Un día sí y otro también, la prensa
brasileña da cuenta de nuevos casos de trabajadores rurales
rescatados de situaciones análogas a la esclavitud o de
situaciones de violencia asociadas a esas situaciones.
El tema adquirió ribetes dramáticos hace
unos meses, cuando cuatro inspectores de trabajo y su chofer
fueron masacrados por pistoleros a sueldo de los fazendeiros.
Recientemente, a varios meses de producido el hecho, los
autores materiales del crimen fueron detenidos, y, a partir
de las informaciones que se obtuvieron con esas detenciones,
se presume que habrían cobrado 27.000 dólares por la
masacre. Aún no se ha logrado establecer fehacientemente
quiénes fueron los mandantes del crimen, aunque se mantiene
la esperanza de que no permanezcan impunes. Todo indica que
el autor intelectual sería uno de los grandes propietarios
de tierras de la región "cansado" de las intervenciones
rigurosas de uno de los inspectores muertos.
El crimen conmocionó a la sociedad
brasileña, que se vio enfrentada a una de esas situaciones
sabidas por todo el mundo pero que nadie parece asumir y,
por lo tanto, se vuelven terreno del fatalismo más
reaccionario: "en el campo las cosas siempre fueron así".
Al poco tiempo de esas muertes quedó en
evidencia que las estadísticas de denuncias y rescates
superarían con creces a las de años anteriores. No hay día
en que la prensa no dé –da hasta hoy– noticias de grupos de
trabajadores rescatados y empresarios y empresas
sancionadas.
Sin embargo, parece que sanciones y
condena pública no son suficientes para erradicar esas
prácticas. Quizás porque la ganancia de unos cuantos depende
de la sobreexplotación de muchos condenados a vivir de esta
manera.
Hace poco se conoció la historia de
Trajano Alves de Goiás, que a sus 44 años ya fue rescatado
tres veces. Después de haber sido garimpeiro (buscador de
oro) por algunos años y malgastado el dinero que ganara en
esa actividad, fue "contratado" por uno de los contratistas
–a quienes los brasileños denominan gatos– que se dedican a
recorrer las carreteras y las cantinas que se encuentran
junto a ellas, buscando a quienes no tienen más
posibilidades que engancharse como peones temporeros por
salarios de hambre.
Por ese camino muchos, como Trajano,
abandonan sus pueblos de origen y van a laborar a otros
estados, acompañando la expansión de la frontera agrícola o
el incremento de puestos de trabajo en aquellos rubros más
exitosos.
Trajano fue rescatado por primera vez en
1985 de una hacienda en Pará. Lo pusieron en un ómnibus y
salió de vuelta a Goiás, su estado natal. Con lo que le
pagaron de indemnización se compró ropa nueva y comida, y
volvió rápidamente a engancharse como peón temporero.
Fue rescatado nuevamente en enero de 2003,
en una hacienda del sur de Pará. Allí los inspectores
encontraron a 130 trabajadores en condiciones análogas a las
de esclavitud. A Trajano le correspondieron 2.222 reales
(aproximadamente 700 dólares) como indemnización, y tres
meses después volvió al trabajo en otras haciendas.
El tercer rescate fue en agosto de 2003,
cuando se encontraba trabajando en una hacienda en el límite
entre Mato Grosso y Pará, una vez más contratado por el
mismo "gato" que la vez anterior.
Alves, “Tatu” como le dicen sus
compañeros, es una de los tantas personas en las que las
desventajas generadas por la pobreza se acumulan: analfabeto
–por no haber accedido a la escuela o por desuso–, sin
ninguna calificación que lo habilite a un mejor ingreso en
el mercado de trabajo y en medios en los que las redes
sociales de protección y contención son todavía débiles. Su
historia de vida está escrita aun antes de nacer, de un
trabajo temporal a otro, de un trabajo mal pago a otro. A
veces, cuando milagrosamente sobra algún dinero luego de
saldar las deudas con los gatos y los dueños de las
haciendas, el alcohol y algún baile donde buscar afectos
parecen ayudar a sobrellevar el cansancio y la miseria.
