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Se ha conocido recientemente el interés de que
los productores de soja transgénica certifiquen
su producción. Se hará a través de la
Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS,
por su sigla en inglés) con apoyo y
participación del Estado.
Empresas agroindustriales, ONGs y algunos
organismos del Estado han participado en
negociaciones con el objetivo de unificar
criterios para la certificación de la soja.
Entre otros: la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables (RENARE),
dependencia del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP); Agronegocios
del Plata (ADP); Cargill;
Alcoholes del Uruguay (ALUR, empresa
agroindustrial de la petrolera estatal ANCAP,
con un 10 por ciento de participación de la
petrolera estatal venezolana PDVSA);
Asociación Uruguaya pro Siembra Directa (AUSID);
Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA,
federación que agrupa a los grupos CREA,
generalmente integrados por pequeños
propietarios, en todo el país); Erro
(empresa
comercializadora de granos, semillas, agrotóxicos, logística y
servicios); Fundación Ecos
(asociación
civil sin fines de lucro);
Los Grobo/ADP
(empresa agroindustrial, gran productora de
soja, con sede en Argentina y actuación en ese
país, Brasil y Uruguay); representantes del
LSQA (Laboratorio Tecnológico del Uruguay -LATU-
y Sistemas Quality Austria) y Campo Afuera1.
Por su parte, RTRS
son las siglas de la Round Table on
Responsible Soy (conocida en español como
Asociación Internacional de Soja Responsable) e
integrada por los principales actores en la
cadena de la soja. Fue fundada en Suiza en 2006
y su Secretariado Ejecutivo está radicado en
Buenos Aires.
Además de su variopinta integración,
cuando se observan las normas y el proceso de
certificación establecidos por la RTRS,
claramente se percibe que se trata de un
oxímoron: “certificar lo incertificable”.
Para comenzar, el estándar RTRS se
caracteriza por ser neutro e incluyente.
Certifica cualquier tipo de soja, ya sea esta
transgénica, orgánica o convencional y es
aplicable tanto a grandes como a pequeños
productores. Con esto, se pretende dar la idea
de que los tres cultivos son iguales, como
iguales son pequeños y grandes productores.
La RTRS justifica su existencia en la
“preocupación de sus miembros por la necesidad
de una certificación que garantice una soja
responsable”. A continuación transcribimos y
comentamos esas seis inquietudes2.
1-
“Existencia de sistemas de producción de soja
con base en prácticas agrícolas no sostenibles
que puedan generar erosión y contaminación de
suelos y aguas”.
Consecuencias que han sido ampliamente
discutidas tanto en el ámbito internacional como
nacional. En 2010, la
Dirección General de Recursos Naturales
Renovables
(RENARE) de Uruguay,
presentó un “Plan de uso y manejo de suelos” a
partir de la constatación de que se estaban
erosionando grandes extensiones, sobre todo por
el cultivo de soja transgénica, el mayor cultivo
del país. Si ya existe un Plan elaborado por un
organismo del Estado, ¿es necesaria una
certificación privada para que ese Plan se
cumpla? Si los que certifican son una minoría de
los productores, ¿la mayoría podrá continuar
erosionando y contaminando impunemente?
2
-
“Uso irracional de agroquímicos”.
Sería importante qué la RTRS aclarara, ya
que admite que hay un uso “irracional” de
agrotóxicos, ¿cuál es su uso “racional”? Además
de ser producida en régimen de monocultivo -ya
de por si “no sostenible”- la soja transgénica
demanda el uso masivo de agrotóxicos. Su
característica transgénica la dota de tolerancia
al glifosato -un herbicida que cada vez se
utiliza en mayores dosis debido a la resistencia
que adquieren las hierbas no deseadas- además,
se le aplican insecticidas y funguicidas,
generalmente mezclados, con el resultado que se
potencian entre sí. La soja transgénica,
especialmente la variedad RoundupReady (RR)
de Monsanto (compañía que es miembro de
la RTRS) normalmente nunca podría figurar
como racional, responsable o sustentable.
