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Del 15 al 17 de marzo se reunió la Red en
Defensa del Maíz, la primera red que alertó en
México sobre la contaminación transgénica del
maíz, integrada por más de 350 comunidades
indígenas y campesinas junto a organizaciones
civiles de todo México.
La asamblea reafirmó su rechazo al maíz
transgénico, señalando el nuevo abuso del
gobierno al autorizar a Monsanto una
siembra piloto de maíz transgénico en
Tamaulipas. También se analizaron y rechazaron
leyes que pretenden recortar aún más los
derechos indígenas y campesinos, aunque
irónicamente llevan títulos como si los
defendieran. Tal es el caso de las leyes de
consulta indígena y las de protección del maíz
criollo en Tlaxcala y Michoacán.
A principios de marzo 2011, el gobierno aprobó
por primera vez la siembra de maíz transgénico
en fase piloto, a favor de la multinacional
Monsanto, en Tamaulipas. Es un cuarto de
hectárea y según la Secretaría de Agricultura (SAGARPA),
eso muestra cuán prudentes son. En realidad,
demuestra lo contrario: las pruebas son una
farsa para cubrir el camino que permita a las
transnacionales que dominan la agricultura
mundial sembrar maíz transgénico a escala
comercial y contaminar todo el país impunemente.
Las etapas para llegar a la siembra comercial de
maíz transgénico implican una primera fase
experimental, confinada, cuya cosecha debe
destruirse, seguida de una fase piloto, donde se
observaría si a mayor escala y en el ambiente,
el cultivo se comporta de la misma manera. En
ésta se puede vender lo cosechado. Cumplidas
esas etapas, se podría liberar comercialmente.
Entre cada fase, debe haber una evaluación que
condiciona si se continúa. La evaluación de
resultados la elaboran los propios promotores, o
sea, las empresas (!). Los funcionarios
gubernamentales han mantenido en secreto qué
criterios usan para aprobar experiencias y
evaluaciones. Por supuesto. No existen criterios
para evitar que el maíz transgénico sembrado a
campo no contamine, tarde o temprano, otros
cultivos.
Aunque las experiencias fueran en fortalezas
cerradas –no sucede, son a cielo abierto– todo
el proceso es un teatro perverso, porque los
productores reales, por economía, inercia o
falta de fiscalización, nunca seguirán
procedimientos de bioseguridad en la siembra
comercial.
Este infecto y defectuoso camino se aprobó con
la Ley de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM),
llamada Ley Monsanto, mote cada vez más
adecuado. Las 67 pruebas experimentales con maíz
transgénico ya aprobadas a favor de cuatro
trasnacionales, lo único que consideran es el
comportamiento agronómico (si resisten
agrotóxicos y matan gusanos, no si contaminan el
ambiente y otros maíces, que es el tema nodal en
México al ser centro de origen del
cultivo).
La bioseguridad alrededor de los experimentos
son unos metros de terreno abierto, rodeados de
cercos de púas, policías y perros, que no sirven
para contener el polen transgénico, pero sí para
prevenir que campesinos, indígenas,
ambientalistas y cualquier ciudadano se acerque
al campo a cuestionar los intereses de las
trasnacionales.
La experiencia piloto en Tamaulipas no cumple ni
con los pobres requisitos legales existentes.
Sin duda, los funcionarios lo arreglarán como
hicieron con la obligación de establecer un
régimen especial de protección al maíz de la
LBOGM, que fue pulverizado a unos cuantos
párrafos inútiles dentro del reglamento de esa
ley.
Peor aún, la prueba piloto es con un tipo de
maíz transgénico tóxico que motivó que
Francia y Alemania prohibieran su
cultivo por los riesgos al ambiente. En
México, según las autoridades ambientales y
agrícolas, eso no es problema, pese a que es el
centro de origen del maíz y su biodiversidad es
ciento de veces más compleja. Lo que está en
juego aquí es la creación y patrimonio colectivo
de millones de campesinos e indígenas y la
principal riqueza genética alimentaria del país,
pero para los funcionarios parecen ser sólo
datos pintorescos para el turismo.
La Red en Defensa del Maíz denunció también que
leyes estatales que dicen proteger el maíz
criollo, como las aprobadas en Tlaxcala y
Michoacán, no prohíben el maíz transgénico ni
previenen la contaminación con éste, como
algunas ONG y políticos han querido hacer creer
para sacar partido en sus campañas. Esas leyes
afirman la Ley Monsanto.
No prohíben nada e introducen procedimientos
para autorizar la introducción, almacenamiento,
distribución y comercialización de maíz
transgénico en la entidad, al tiempo que
criminalizan el libre intercambio de semillas
campesinas creando listas que indican cuáles
semillas proteger y por defecto, cuáles no. Para
proteger sus semillas, exige que campesinos e
indígenas documenten ser originarios, un sueño
racista que muchos gobiernos han intentado para
dividir a los pueblos. El mismo espíritu prima
en el nuevo Consejo Estatal del Maíz, órgano
consultivo de la Secretaría de Fomento Agrícola
(SEFOA), cuyos miembros en Tlaxcala serán
tres académicos, dos ONG, el titular de SEFOA
y el gobernador, que funge como presidente del
consejo, y para que se vea bonito ¡un indígena y
un campesino! Las decisiones quedan en la
SEFOA. Para completar, el titular de
SEFOA en Tlaxcala es ex-funcionario de
Monsanto y ya se declaró muy complacido con
la ley.
Proteger el maíz campesino y nativo implica
necesariamente reconocer y respetar, en sus
propios términos, los derechos integrales de los
pueblos indígenas y campesinos, que tienen 10
mil años de experiencia en el tema. Para evitar
la contaminación transgénica, un buen comienzo
sería un simple decreto que lo prohíba en todo
el país.
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