas del sector utilizan un sistema de
contratistas y subcontratistas que pagan lo que quieren y
cuando quieren y practicando la persecución sindical. El
pasado 5 de agosto en Tranqueras, otro trabajador forestal
falleció aplastado por un árbol. Como premio, el Parlamento
acaba de votar una ley que otorga nuevos subsidios a las
empresas forestadoras.
Los impactos ambientales
Las plantaciones de árboles exóticos de crecimiento
rápido requieren gran cantidad de agua, por lo tanto afectan
las napas freáticas, es decir los recursos hídricos. La
forestación amenaza el ecosistema natural, especialmente la
pradera pampeana, principal riqueza de nuestro país, junto
con los recursos hídricos. En la localidad de Quebracho,
departamento de Paysandú, recientemente aparecieron
toneladas de peces muertos en el arroyo Guaviyú. La
Intendencia de Paysandú reconoció que “el desastre es
consecuencia del lavado en el arroyo de maquinaria y/o
recipientes utilizados en aplicaciones de agrotóxicos”.
En la zona se planta soja y “luego de la lluvia los
productores realizan aplicaciones con agrotóxicos”.
3
Posteriormente se pudo comprobar que el desastre ambiental
se debió a la utilización de cipermetrina y endosulfan, este
último un potente y peligroso insecticida organoclorado.
Conclusiones
El sector agropecuario debe concebirse desde una
perspectiva integradora, teniendo en cuenta al menos tres
dimensiones: ambiental, social y económica. De este
modo, es posible visualizar en qué medida la expansión de un
rubro productivo resultará positiva o negativa, no sólo con
relación al impacto económico que provocará sobre el sector,
sino también los efectos sociales y ambientales que
generará. En algunos casos, la producción y el crecimiento
económico se contradicen con el bienestar de la gente y la
conservación de los recursos naturales.
En consecuencia, según el modelo al que se apuesta, es
legítimo dudar de la sustentabilidad del crecimiento del
agro uruguayo. La creciente concentración de los recursos y
del capital, la continua pérdida de autonomía de los
productores familiares y la emigración rural, afectan
negativamente la equidad social en el campo.
Para plantear soluciones capaces de revertir esta
situación es necesario reconocer que las principales
demandas de los productores familiares –responsables de la
mayor parte de la producción de alimentos– no apuntan a la
difusión de las plantas transgénicas, sino que reclaman la
implementación de políticas agrarias que vayan más allá de
lo productivo, adecuadas a sus necesidades y a las del resto
de la ciudadanía.
El potencial económico de Uruguay debe,
necesariamente, basarse en sus 16 millones de hectáreas de
tierra fértil –uno de los niveles más altos por habitante en
el mundo– a lo que se suman los valores agroecológicos que
aún se conservan en nuestros ecosistemas. Vale decir que
nuestro país cuenta con enormes ventajas para destacarse
como productor de alimentos de calidad, sanos y abundantes,
que ofrezcan seguridad alimentaria para los habitantes de
nuestro país y de los países importadores.
Un último párrafo para aquellos que pretenden
confundirnos con el argumento de que el crecimiento
económico significa desarrollo. El aumento de las hectáreas
sembradas de soja significa una expansión económica, pero
que queda en los bolsillos de unos pocos que trasladan sus
ganancias al exterior. Simultáneamente, la calidad de vida
de los habitantes del interior del país –Nueva Palmira es un
ejemplo–, se deteriora aceleradamente y las zonas rurales se
siguen despoblando. Lo cual pone de manifiesto, una vez más,
que la economía debe estar subordinada a la política.
En una próxima entrega abordaremos el papel que las
compañías transnacionales desempeñan en este perverso
modelo.
Leonardo de León
© Rel-UITA
24 de
agosto de 2004
NOTAS
1
Piñeiro D. (2003) “Detrás de los números”. Brecha
17/10/2003.
2
Pengue W. “El grano de la discordia”. Revista
NOTICIAS, Año XXII, Nº 1413, Enero 24, 2004.
3
Diario “El Telégrafo” edición del 13 de marzo de 2004,
Paysandú, Uruguay
www.eltelegrafo.com
