México

Es bueno recordarlo tras leer en La Jornada del 26 de junio que el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas, propone una "apertura gradual a los transgénicos" con "zonas de protección para las razas de maíz mexicano", bajo la lógica de "trabajar adecuadamente con la biotecnología, para convertir el cultivo de maíz en un emporio en el país donde se originó el grano".

Sólo que México no ha tenido ni va a tener una "apertura gradual" a los transgénicos: ha sido violentamente invadido, contaminando muchas de las razas que dice que habría que proteger, y no sólo en Oaxaca, sino en muchos otros estados, por ejemplo en Puebla, donde el Instituto de Ecología de la Semarnat encontró contaminación desde 2001. Posteriormente, muestreos de comunidades campesinas e indígenas junto con organizaciones de la sociedad civil encontraron contaminación de maíces nativos en un mínimo de nueve estados "al centro, norte y sur del país". Posiblemente también existe en otros estados, pero no lo sabemos porque no se han hecho pruebas o porque intencionalmente no se han dado a conocer los resultados. No se reconocen las cifras que existen, pero sin ningún dato de la realidad que lo sustente se alega que los transgénicos serían necesarios para aumentar la producción, porque "si bien queremos que (los campesinos) sigan cultivando maíz, como los tenemos ahora nunca van a salir de la pobreza", afirma Cárdenas.

Sin embargo, los campesinos tienen otra opinión: saben que su maíz está contaminado, por eso en todos los foros donde se reúnen a analizar esta problemática demandan que se paren las importaciones de maíz subsidiado de Estados Unidos, competencia desleal y contaminante que los lleva a la pobreza y ataca el corazón de la economías y culturas campesinas e indígenas.

Promover y presentar los transgénicos como alternativa en lugar de lo que es, un grave problema, no hace sino un favor a las pocas multinacionales que los controlan, aceptando en la práctica la privatización de los cultivos campesinos mediante las patentes y el control monopólico del mercado.

En el mismo artículo e idéntica tónica se cita a Cárdenas informando que Semarnat dedicará 400 millones de pesos al "pago de servicios ambientales" en el área forestal y espera cubrir hasta fin de 2004 más de 300 mil hectáreas con este sistema.

Los pagos de servicios ambientales se presentan como un reconocimiento o estímulo a las comunidades para el manejo "sustentable". Es muy cierto que las comunidades indígenas, campesinas, forestales, pesqueras, aportan una cantidad enorme de beneficios ambientales, sociales y económicos, cuidando sustentablemente cuencas de agua, bosques, semillas, plantas, y muchos otros elementos de la biodiversidad, para bien de todos.

Asimismo es cierto que muchas veces no pueden seguir haciéndolo, erosionadas por los impactos de políticas adversas. Pero, en lugar de reconocer estos hechos históricos y presentes, y como consecuencia reconocer, fortalecer y respetar los derechos integrales de esas comunidades a la tierra, recursos, la cultura propia y la autonomía, se introduce un sistema de "pagos" a las comunidades –o más bien a sectores dentro de ellas–, pero no a todas, sino a las que sean "sustentables", según criterios externos, definidos por agencias tan sustentables como el Banco Mundial, organizaciones no gubernamentales "conservacionistas" que les piratean sus recursos y los propios gobiernos que les niegan sus derechos y provocan el vaciamiento de las comunidades con sus políticas económicas.

Consiguen así que las comunidades o grupos dentro de ellas compitan entre sí, abandonando muchas veces sus propios cultivos y formas de manejo histórico y bajo su control.

Lejos de ser un tema solamente del medio rural, se introduce otro elemento más general y nocivo: la biodiversidad, el agua, los bosques, el aire, pasan a ser "servicios" que se compran y se venden.

Inicialmente "pagados" a través de aparentes "premios", pero cuando éstos se cortan, alguien tiene que seguir pagando. Se introduce así subrepticiamente la mercantilización y privatización de recursos colectivos a los que todos deberíamos tener derecho, respetando y fortaleciendo a sus custodios históricos y sus formas de vida, para entregarlos a los que los puedan pagar por ellos.

Para la mayoría de la población, éste es un tema menos obvio que la contaminación transgénica del maíz. Sin embargo, integran la misma lógica perversa: legitimar el asalto a los bienes comunes y su privatización.

Silvia Ribeiro*

La Jornada, México D.F.

*Investigadora del Grupo ETC.