El recientemente publicado Informe GEO 2008
Uruguay, iniciativa del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, manifiesta en su
resumen ejecutivo que “Es necesario
incorporar la temática ambiental en
instituciones gubernamentales cuyas políticas
tienen una marcada influencia en el ambiente.”
El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP)
acaba de anunciar (14 de julio) a través de su
ministro, Ernesto Agazzi, una nueva
política de “coexistencia” entre los Organismos
Vegetales Genéticamente Modificados(OvGM), más
conocidos como trans-génicos, y los que no lo
son, o sea la gran mayoría.
¿Cómo se regula esa coexistencia a nivel de
campo? Gran incógnita. En Francia este año se
prohibió la plantación del maíz transgénico MON
810 liberado en el año 1998, porque
debido a descubri-mientos científicos nuevos,
esta coexistencia se vuelve imposible de
sostener.
La resolución francesa cita que: Los resultados
han demostrado la imposibilidad de una ausencia
de polinización cruzada entre campos OGM
y sin OGM a una escala local (A. MESSEAN,
2006), la diseminación de la toxina Bt y su
persistencia han sido demostrados y dependen de
factores edáficos, climáticos y del ambiente (Icoz
et Stostky; 2007), se confirma la posibilidad de
efectos tóxicos a largo plazo sobre las
lombrices, (Zwalhen et al. 2003), los isópodos,
los nemátodos y los rhopaloceros. (Hardwood et
al. 2005, Prasifka et al. 2007; Dutton et al,
2005.) Recordemos que este evento es uno de los
maíces transgénicos liberados en el país con la
opinión desfavorable en su momento de la
Facultad de Agronomía.
¿Cómo se regula esa coexistencia a nivel de la
cadena productiva y de transformación? Desde que
se cosecha el grano o el producto final, hasta
que este se comercializa, no se establece ningún
criterio que permita preservar lo que no tenga
transgénico, sino que aquello que no lo quiera
tener, deberá de generarse una cadena
independiente propia, a su costo
¿Cómo se regula esa coexistencia para el
consumidor? El estado uruguayo ha decidido el
etiquetado voluntario, o sea, que el que quiera
decir que su producto tiene transgénico que lo
diga, el que no lo tiene, que lo etiquete, por
la positiva o la negativa. En realidad Agazzi
aclaró más la intención en conferencia de
prensa: “nosotros hemos optado por el etiquetado
voluntario en el sentido de quien produzca
alimentos libres de transgénicos va a tener la
voluntad de comunicarlo y además el etiquetado
va por cuenta de quien lo ofrece. Se supone que
en alimentos donde haya una demanda fuerte para
que no sean transgénicos, los consumidores van a
estar de acuerdo en pagar un poco más, teniendo
la garantía de que no son transgénicos.”
Los productos libres de transgénicos tendrán por
lo tanto que hacerse cargo de la segregación y
del etiquetado. ¿Cómo hace un consumidor que no
quiere consumir transgénicos en un lugar donde
los alimentos que los incluyen no están
obligados a comunicarlo?
Volviendo al Informe GEO Uruguay,
el mismo manifiesta que “Uruguay se
encuentra en un cruce de caminos, la opción de
profundizar el “Uruguay natural” exige nuevas
visiones del mundo y del país, pero no debería
ser contradictoria con la visión del “Uruguay
productivo”. El gobierno ha innovado en la
incorporación de la perspectiva ambiental en la
agropecuaria, basado en el discutible concepto
“el que contamina paga”. Sin embargo,
insólitamente, en el tema de los cultivos
transgénicos, ha instalado el principio de: “el
que cuida el ambiente paga” reforzando estímulos
económicos en contra del desarrollo sostenible.
Estas medidas no estimulan el Uruguay
productivo ni el Uruguay Natural; por lo
contrario, son un boomerang donde los
principales perjudicados serán los pequeños
productores rurales, la producción orgánica, los
consumidores concientes, y nuestros recursos
naturales.
