Hace algunos días se anunció la alianza estratégica entre Monsanto y el gobierno de Colombia. Una de las  políticas principales de dicha unión ha sido la aspersión por vía aérea del glifosato producido por esta empresa en regiones donde se han detectado cultivos de uso ilícito. El costo de asperjar una hectárea con el herbicida por vía área es de 626 dólares por hectárea fumigada (según el especialista Alberto Rueda) y a unos niveles de concentración casi diez veces superior a los utilizados en el laboreo agropecuario, además del acompañamiento mediante la mezcla de surfactantes que aumenta su potencia y aseguran la fijación sobre matas y plantas sin discriminación.

En casi diez años se puede estar llegando al millón de hectáreas asperjadas, los daños en distintos órdenes son cuantiosísimos y los resultados efectivos son puestos en duda. No obstante, los beneficios han sido para los contratistas de esa operación como DynCorp. y para el proveedor del tóxico: Monsanto. Para ello se combinan recursos de los contribuyentes norteamericanos que se aplican en el Plan Colombia y otros, la mayoría, de los colombianos que deben hacer esfuerzos fiscales para honrar los préstamos con los cuales nuestro país coloca su parte en el  nefasto Plan.  

La unidad Uribe-Monsanto se ha ampliado. Mediante la resolución 00465 del 26 de febrero del  ICA, se  autoriza “al representante legal de la Compañía Agrícola Colombiana Ltda. (Monsanto en Colombia) la importación de semillas de Maíz con la tecnología Yieldgard® (MON 810) para siembras controladas en las zonas agroecológicas del Caribe húmedo y alto Magdalena”. Se refiere a semillas transgénicas obtenidas a través de la introducción del  gen Cry 1A aislado de la bacteria común del suelo Bacillus thuringiensis (BT).

Entre las razones esgrimidas para la licencia está “la gran importancia en el ámbito nacional e internacional debido a la oportunidad de utilizar esta especie en la producción de biocombustibles”, “los problemas de calidad y costos que se están presentando”, “la posibilidad de que se disponga de nuevas y mejores tecnologías que permitan mayor margen de ganancia para el productor y para el país” y, dentro de  la producción de biocombustibles  a partir de vegetales, destaca “las ventajas y ayudas financieras de la comunidad internacional para los países y entidades” que actúen  “dentro del  propósito internacional adoptado por un importante grupo de países a través del Protocolo de Kioto”. Un permiso igual se otorgó a Du Pont de Colombia para una semilla transgénica de maíz con tecnología Hércules también con el gen Cry 1A.

Aparte de las  discusiones que se dan en torno a los transgénicos, el caso de Colombia tiene connotaciones particulares. El primero es el grave riesgo que con su difusión corren las semillas autóctonas. Está comprobado que fenómenos naturales como la polinización cruzada favorecen la “contaminación genética” sobre semillas convencionales al transferirse genes transgénicos. En la medida en que los transgénicos avancen será más difícil mantener una agricultura diferente en paralelo. Y, en términos de costos, aunque la evidencia en el caso del maíz todavía no es suficiente para aseverar la supuesta existencia de mayores economías, su impulso en el caso del algodón con la tecnología Bollard transgénica y acorde con la contabilidad de cultivadores del departamento de Córdoba en 2004, resultó más gravosa en los rubros donde se diferencia con las técnicas convencionales, al evaluar en conjunto el valor de las semillas, la aplicación de los pesticidas y el control de plagas.

Es notorio que se resalten las posibilidades del maíz transgénico para la producción de agrocombustibles. Surge como nueva fuente para dicho fin, la que con la caña de azúcar y la palma de aceite, es elemento clave en esa intención principal de la nueva política agrícola nacional plasmada en el Estatuto Rural recientemente aprobado. Estudios internacionales que estiman que el petróleo consumido es superior al que se economiza con la producción equivalente de etanol vía maíz, también contrarían los motivos de las resoluciones de ICA. Sin embargo, los estímulos económicos, mediante los llamados Derechos de Emisión establecidos por el  Protocolo de Kioto aparecen como valores adicionales que se consiguen en las transacciones en las bolsas internacionales creadas para operaciones especulativas de estos nuevos títulos alentadas al tenor de los peligros del cambio climático. Según puede verse en este caso, tal argumento se esgrimirá para una nueva andanada de abusos.             

Aurelio Suárez Montoya

Columna de Opinión, Periódico La tarde, Pereira

Remitido por GRUPO SEMILLAS

19 de julio de 2007

NdE: destacados nos pertenecen
 

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