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La
producción orgánica perderá su nicho de mercado,
afirma la Red en
Defensa del Maíz
La contaminación transgénica del maíz hiere la
identidad de los pueblos mesoamericanos, atenta
contra 10 mil años de agricultura, representa un
ataque frontal contra los pueblos originarios y
campesinos y viola sus derechos, señaló la Red
en Defensa del Maíz en un pronunciamiento sobre
la autorización que ha dado el gobierno federal
para que se cultiven esos productos.
El pasado 6 de marzo, en un decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación, se dio luz verde al cultivo
experimental de transgénicos, después de lo cual
se prevé que se otorgarán permisos comerciales.
Ese hecho es un crimen histórico contra los
pueblos del maíz, la biodiversidad y la
soberanía alimentaria, manifestó la red, que
agrupa a organizaciones y comunidades indígenas
y campesinas, ambientales, de educación popular,
de base, comunidades eclesiales, grupos de
productores e integrantes de movimientos
urbanos, académicos y científicos.
Recordó que México es centro de origen y
diversidad de ese grano. Hasta el momento,
explicó, se han reconocido 59 razas y miles de
variedades, las cuales serán contaminadas.
Subrayó que han sido los pueblos indígenas y
campesinos los que han creado y mantienen el
tesoro genético del maíz, uno de los principales
cultivos de los que dependen la alimentación
humana y animal en el planeta.
El impacto en la salud
Frente al hecho de que esa semilla es alimento básico
de los mexicanos, no se ha evaluado el consumo
cotidiano y en grandes cantidades de
transgénicos. Hay estudios científicos que,
analizando un consumo menor, reportan alergias y
otros impactos en la salud humana y de los
animales alimentados con organismos
genéticamente modificados, aseveró.
Esos productos, continuó, no sirven para la
agricultura campesina ni para la orgánica, pero
irremediablemente contaminarán las variedades
nativas y criollas. Además, son una amenaza para
la producción orgánica, que perderá su nicho de
mercado.
Cabe recordar que la contaminación transgénica,
cuyos primeros casos se presentaron en 2001 en
la sierra Norte de Oaxaca y en Puebla, fue
corroborada el año pasado en un estudio del
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el cual también reveló que
es imposible la coexistencia entre cultivos
tradicionales y genéticamente modificados, ya
que los primeros terminarán afectados. La
infección, sostiene, también se da en almacenes,
transportes e industrias.
La red asentó que todas las semillas
transgénicas se encuentran patentadas y
controladas por seis multinacionales:
Monsanto, Syngenta, DuPont,
Dow, Bayer y Basf. Esto
provoca una dependencia absoluta de los
campesinos y agricultores hacia esas
multinacionales, y criminalizan a las víctimas
de contaminación.
Aunado a ello, las variedades del grano
genéticamente modificado que se propone sembrar
en el país no resuelven los problemas de la
agricultura mexicana. Son más caras y no
aumentan los rendimientos, los cuales a veces
disminuyen, a menos que exista una fuerte
incidencia de plagas, que no son frecuentes en
México. Además se utilizan más
plaguicidas, pues emiten la toxina Bt de manera
constante, generando resistencia y plagas
secundarias que deben controlase con otros
químicos.
Advirtió: no permitiremos que se pierdan
nuestras semillas y que se contaminen por
transgenes. No acataremos leyes injustas que
criminalizan los granos y la vida campesina.
Seguiremos cuidando el maíz y la vida de los
pueblos.
Responsabilizaron de las pérdidas y daños a ese
grano mexicano a las corporaciones productoras
de transgénicos; al Poder Legislativo -que
aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados en favor de dichas
empresas-, al gobierno federal y a la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados, que son los
responsables de las medidas finales para
eliminar toda protección legal al maíz.
Expresaron su rechazo el monitoreo gubernamental
de las milpas campesinas, porque es un pretexto
para eliminar las semillas campesinas. Llamaron
a la población a exigir que todos los alimentos
que se consumen diariamente garanticen estar
libres de transgénicos, y a todas las
comunidades y pueblos indígenas a defender los
granos nativos y a continuar sembrando,
guardando, intercambiando y distribuyendo sus
semillas, así como a ejercer el derecho sobre
sus territorios e impedir la siembra de maíz
genéticamente modificado.
También demandaron que organizaciones
internacionales expresen su condena al gobierno
mexicano por esa violación a los derechos
ancestrales de los campesinos.
Angélica Enciso
La Jornada, México
8 de abril de 2009
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