Desarrollo de
semillas transgénicas,
debate que enfrenta a
los especialistas
Conflicto ético o no,
lo cierto es que las autoridades
tendrán que legislar
sobre el tema
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Calificado por un sector de la comunidad científica de
"neoliberalismo a escala molecular", desligado de las
necesidades de la sociedad y reivindicado por otro grupo
como tecnología capaz de revolucionar la producción agrícola
y alimentaria del mundo, el desarrollo de las semillas
transgénicas ha propiciado un intenso debate ético que
enfrenta a especialistas de todo el planeta.
Investigadores mexicanos han denunciado que existe conflicto
ético cuando se propicia un estrecho vínculo de grupos
científicos con intereses económicos de grandes empresas
trasnacionales en busca de potenciales mercados para sus
productos.
Es
evidente, alertaron, que quien se dedica a investigar,
regular e impulsar políticas públicas para el desarrollo de
nuevos proyectos "no puede además recibir dinero de
trasnacionales por la misma actividad sin caer en una
prostitución", pues ante la falta de códigos y comités
éticos "estamos expuestos no sólo a fraudes, sino a graves
conflictos de intereses".
En
contraste, Luis Herrera Estrella, coordinador del
Proyecto Maestro Maíz -plan de investigación de Monsanto
y Pionner-Dupont en campos experimentales públicos- y
director general del Laboratorio Nacional de Genómica para
la Biodiversidad, destacó que el papel de la ética en torno
del trabajo científico con transgénicos ha tomado relevancia
desde hace más de una década, pero aclaró que es necesario
"definir qué es ética y a qué nos referimos con aspectos
éticos".
En cuanto a
la colaboración de investigadores con grandes empresas para
impulsar el desarrollo de semillas transgénicas, señaló: "no
creo que haya ningún problema ético ni que se caiga en
conflicto de interés, porque el objetivo de transferir
tecnología a las empresas es que se explote comercialmente y
beneficiar a la sociedad a escala mundial, y si se puede
hacerlo a nivel nacional, pues mejor".
Si se
explota comercialmente esa tecnología, indicó, hay beneficio
para el país, para la institución y para el investigador,
"porque si yo la transfiero soy dueño de la tecnología y me
tienen que pagar por utilizarla. Esto es muy importante,
porque ahora vendemos mano de obra con un valor muy bajo,
pero si comercializamos nuestra creatividad, si vendo lo que
hice en un año a una empresa multinacional, no lo voy a
hacer en 2 mil dólares, lo puedo hacer en 100 mil, 1 millón
o 5 millones de dólares".
Científico-empresario, el conflicto
A menos de
tres décadas de que se inició un acelerado desarrollo de la
tecnología biológica capaz de alterar el material genético
de un organismo vivo, científicos, filósofos y especialistas
han insistido en que subsiste un debate ético "no sólo por
los riesgos que puede implicar su aplicación, sino porque
comienza a crecer el número de científicos-empresarios que
no tienen como único objetivo el conocimiento en beneficio
de la sociedad, sino también la creación de productos
factibles de vender en el mercado".
Octavio
Paredes,
catedrático del Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y ex presidente
de la Academia Mexicana de Ciencias, destacó que ante la
falta de comités de ética en la mayoría de los centros de
investigación del país, "no sólo estamos expuestos a fraudes
como los detectados en Corea con las investigaciones
genómicas, sino a que se incurra en comportamientos poco
éticos e inclusive en conflictos de intereses".
Agregó que
el debate ético en torno al desarrollo de semillas
transgénicas "no va a ocurrir adecuadamente si no tememos
comités de ética, pues en cualquier país que haya buena
organización de su comunidad científica resulta
prácticamente impensable que un investigador trabaje al
mismo tiempo para una institución pública y para una
trasnacional si antes no se determinó con claridad que no
existe ningún conflicto de interés".
Al
respecto, el investigador de la Universidad de Berkeley
Ignacio Chapela -quien dio a conocer en noviembre de
2001 la presencia de transgenes en los cultivos de maíz
criollo en Oaxaca- consideró que la vinculación entre
científicos y empresas sólo tiene una palabra: prostitución.
Consideró
que desde hace varios años se debió atender el problema del
conflicto de intereses. "Uno no puede hacer investigación,
regulación, políticas y recibir dinero por la misma
actividad".
Aseveró que
en México "hay un grupo de científicos e instituciones
prostituidas; da tristeza que esas instituciones acaparen
una cantidad desproporcionada del presupuesto público, que
de por sí está mal, y que se vaya a quienes además reciben
dinero de las empresas".
Cabe
recordar que el mismo Chapela fue víctima de una
intensa campaña en su contra, luego de que publicó en la
revista
Nature
los resultados de sus investigaciones sobre la contaminación
del maíz criollo, cuando trasnacionales como Syngenta
-fusión de Novartis y Astra Zeneka-
promovieron que un grupo de científicos abogara por la
aplicación de esa tecnología desacreditando sus
investigaciones.
Por su
parte, Julio Muñoz Rubio, catedrático del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y especialista en el estudio de las relaciones
ciencia-sociedad, destacó que uno de los grandes conflictos
éticos que enfrenta la aplicación de ese tipo de tecnologías
es que se trata de un campo del conocimiento que "nace
asociado con los intereses de grandes trasnacionales y no de
la sociedad".
El concepto
hegemónico de la ciencia contemporánea está "cada vez más
ligado con los intereses del mercado. Vivimos una época en
la que existe una correspondencia muy clara entre una
concepción capitalista del mundo y una ciencia que busca
hacer cosas para el corto plazo, productos factibles de
comercializar. No se trata del conocimiento por el
conocimiento, sino de fabricar mercancías".
Este diario
buscó la opinión de otros especialistas que apoyan el
desarrollo de las semillas transgénicas, como Francisco
Bolívar Zapata, catedrático del Instituto de
Biotecnología de la UNAM, y José Luis Solleiro,
director ejecutivo de la Agrobio, asociación que
agrupa a trasnacionales como Monsanto, Dupont-Pionner,
Syngenta y Bayer, solicitud que no fue
atendida por los investigadores.
Laura
Poy , Angelica Enciso , Matilde Perez
La Jornada
6 de
febrero de 2007
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