|
Reunidos en la Ciudad de
Guatemala del 23 al 25 de abril del 2004, 22 países de
la región, 70 delegados, mujeres, hombres, jóvenes,
indígenas, campesinos, agricultores familiares,
trabajadores rurales, pescadores artesanales,
consumidores, usuarios ancestrales del ecosistema
manglar y representantes de ONGs, en la 3ª Consulta
Regional de la FAO con organizaciones no
gubernamentales / organizaciones de la sociedad civil,
declaramos que:
El objetivo de esta
consulta ha sido evaluar el cumplimento de los
compromisos de la Cumbre Mundial de la Alimentación de
1996 y de la Cumbre Mundial de la Alimentación 2002 (CMA
5ad), analizar el estado de la situación alimentaria
de nuestros países y construir propuestas de solución
viables y efectivas al problema del hambre y la
malnutrición de nuestros pueblos, mediante la
construcción de la Soberanía Alimentaria y la
promoción de la realización del derecho humano a la
alimentación adecuada, para ser presentada ante la
XXVIII Conferencia Regional
Constatamos que la situación de la
soberanía y de la seguridad alimentaria de nuestros
pueblos ha empeorado. La violencia y la desigualdad
han aumentado debido a persistencia del modelo
económico neoliberal que la perpetúa y profundiza, con
la complicidad de los gobiernos nacionales. La
discriminación racial y étnica persisten de una manera
profunda y sin cesar, manteniendo las desigualdades,
en especial contra los pueblos indígenas, negros,
comunidades, usuarios ancestrales y campesinos. El
pago de la deuda externa sigue siendo la prioridad de
nuestros gobiernos, bajo la imposición de los
organismos internacionales financieros. La
concentración de la propiedad de la tierra ha
aumentado y lo que se ha hecho en relación con la
reforma agraria es totalmente insuficiente. La llamada
flexibilización de los derechos laborales no es más
que el marco legal para aumentar su violación y ha
implicado la sobreexplotación de trabajadores y
trabajadoras, así como el aumento del trabajo
infantil.
El modelo de producción agrícola
apoyado por la mayoría de los estados conocido como la
nueva revolución verde, basado en monocultivos y el
uso de semillas transgénicas y agrotóxicos, promovidos
por las transnacionales que han monopolizado la cadena
de la alimentación se traduce en diversos e hasta
imprevisibles problemas de salud en humanos y
animales, genera desequilibrios ambientales y
contamina gravemente los ecosistemas terrestres y
acuáticos y los alimentos, atentando contra la salud
de productores y consumidores, contra la biodiversidad
y la seguridad y soberanía alimentaria.
La creciente privatización de la
biodiversidad, de las semillas, de los recursos
naturales, en especial del agua. La introducción
irresponsable de especies exóticas y de organismos
genéticamente modificados a nuestros ecosistemas, la
tala y quema de nuestros bosques, el calentamiento del
planeta provocado por los países industrializados
están causando daños irreversibles, dejando a las
poblaciones más vulnerables. La dominación por las
transnacionales y por el agronegocio es una dolorosa
realidad en nuestra región, que excluye, marginaliza y
promueve la migración, el desempleo, las malas
condiciones de trabajo, el hambre y la desnutrición de
las poblaciones tradicionales, mucho de esto bajo la
llamada revolución verde. Cada día es más dificultoso
el acceso de nuestros pueblos a alimentos inocuos que
no causen daño a la salud de los consumidores.
Valoramos el ofrecimiento del gobierno
de Venezuela de facilitar los medios necesarios para
que las organizaciones indígenas y campesinas
establezcan y administren autónomamente un banco de
semillas al servicio de nuestros pueblos y de la
soberanía alimentaria, garantizando que el patrimonio
genético quede bajo el control de las comunidades,
rechazando categóricamente la privatización del mismo.
Constatamos también que no se reconoce
ni respeta la diversidad cultural de los pueblos
originarios, para los cuales la soberanía y seguridad
alimentaria se basan en la soberanía territorial y en
la propiedad colectiva de la tierra y de los recursos
naturales, reglamentadas por leyes y costumbres
tradicionales. Se ha ignorado que para los pueblos
indígenas la relación con la tierra y la seguridad
alimentaria no es simplemente la de posesión y
producción, es además un elemento material y
espiritual que deberían poder gozar libremente.
Persiste la discriminación y el racismo
hacia las mujeres, especialmente las indígenas que
sufren una doble discriminación. En ellas recae el
impacto primario del desempleo, de la migración y
marginalización. A su tradicional papel de proveedora
de seguridad alimentaria se le suma el de jefe de
familia, sin que se hayan registrados avances en el
reconocimiento de sus derechos de acceso a la tierra y
al crédito, entre otros. Todavía en nuestros países un
número significativo de mujeres es invisible frente a
la sociedad y a los estados, al no estar registradas
no tienen acceso a sus derechos de ciudadanía, a los
servicios de salud, de educación y políticos.
A los aspectos anteriores se agrega la
crítica situación que afrontan las comunidades de
pescadores artesanales. El acceso a los recursos
pesqueros, tanto costeros, de alta mar y
continentales, la privatización disfrazada de cuotas
de captura, la explotación por compañías industriales
depredadoras de la fauna y flora, la impunidad con la
cual se violenta el ecosistema y los cuerpos de agua,
son prácticas cotidianas y cuyos casos paradigmáticos
radican en la contaminación, la depredación del
ecosistema manglar y el desprecio o indiferencia a su
cuidado, pese a su condición de núcleo de vida para la
fauna y flora de nuestros mares. Esto lleva a la
desestabilización de un sector primordial para la
soberanía y seguridad alimentaría.
