La lentitud de
los diputados nicaragüenses en aprobar tres
leyes consideradas fundamentales y urgentes para
proteger la biodiversidad, la soberanía y
seguridad alimentaria del país, está dejando a
Nicaragua sin los instrumentos jurídicos idóneos
para enfrentarse a las embestidas de las grandes
transnacionales que controlan el mercado de
semillas transgénicas, entre ellas Monsanto.
El grito de alarma fue lanzado por Julio
Sánchez, miembro de la Alianza de
Protección a la Biodiversidad, que integra
la Rel-UITA, y del Departamento de
Biodiversidad del Centro Humboldt durante
una conferencia de prensa convocada por las
organizaciones que conforman la Campaña “Semillas
de Identidad”.
En la conferencia se dio también a conocer la
decisión del municipio de San Ramón, en
el norte de Nicaragua, de aprobar una
ordenanza para la protección y prevención de los
riesgos derivados de los organismos
genéticamente modificados (OGM), que lo
coloca como el primer territorio libre de
transgénicos de Nicaragua. Sirel
fue formalmente invitado a dar cobertura a este
importante evento que se realizará en los
próximos días en San Ramón.
Para conocer más en detalle los retos a los que
en este tema se enfrentan Nicaragua y el
resto de Centroamérica, Sirel
conversó con Julio Sánchez.
-¿Cuáles son las leyes que están estancadas en
la Asamblea Nacional?
-Tenemos la Ley de Prevención de Riesgos
Provenientes de Organismos Genéticamente
Modificados, conocida como Ley de
Bioseguridad, que actualmente se encuentra
en la primera Secretaría de la Asamblea
Nacional, después de que la Comisión de Salud la
dictaminó favorablemente.
La segunda es la Ley de Conservación y
Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica. La
misma se encuentra en la Comisión de Medio
Ambiente y ni siquiera ha sido consultada y
dictaminada. Esta situación nos tiene muy
preocupados porque ambas leyes están vinculadas
a compromisos internacionales de
Nicaragua, como son el Protocolo de
Cartagena y el Convenio de Diversidad
Biológica.
-¿Por qué consideran urgente su aprobación?
-El problema es que hasta la fecha en el país ha
habido un juego político alrededor de los
poderes del Estado, en este caso dentro de la
Asamblea Nacional, en el cual no se están
priorizando leyes que tienen que ver con el
interés social, sino leyes que suman o restan
cuotas políticas. A Nicaragua le urgen
estas leyes, como también la de Soberanía y
Seguridad Alimentaria, que está sufriendo un
proceso de cambios negativos a pesar de que ya
está aprobada en lo general.
Cada vez más las empresas transnacionales están
intentando utilizar la crisis alimentaria y el
incremento de los precios del petróleo como
justificación para promover la siembra de
transgénicos para agrocombustibles. Estas
estrategias han promovido que empresas como
Monsanto,
que anunció la compra de
Semillas Cristiani Burkard,
se instale en Guatemala para distribuir
transgénicos en diez países de América Latina.
Eso significa que mientras las intenciones de
expandirse por parte de estas empresas siguen de
forma acelerada, las legislaciones de nuestros
países no están prosperando y quedan
estancadas.
En Honduras, por ejemplo, existe una
iniciativa de ley sobre el Derecho a la
Alimentación; en El Salvador y
Guatemala hay proyectos de ley sobre
Bioseguridad; en Nicaragua existen esos
tres proyectos que ya mencioné, mientras que en
Costa Rica la situación sigue trabada,
aunque se logró ratificar el Protocolo de
Cartagena y ahora son cuatro de cinco -falta
solamente Honduras- los países que lo
ratificaron. Todo esto demuestra que hubo
avances, pero todavía son insuficientes y las
legislaciones de los países centroamericanos
siguen inermes frente a las pretensiones de las
empresas de imponer los transgénicos.
-¿En Nicaragua está prohibida la siembra de
semillas transgénicas?
-La ventaja que existe en Nicaragua es
que hay una modificación en el reglamento
fitosanitario que está sirviendo como una “ley
temporal”. En esta regulación, el Ministerio de
Agricultura (MAGFOR) tiene la potestad de
rechazar o aceptar transgénicos, y hasta el
momento no ha autorizado siembras, pero esta
modificación vía decreto ministerial es una
regulación provisional. Cuando la Ley de
Bioseguridad sea aprobada esta regulación
quedará derogada. Sin embargo no va a ser
suficiente, porque la regulación de los
transgénicos se puede iniciar con una ley
general, pero después hay que formular toda una
serie de instrumentos y herramientas para
complementarla seriamente. En Centroamérica
todavía estamos en pañales sobre estos temas.
-¿Qué importancia tiene la ordenanza municipal
de San Ramón que declara su territorio libre de
transgénicos?
-Es de mucha importancia, porque la Ley 40, Ley
de Municipios, le da muchas facultades a los
gobiernos municipales. Esta ordenanza es ley
dentro del municipio, y es tan válida como
cualquier ley de la Asamblea Nacional. Viene a
sentar un precedente importante que los
diputados tendrían que tomar como ejemplo. Si a
este primer paso se suman otros municipios, que
es lo que esperamos, va a llegar un momento en
que la protección va a ser a nivel local, y esto
demuestra la gran lentitud del Poder
Legislativo. En la actualidad son los propios
pobladores los que se están interesando y
movilizando, porque son ellos los que están
viviendo las necesidades y los peligros.
-¿Qué tan real es el riesgo de la expansión de
empresas transnacionales de semillas como
Monsanto?
-Es un riesgo real.
Monsanto
dio una conferencia de prensa en la que informó
sobre la compra de Semillas
Cristiani Burkard,
sacando al mismo tiempo la bandera de que los
transgénicos van a ayudar a superar la crisis
alimentaria, lo cual es una total mentira,
porque su único objetivo es hacer negocio. La
crisis alimentaria la van a superar nuestros
países con nuestros recursos naturales y
genéticos.
El otro aspecto muy preocupante es que
Monsanto
parece haber incidido en algunos bancos para que
se sumen a esta estrategia. Tenemos el caso del
Banco Nacional de Honduras que está
invirtiendo casi 30 millones de lempiras (1,6
millones de dólares) en promover siembras para
agrocombustibles con transgénicos. Esto va a
incrementar la crisis alimentaria en el país, y
es claro que de alguna manera
Monsanto
está incidiendo en ello.
Tenemos también el caso de El Salvador,
donde se modificó el artículo 30 de la Ley de
Semillas para permitir la introducción de
transgénicos. Se hizo en el marco de una pugna
de poder dentro de los partidos de derecha de
ese país, en apoyo a los sectores empresariales
y donde
Monsanto
participó y luchó durante cinco años hasta
lograr la modificación de la ley. Se aprovechó
de la crisis alimentaria, de las desgracias
ajenas, para convencer a los diputados de que
esta medida iba a favorecer a la nación,
mientras la realidad es que las tierras
cultivables de El Salvador representan
solamente un 17 por ciento del territorio
nacional.
