El sociólogo Palau sostiene que mientras en Paraguay cada ganadero cuenta con un promedio de 2,7 hectáreas por vaca y los cultivos de soja transgénica abarcan más de 2,5 millones de hectáreas, 300 mil familias campesinas no pueden acceder a la tierra.

En la Región Oriental del país, 10 millones de las 15 millones de hectáreas que conforman el territorio se encuentran en manos de unos pocos y grandes latifundistas.

El acelerado avance del cultivo de la soja transgénica ya está abarcando incluso aquellas tierras que eran tradicionalmente utilizadas para la cría de ganado vacuno, cuyos dueños reconvirtieron total o parcialmente sus campos para destinarlos a la producción de esta oleaginosa o para arrendarlos a terceros con el mismo fin.

La siembra de soja ahora también se extiende sobre tierras consideradas tradicionalmente campesinas, lo que contribuye a que los labriegos sean expulsados de sus propiedades bajo pena de resultar fumigados y muertos. “Es espeluznante ver la cantidad de niños campesinos afectados por los agroquímicos, sobre todo por la alta exposición de las madres a los herbicidas y fertilizantes durante el embarazo”, dice Tomás Palau.

“Sólo en el Hospital Materno Infantil de Clínicas –continua el sociólogo- ya existe un pabellón repleto de niños venidos del campo, internados por diversos problemas de salud que tienen su origen en los agrotóxicos como la leucemia, la hidrocefalia, la espina bífida, o el mielomelingocele (una patología que afecta el sistema nervioso central). Además, los campesinos pierden sus cultivos de autoconsumo, mientras sus animales domésticos se mueren a causa de las constantes pulverizaciones con los potentes químicos”.

-¿Cuál es el fin perseguido con el acorralamiento de la población campesina?

-Expulsar a esos campesinos de sus tierras para que éstas queden disponibles para la siembra mecanizada de la soja, que es un tipo de agricultura que no necesita agricultores ya que un trabajador puede mantener y cuidar adecuadamente unas 300 hectáreas de soja. En Brasil, el promedio es de un trabajador cada 500 hectáreas de soja. Pero en nuestro país el contexto es mucho más complejo porque la pobreza rural data prácticamente desde la constitución del Estado paraguayo, y la soja, que es un factor nuevo, controlado por las corporaciones transnacionales, contribuye a aumentar el ya de por sí complicado panorama campesino.

Los sojeros, al fin y al cabo, son simples trabajadores a domicilio para las grandes multinacionales, porque además de pagar royalties por la compra de semillas y por la producción, son quienes corren con todos los riesgos, y terminan vendiendo la soja a otras transnacionales.

No se puede negar que los sojeros obtienen ganancias muy altas, pero eso será mientras duren los factores favorables, fundamentalmente, el precio internacional. Pero quienes realmente lucran son estas corporaciones que proveen los insumos y quienes exportan la producción, mientras que los campesinos están prácticamente desahuciados ante esta situación.

Palau señaló que en este contexto es lógico que una sociedad agredida se defienda. La sociedad campesina está tratando de defenderse de la expansión sojera con las únicas armas con las que cuenta: las invasiones de tierra, las movilizaciones, los cierres de rutas y la instalación de campamentos a la vera de los latifundios. Protestas que actualmente se reproducen en todo el interior del país como un llamado a atención por la situación de agobio que padecen las diezmadas comunidades campesinas.

El analista social calificó de lamentable la reacción gubernamental ante las reivindicaciones presentadas por los labriegos, “porque a los problemas sociales el gobierno responde con represión policial y militar... y para colmo hace la vista gorda cuando los latifundistas contratan mercenarios, verdaderas milicias paramilitares, mientras fiscales y jueces están sólo para perseguir y amedrentar a los campesinos y no para desmantelar estos ejércitos paralelos formados a instancias del propio gobierno”. 

Consecuencias nefastas para el futuro

Para tener una idea de los efectos que tendrá para el país el contexto actual, Palau proyecta las tendencias que vienen del pasado. En estos últimos años se produjo un incremento desmedido de la deforestación, de la contaminación de los cursos de agua, de la pobreza y de la delincuencia juvenil por efecto de la expulsión de campesinos de sus pequeñas propiedades a causa de la expansión de la soja transgénica.

“Si estos factores estructurales no desaparecen, entonces serán eliminadas las 800 mil hectáreas de bosques que quedan en el país. Sin montes aumentarán la desertificación, la migración campesina, la pobreza en los mercados laborales que cada vez estarán más saturados, la delincuencia, el tráfico de drogas, la prostitución infantil... o sea todos los males sociales ya conocidos se agudizarán si no existe una reacción oficial ante esta situación de crisis”.