3.- “Pérdida de biodiversidad y deforestación
asociada a la producción agrícola-ganadera”.
Algo que también a nosotros nos preocupa.
Nuestro país ha tenido -y sigue teniendo- un
importante menoscabo de su biodiversidad como
consecuencia del monocultivo y el uso de
agrotóxicos: flora y fauna destruidas, montes
nativos eliminados, es parte del precio que se
paga por cultivar soja destinada a la
exportación.
4.-
“Riesgos
para la salud y la seguridad de los
trabajadores”.
A cuenta de mayor cantidad, nos gustaría se nos
respondiera a una simple pregunta: ¿Cómo la RTRS
controla las medidas adoptadas para eliminar
estos riesgos? Nada se dice sobre cómo se
monitoreará el cumplimiento de estos criterios.
Si existe el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, con su
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social, si el país ha ratificado el Convenio 184
de la OIT, ¿es necesaria la certificación para
que estos riesgos se controlen?
5.- “Relaciones de los productores de soja con
las comunidades que los rodean (en algunos
casos, la existencia de conflictos sociales).
Las comunidades cercanas a los cultivos de soja
son afectadas tanto por las fumigaciones aéreas,
como por las terrestres mediante
“mosquitos”-vehículos aplicadores de químicos
que llegan a “pasearse” por ciudades y poblados-
según surge de las denuncias originadas en
distintos puntos del país. Las medidas adoptadas
por el Estado, cuando existen, no son
suficientes y en la práctica son los dueños o
los arrendatarios de los campos quienes “hacen
la ley”. Las protestas, denuncias y
movilizaciones ciudadanas frente a las graves
consecuencias para su salud provocadas por las
fumigaciones, no se acallarán con
certificaciones.
La certificación:
un engaño a ojos
vistas
La RTRS argumenta que con su
certificación se benefician: grandes productores
(El Tejar, Los Grobo, Grupo
André Maggi, etc.); compañías que controlan
las semillas (Nidera, Louis Dreyfus,
etc.); supermercados europeos (Mark & Spencer,
Carrefour, etc.); transnacionales que
controlan los alimentos para animales (Nutreco,
Cargill, Bunge, etc.) y los
alimentos para humanos (Unilever,
Nestlé, Danisco, etc.); productores
de agrocombustibles (BP, Shell, etc.) y
algunos grandes bancos internacionales (International
Finance Co., Santander, etc.).
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Las
empresas que adquieran soja
certificada RTRS estarán
autorizadas a utilizar este logo |
¡Y es precisamente por eso -y porque conocemos
bien a algunos de esos actores- que no confiamos
en esta certificación! Además, como muchos de
ellos son a su vez miembros de la RTRS,
la transparencia en el otorgamiento de la
certificación es más que discutible.
Cuando el 14 de noviembre de 2011 se realizó la
Primera Jornada de la RTRS en Uruguay,
además de un representante de la misma,
habló Fabián Martínez, Gerente de Compras de
Commodites América de Unilever, quien
manifestó el interés de la empresa en adquirir
materias primas 100 por ciento sustentables y
que por lo tanto apoya la certificación de soja
responsable. Como dato interesante, hay que
señalar que Unilever integra el comité
ejecutivo de RTRS. También habló Justo
Domínguez, director ejecutivo de Caldenes
S.A., empresa agrícola argentina que piensa
certificar unas 10.000 hectáreas de soja, toda
transgénica, por supuesto.