La corrupción que se ha hecho frecuente
en muchos de nuestros gobiernos y el aumento de su
dependencia de las empresas transnacionales, han
provocado crisis políticas en varios países de la
región como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia,
Republica Dominicana y Argentina, entre otros, las
cuales han sido enfrentadas por los gobiernos con
represión y masacres. La reciente crisis de Haití
adquiere una especial gravedad por sus efectos sobre
la ya deteriorada seguridad alimentaria de la
población, por lo que rechazamos la intervención
militar como mecanismo de solución de las
consecuencias sociales de esa crisis. También
repudiamos la utilización de violencia armada contra
los pueblos indígenas de Guatemala.
El panorama analizado anteriormente
encuentra su única excepción en el caso del gobierno
de Cuba, que pese al inhumano y brutal bloqueo
económico impuesto por el gobierno de los Estados
Unidos, que dura más de 40 años y el cual ha sido
condenado por las Naciones Unidas, por atentar
directamente contra la población cubana y su soberanía
y seguridad alimentaria; ha impulsado un proceso de
desarrollo agrícola independiente a las imposiciones
de organismos internacionales y acorde a bases
equitativas, con visión cultural y de respeto
ecológico para garantizar la alimentación de la
población cubana.
Con suma satisfacción participamos del
avance en la articulación y movilización de los
diferentes sectores que componen la sociedad civil de
la región, que ha tenido significativos logros en la
lucha por la soberanía alimentaria y el derecho humano
a la alimentación. La presión de esta articulación ha
creado condiciones para nuevos espacios de diálogo con
la FAO e incluso algunos gobiernos, espacios estos que
esperamos se transformen en instrumentos efectivos de
incidencia vinculante en las políticas públicas. .
Frente al rotundo fracaso de la OMC en
Cancún y el Consenso de Washington, y el incierto
panorama respecto a la concreción y efectos negativos
del ALCA, hoy es aún más necesario que la FAO asuma
una posición política más protagónica y firme en
defensa de la soberanía alimentaria y los derechos
humanos, en coherencia con su mandato y con las
demandas de la sociedad civil. Entendemos que para
cumplir cabalmente su papel, la FAO debe promover la
participación de la sociedad civil en la planificación
y seguimiento de programas y proyectos, pero también
en la toma de decisiones ya que finalmente es la misma
sociedad civil quien sufre las consecuencias.
La promoción del derecho humano a la
alimentación adecuada debe ser el eje fundamental de
las políticas publicas de los gobiernos y de los
organismos internacionales, incluyendo los financieros
y comerciales, en congruencia con la Carta de la ONU y
los tratados internacionales. El efectivo
cumplimiento de este derecho requiere que los Estados
adopten y /o fortalezcan políticas que aseguren la
calidad e inocuidad de los alimentos para todos.
Los gobiernos no deben ser simples
gerentes de las políticas económicas y de mercado
definidas en los organismos internacionales. Exigimos
de los gobiernos la implementación de políticas que
impulsen el desarrollo rural con garantías de acceso
a la tierra en el marco de una Reforma Agraria
integral y promuevan la equidad en el contexto del
desarrollo humano sostenible. Esta postura debe
concretarse en acciones legislativas, definición de
metas, asignación de presupuestos e
institucionalización de espacios de diálogo y decisión
compartida y vinculante, entre la sociedad civil y
gobierno.
Se hace necesario que los gobiernos y
la FAO reconozcan y respeten la diversidad cultural de
los pueblos indígenas y su cosmovisión como
fundamental a su soberanía y seguridad alimentaria.
Para los pueblos indígenas el desarrollo tiene que ser
desarrollo con identidad.
Los gobiernos deben asumir que la única
forma de preservar los recursos pesqueros es mediante
la explotación ordenada y racional que han realizado
de forma ancestral las comunidades de pescadores
artesanales.
Al mismo tiempo, demandamos que los
gobiernos formulen los marcos legales que garanticen
la preservación de la biodiversidad.
Por nuestra parte, asumimos la
responsabilidad de continuar fortaleciendo las redes,
incorporando nuevos sectores relevantes como los de
nutrición y derechos humanos, e incrementando las
relaciones horizontales entre todos. Asumimos también
la responsabilidad de intensificar la movilización y
participación para el monitoreo y la formulación de
propuestas concretas para garantizar la soberanía
alimentaria.
La formulación de un modelo de
desarrollo basado en la afirmación de la
territorialidad de las comunidades y pueblos exige que
los gobiernos prioricen sus compromisos con nuestros
pueblos.
El cumplimiento de los
compromisos de los gobiernos en el pago de la deuda
social con nuestros pueblos debe estar por encima del
pago de la deuda externa
Las Organizaciones
reunidas en la 3ª Consulta Regional de la Sociedad
Civil de América Latina y el Caribe, hacemos nuestras
las recomendaciones en le pronunciamiento de los
Pueblos Indígenas, y comprometidas con esta
Declaración adoptamos un Plan de Acción, para avanzar
en las propuestas antes señaladas
Cuidad de Guatemala,
Guatemala, 25 abril del 2004.
|