-¿El gobierno tiene realmente respuestas reales y viables para la actual situación de crisis?

-Parecería no tener mas que un reflejo de represión. Como ejemplo basta mencionar que actualmente el Ejército paraguayo está recibiendo entrenamiento de los marines del Comando Sur estadounidense para encarar la lucha antiterrorista. Ahora el terrorista es el campesino, porque es perfectamente sabido que en el Paraguay no existen terroristas, por lo que se concluye que el gobierno debe buscar un chivo expiatorio y acusa a las organizaciones gremiales de labriegos de estar asesoradas por las FARC. Es conocido, sin embargo, que la política de las FARC es no salir de Colombia, ni siquiera a países vecinos como Venezuela, Perú y Ecuador, ¿Por qué entonces habría de venir al Paraguay?. Es ridículo.

Tomás Palau expresó que al no existir terroristas de las FARC, ni el financiamiento a terroristas islámicos desde Ciudad del Este “como nos lo quieren hacer creer confundiendo deliberadamente esto con el envío de remesas familiares a Medio Oriente”, entonces sólo se avizora el aumento de la represión campesina “para tratar aplacar los ánimos que de por sí ya están bastante crispados”.

En tanto, los gobernantes concentran cada vez más poder con el apoyo brindado por el aparato político y militar de la embajada estadounidense, y por los grandes intereses de las corporaciones multinacionales.

“Este es esencialmente un problema político, no económico --afirma Palau-, pues si el Paraguay modificara la política económica vigente podría ganar tres y hasta cuatro veces más por la exportación de alimentos, pero prefiere seguir así porque está situación conviene a los intereses de los poderosos grupos transnacionales”. Por tanto, sólo podemos avizorar que los problemas sociales y campesinos actuales se agudizarán en un futuro cercano”.

Remiendos y emparchados

Cuando los campesinos presionan con movilizaciones masivas, el gobierno se ve obligado a ceder, pero sólo un poco. En términos sencillos se podría decir que en lo que va del año el Ejecutivo ha distribuido 3 mil hectáreas de tierra entre los campesinos, pero les ha arrebatado más de 30 mil hectáreas. A todo esto, debemos sumar la gran corrupción que existe en las instituciones públicas. El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el ente estatal encargado de la distribución de tierras, para Palau sigue siendo “un nido de ratas”, debido a las innumerables irregularidades en que incurren sus funcionarios a diario.

El gobierno demuestra una conducta que no tiene calificación, según el sociólogo, pues “por un lado entrega migajas para que se calmen las aguas, pero sigue en lo suyo, sin prestar atención a los problemas sociales, hasta que todo explota nuevamente porque no existen verdaderas soluciones”. 

-¿Quiere decir que no podemos esperar buena disposición del gobierno para resolver la situación y entregar soluciones factibles a mediano y largo plazo?

-No, ni puede, porque sus aliados políticos son los grandes sojeros y latifundistas, contra quienes no puede actuar. Si el gobierno pretende resolver los problemas estructurales del país tiene que necesariamente apuntar a políticas redistributivas, y la primera de ellas es sin dudas la distribución de tierras a los campesinos: pero no puede, simplemente, no puede hacerlo. Entonces, lo único que nos resta es que se vaya toda esta fauna política para que en el Paraguay pueda pensarse en un profundo cambio social.

-¿Cuándo se podrían dar estos cambios?

-No sé. Uno tampoco tiene respuesta para todo, pero el panorama que se avecina no es nada halagüeño, nada auspicioso. Y pedir al gobierno que entre en razón es casi una utopía porque está en otra onda, en otra lógica, sigue pensando que las inversiones extranjeras sacarán al país del pozo. Sigue pensando que tenemos que exportar más soja porque eso permite la entrada de divisas al país, que la producción ganadera es un tema de interés nacional, lo que resulta bastante ridículo porque “las vacas son de los ganaderos, no del país”. Si los recursos que entran al país por exportación de carne fuesen distribuidos equitativamente entre todos los habitantes de este país, entonces sí sería una cuestión de Estado, pero no sucede eso y me temo que los ganaderos no tienen el menor interés en  distribuir lo que ganan.

En Paraguay,  Rosalía Ciciolli © Rel-UITA 4 de agosto de 2006

Foto 1: Rosalía Ciciolli

Foto 2: indymedia.org

Volver a Portada