El gobierno
mexicano avala la siembra de transgénicos.
Publicó el reglamento de la legislación sin
tomar en cuenta al consejo consultivo El caso
deber ser atendido jurídicamente y las ONGs
interpondrán una controversia constitucional.
El Ejecutivo federal violó la ley de
bioseguridad y organismos genéticamente
modificados (OGM) al publicar el
reglamento de ésta sin consultar al consejo
consultivo científico, por lo que hay una serie
de inconsistencias y omisiones, dijo el
coordinador de ese órgano, Alejandro
Espinosa.
Comentó que en septiembre del año pasado giró un
comunicado a la Presidencia de la República
manifestando su inconformidad porque el citado
consejo científico no fue consultado para
analizar la última versión del reglamento de la
citada legislación.
Expuso que el artículo 20 de dicha ley establece
que el consejo consultivo científico de la
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem)
fungirá como órgano de consulta obligatoria de
la propia comisión en aspectos técnicos y
científicos en biotecnología moderna y
bioseguridad de los OGM. Por ello,
abundó, era muy importante la consulta a comité
en torno al reglamento publicado el pasado 19 de
marzo en el Diario Oficial, pero al
suprimir la consulta, éste se quedó sin las
observaciones respectivas.
La situación es grave porque el consejo
consultivo científico tiene funciones relevantes
por atender y se le ha minimizado; sin embargo,
se otorga relevancia a los comités técnicos
científicos de las secretarías de Estado
involucradas en dicha normatividad y se remite
la actividad del citado órgano a las reglas de
operación del mismo, lo que es un absurdo.
“Si la autoridad evitó la consulta obligada al
consejo consultivo científico en el documento
más importante para el país en asuntos
relacionados con los organismos genéticamente
modificados, es evidente que no consultará otros
aspectos que pueden ser sumamente riesgosos para
la nación”, asentó.
Consideró que la situación debe ser revisada a
la brevedad en el ámbito jurídico, ya que el
reglamento se publicó “en forma indebida, porque
se dejó de atender el artículo 20 de la ley de
bioseguridad”.
De su lado, Greenpeace, Semillas de la Vida y el
Grupo de Estudios Ambientales interpondrán una
controversia constitucional en contra de dicho
reglamento y asentaron que recurrirán a todas
las instancias jurídicas para detener la siembra
de maíz transgénico en México.
“El gobierno federal pretende aprobar la siembra
de transgénicos pasando por encima de la ley, ya
que no se ha establecido un principio
precautorio para proteger a los maíces
criollos”, expusieron las organizaciones.
Exigieron que el régimen especial de protección
al maíz –cuyas reglas deben ser publicadas por
las secretarías de Agricultura y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a más tardar en
mayo del presente año– considere los
planteamientos propuestos desde septiembre de
2006 por científicos, investigadores y
organizaciones ambientalistas, así como
campesinas.
Advirtieron que el uso de las semillas de maíz
transgénicas lejos de ayudar a los campesinos
los hará más dependientes de empresas
trasnacionales como
Monsanto,
las cuales encarecerán las semillas. Insistieron
en que la adopción de dicha tecnología en el
país debe estar sujeta al escrutinio de los
campesinos.
Matilde Pérez
La Jornada, México
9 de abril de 2008
