C on más exactitud se puede decir que vuelve a sus orígenes porque en esa bahía está lo que fue la tristemente famosa prisión de Alcatraz. En 1894, 19 indios hopis fueron encarcelados, poco antes de que el gobierno decidiera atacar militarmente a los hopis para “civilizarlos”. Su crimen fue, además de negarse a ser “educados” en escuelas del gobierno, donde eran azotados por hablar su idioma o hacer cualquier mención de su propia cultura, negarse a practicar la agricultura tal como el gobierno les imponía: en lotes individuales, en lugar de sus formas tradicionales comunales.

Más de un siglo después empresas biotecnológicas de BIO se empeñan en cambiar las formas de vida y agricultura, ya no sólo de los hopis, sino de todos los campesinos e indígenas del planeta, privatizando sus semillas y contaminando sus campos con sus genes transgénicos patentados. En lugar de llevarlos a Alcatraz, llevan a juicio a los agricultores contaminados, como Percy y Louise Schmeiser en Canadá, por “uso ilegal de sus patentes”, y en Chiapas, Monsanto amenaza a los campesinos indígenas con que podrán sufrir multas y prisión si descubren sus genes patentados en sus campos. Aconsejan la delación de “cualquier situación irregular” para “evitar convertirse en cómplices”.

Frente a la contaminación, el gobierno de Canadá comenzó hace un tiempo a aconsejar a los agricultores que no usen sus propias semillas. Lo más seguro, dicen, es usar las semillas certificadas de las empresas para evitarse problemas legales (y garantizar el pago de regalías por patente en la propia compra). Quienes dominan el mercado de semillas certificadas en todo el mundo son los mismos gigantes genéticos que producen los transgénicos.

Este concepto de “seguridad” que van dejando para agricultores y campesinos es igual a la seguridad que ofrecían los gángsters de Chicago en los años 20: para estar seguro, hay que pagar... ¡a los mismos que crean la inseguridad!

Los representantes de BIO llegan a San Francisco con una sensación de victoria: la Corte Suprema de Canadá les acaba de regalar la sentencia en el caso Schmeiser, afirmando la patente de Monsanto. En la práctica quiere decir que en cualquier lugar que se encuentre un gen patentado por los magnates de la privatización de la vida, sean plantas, animales o hasta humanos, podrán reclamar pago por uso de sus “propiedades”.

También la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicó recientemente un informe, plagado de silogismos y errores fácticos, que más bien parece un panfleto de la industria biotecnológica, afirmando que el único problema de la biotecnología es que no llega a los pobres. Para resolverlo, la FAO sostiene que se necesitaría más investigación pública, pero, como esto es difícil y quienes tienen la tecnología son las trasnacionales del agro, hay que garantizarles su propiedad intelectual “por medios legales o biológicos”, por ejemplo usando la tecnología Terminator, para hacer semillas suicidas y garantizando que nadie usará sus semillas sin pagarles. ¿Qué más puede pedir BIO?

Pese a la inmensa maquinaria de propaganda y las decenas de millones de dólares que invierten anualmente para convencer al mundo de que los transgénicos y la contaminación son buenos para nosotros, y que hasta agencias de Naciones Unidas les hagan el trabajo sucio para legitimar su apropiación de los bienes comunes y públicos, no han conseguido sus objetivos.

Como muestra de ello en San Francisco se prepara una importante movilización de miles de activistas y campesinos para recibir a los delegados de BIO. Las actividades se agrupan bajo el nombre Reclaim the commons (Reclaman los comunes). Antes de la conferencia de BIO, organizan una serie de talleres en los que no sólo se hablará de transgénicos y su impacto: es una manifestación multicolor y diversa en la cual se esperan, entre muchos otros, a delegados de movimientos de los sin techo, trabajadores inmigrantes y rurales, agricultores orgánicos, activistas contra la guerra en Irak, artistas, intelectuales, feministas...

La diversidad de la respuesta es reflejo de la amplitud del ataque: quizá más claramente que otras industrias igualmente nocivas, la biotecnológica, con la manipulación genética y el patentamiento de la vida, con sus métodos gangsteriles de tratar a los campesinos, es la más clara insignia de los modernos “cercamientos de los comunes”, similares a los que en la Inglaterra de 1700 se apropiaron y privatizaron los terrenos comunales de miles de campesinos, llevándolos a la miseria.

Al igual que los hopis, muchos movimientos sociales, urbanos y rurales, indígenas y campesinos por todo el mundo, que realizan desde pequeñas acciones locales y cotidianas hasta encuentros colectivos más amplios donde se comparten resistencias y propuestas, lo que se reclama es el derecho a la propia cultura y a la diversidad, al acceso y comunalidad de bienes y, en definitiva, a decidir sobre nuestras propias condiciones de vida. Sin esperar a que los nuevos gángsters den su permiso, lo que se teje al reclamar los comunes es la dignidad de todos.

Silvia Ribeiro *

3 de junio de 2004

*  Investigadora del Grupo ETC