La mayoría de quienes hemos estado
siguiendo estas informaciones tendemos a pensar que esas
situaciones son el producto de la sobrevivencia de
relaciones de producción arcaicas en un medio en el que la
"modernidad" ha tenido impactos muy relativos, como lo es la
inestable frontera agrícola brasileña. Casi es inevitable
que las asociemos a los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la colonia contra las comunidades afro y sus
descendientes.
Sin embargo, si leemos con atención, nos
encontramos que éste no es un problema exclusivamente
agrícola. Y cada vez son más frecuentes las denuncias de que
trabajadores inmigrantes –en todos los continentes– son
sometidos a condiciones indignas de trabajo por el "pecado"
de ser de otro país y no tener sus papeles en condiciones.
Pero también una lectura atenta permitirá
ver que no se trata de prácticas relacionadas con
fazendeiros atrasados, sino que en ellas están implicados
algunos de los productores de mejores resultados económicos,
de aquellos que figuran en las listas de los principales
exportadores. Y también más de un fondo de inversión y,
aunque no se crea, alguna empresa europea, como la
multinacional Sipef, de origen belga, de la que en 2002
liberaron a 153 trabajadores que trabajaban en la cosecha de
pimienta
En efecto, recientemente se conoció la
sanción aplicada a uno de los principales productores de
frijoles de Brasil; también han sido castigados algunos de
los principales exportadores de castañas de Pará, y la lista
sigue.
Los cultivos de caña de azúcar (que
prometen convertir a varios estados en desiertos verdes al
impulso de los excelentes precios que el producto está
teniendo en el mercado mundial y a las virtudes de la caña
para capturar anhídrido carbónico de la atmósfera, lo cual
le da un potencial muy importante para ser canjeada por
contaminación, según el Protocolo de Kioto), se están
convirtiendo también en campo fértil para el avance de estas
infames relaciones de producción. Las denuncias de los
sindicatos y organizaciones de pequeños productores se
repiten de un lado a otro de los territorios cañeros y los
inspectores de trabajo no dan abasto para garantizar las
leyes contra estos grandes negocios.
La existencia de un gobierno progresista
en Brasil ha facilitado el aumento de las denuncias y
potenciado la intervención de la justicia del trabajo. La
reiteración de las denuncias puede llevar a una idea
equivocada, limitando el problema exclusivamente a Brasil.
Lamentablemente, estas prácticas perversas son comunes en
buena parte de América Latina. No son muy diferentes las
condiciones de trabajo de los trabajadores de los yerbatales
o del tabaco en algunas zonas de Argentina, o las de algunos
trabajadores de la forestación o de las plantaciones de
naranjas en Uruguay. Tampoco son mejores las condiciones de
muchos obreros rurales en la caña de azúcar en Perú o los
trabajadores bananeros en Ecuador... Y así podríamos seguir,
país por país, encontrando en cada uno de ellos rubros que
consolidan sus lucros sobre la base del desconocimiento de
los derechos humanos elementales de quienes en ellos
trabajan. Aun en la desarrollada América del Norte son
frecuentes las denuncias de los trabajadores inmigrantes
indocumentados empleados en la agricultura y en labores
urbanas por empresarios que se aprovechan de ellos y no
cumplen la ley.
Brasil, aun con insuficiencias, lleva
ventajas a muchos países de la región al tener claramente
tipificada la situación de condiciones de trabajo análogas a
la esclavitud y las sanciones que corresponden a los
infractores. Colocar nuevamente este flagelo en el orden del
día es el primer paso para conseguir su erradicación. Al
igual que en otras situaciones, nombrarlas –identificarlas–,
reconocerlas como problemas de los que no somos ajenos
permitirá ir concretando acciones que las resuelvan.
Mientras esos casos se sigan viendo como inherentes a la
condición de pobreza y exclusión se seguirá favoreciendo que
empresarios inescrupulosos incrementen sus ganancias con la
injusticia. La construcción de redes que permitan la
difusión de los casos denunciados y de los logros obtenidos
en la defensa de los trabajadores es indispensable para el
cumplimiento de las leyes, cuando existen, o su elaboración
cuando los marcos legales no contemplan esas situaciones.
Ariel Celiberti
© Rel-UITA
17 de agosto de 2004