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En forma
deliberada, autoridades permiten la entrada del
grano a México y su cultivo
Organizaciones campesinas y ecologistas
presentaron ayer una denuncia ante la Comisión
para la Cooperación Ambiental (CCA)
-organismo trinacional formado en el contexto
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte-, al señalar que
el gobierno federal incumplió la legislación al permitir la siembra y el
ingreso de maíz transgénico en Valle de
Cuauhtémoc, Chihuahua.
En conferencia de prensa, informaron que se ha
documentado la presencia en esa entidad de 23
razas de maíz criollo y dos de teocintle,
pariente silvestre del maíz, de acuerdo con
estudios del Instituto Nacional de Ecología y la
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de
la Biodiversidad, organismos desconcentrados de
la Secretaría de Medio y Recursos Naturales (Semarnat).
En noviembre pasado, expertos del Instituto de
Ecología de la UNAM divulgaron en la
revista científica
Molecular
Ecology un estudio en el que
confirmaron la rápida dispersión y a largas
distancias de los transgenes, de un sembradío
donde hay a otros donde no existen, lo cual ya
ocurrió en la sierra Juárez de Oaxaca, centro de
origen del grano.
El gobierno federal ha actuado “en complicidad”
con Monsanto, empresa productora de maíz
transgénico, y en forma deliberada ha permitido
la entrada a México de ese grano y su
cultivo, señaló Víctor Quintana, del FDC.
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Falta coordinación entre las
instituciones responsables de la
bioseguridad nacional |
Agregó que esa firma tiene una estrategia de
promoción de transgénicos por medio de la
invitación a campesinos para asistir a ferias en
granjas estadounidenses. “Hay complicidad de
todas las autoridades”, señaló.
Las organizaciones explicaron que acudieron ante
la CCA debido a que han agotado todas las
instancias nacionales para exponer y denunciar
este caso de contaminación transgénica.
Expusieron que las autoridades han violado las
leyes General del Equilibrio Ecológico, de
Protección Ambiental y de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, así como
el Código Penal Federal y el Protocolo de
Cartagena sobre la Seguridad de la
Biotecnología.
Quintana
consideró que la omisión en la vigilancia y el
incumplimiento de las leyes por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, la Semarnat,
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria y la PGR también
constatan que hay “descoordinación entre los
responsables de la bioseguridad en México
e incapacidad para hacer muestreos adecuados. A
la fecha no han integrado satisfactoriamente las
averiguaciones previas ni la denuncia popular
presentada por la contaminación del maíz en
Chihuahua”.
Pidieron a la CCA integrar un expediente
de hechos ante la falta de aplicación efectiva
de la legislación mexicana y “dada la existencia
de un patrón sistemático de siembras ilegales de
maíz transgénico en Chihuahua, sin que las
autoridades federales las detengan o sancionen”.
Desde hace 15 meses se tramitó la primera
denuncia de hechos por el riesgo de
contaminación transgénica en esa entidad, señaló
Aleira Lara, de Greenpeace. No se han
fincado responsabilidades ni impuesto sanciones
o multas, acusó.
“Tampoco han detenido a los probables
responsables, y no tenemos información de que
las autoridades federales y locales hayan
ordenado medidas de emergencia ni planes para
revertir los casos de contaminación provocada
por maíces transgénicos de Monsanto en la
región”, aseveró por su parte Gabino Gómez
Escárcega, de El Barzón Chihuahua.
Angélica Enciso
Tomado de La Jornada, México
28 de enero de 2009
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