La sospechosa
flexibilidad
de la
certificación RTRS
La aplicación del estándar RTRS se
realiza según las características de cada país
(al parecer, lo que es irracional en uno puede
resultar racional en otro) y para ello en cada
país se crea un Grupo Técnico Nacional. En el
caso de Uruguay este Grupo Técnico, congruente
con la mezcolanza que practica RTRS,
estuvo integrado por representantes del
RENARE, Agronegocios del Plata (ADP),
Cargill, ALUR, AUSID,
FUCREA, Erro, Fundación Ecos,
Grobo/ADP, LSQA, LATU y
Campo Afuera. Nos detendremos en tres de
ellos:
RENARE
– Es un organismo del Estado responsable de
formular la estrategia nacional sobre el uso y
manejo sostenible de los recursos naturales
renovables y regular su uso. Además, en el
MGAP también funcionan la Dirección
General de Servicios Agrícolas, cuya
responsabilidad es desarrollar y ejecutar las
políticas fitosanitarias y de calidad vegetal,
así como de calidad e inocuidad de los alimentos
vegetales; la División de Protección Agrícola,
siendo sus funciones principales proponer,
desarrollar, coordinar y dar seguimiento a las
acciones referidas a vigilancia y mejora
fitosanitaria y la certificación para la
exportación; la División Protección de
Alimentos Vegetales, con los objetivos de
defensa de la buena fe y economía del productor,
garantía contra la competencia desleal al
industrial e importador honesto, preservar la
salud animal y humana, desarrollar coordinar y
dar seguimiento a los sistemas de control de
calidad de alimentos vegetales, elaborar normas
técnicas de alimentos vegetales (cuenta con un
laboratorio analítico) y el Sistema Nacional
de Certificación de la Producción Orgánica.
¿Qué hace entonces un organismo como el
RENARE participando en una iniciativa de
dudosa finalidad y efectividad? ¿No piensan las
autoridades del MGAP que sus
funcionarios, en lugar de estar ocupados en
cabildeos destinados a beneficiar a grandes
capitalistas, deberían estarlo en cumplir con lo
que la ley les mandata y para lo cual perciben
un salario?
Quien como la RTRS se denomina
“responsable”, no ignora que responsable es el
obligado a responder de algo o por alguien, de
manera que lo que realmente procura es la
responsabilidad ante sí misma. Un productor que
no cumpla con los criterios de la RTRS
tendrá como única sanción perder su
certificación, medida mucho más benigna que
cuando no se cumple una ley. Además, aquel
productor que no desee seguir siendo certificado
podrá, sin ningún impedimento, salir del sistema
y utilizar métodos y prácticas que el mismo no
le permitía, algo muy distinto a las
consecuencias que conlleva el desconocer una
ley.
En consecuencia, el objetivo no confesado de la
RTRS y su certificación, es eliminar al
Estado en cualquier control sobre la producción
de soja, sustituyéndolo por un dudoso e inocuo
autocontrol. Lo increíble es que organismos del
propio Estado se presten a este juego.
ALUR
– Produce etanol y el llamado biodiesel,
utilizando como materias primas caña de azúcar,
maíz y sorgo dulce. Si la soja no figura entre
sus insumos, ¿qué hace ALUR integrando el
Grupo Técnico? ¿Acaso ALUR piensa que la
RTRS sirve tanto para un fregado como
para un barrido y terminará certificando sus
agrocombustibles?
Fundación Ecos –
Esta ONG tiene su
sede en Uruguay, en las cercanías de Punta del
Este en el departamento de Maldonado, donde el
cultivo de soja es marginal. Es la sede local de
una organización internacional, fundada en 1994.
Su objetivo es “convertir
en acción los principios del desarrollo
sustentable” y sus beneficiarios “los decisores
de la comunidad: empresarios, sindicalistas,
profesores y funcionarios, entre otros. Su
presupuesto anual es de 150.000 a 200.000
dólares provenientes de la ONG World Wildlife
Fund (WWF). Esta controvertida ONG
(certifica desde palma aceitera a productos
pesqueros y está solicitando créditos de carbono
para la soja RR de Monsanto certificada
por RTRS) integra la RTRS.
¡Linda familia la certificadora!
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