La prohibición temporal de comercializar semillas de maíz dulce y otros transgénicos cosechó calurosos aplausos y duras críticas. El tema es polémico y la sociedad civil ha sido convocada demasiado tarde para poder decidir.

La decisión del gobierno de suspender “el uso, producción y comercialización de semilla de maíz dulce genéticamente modificado” y la moratoria temporal del ingreso al país de nuevas semillas con tratamientos similares implica un primer paso hacia una política nacional sobre los transgénicos coherente con los acuerdos internacionales ratificados por Uruguay.Si bien los sectores gremiales consideraron el hecho como el inicio de una “revisión” de la política, ninguna de estas decisiones tiene valor definitivo ni afecta al grueso de la producción agrícola nacional con transgénicos, en donde reina la soja rr y le siguen los tipos de maíz Mon 810 y Bt 11, autorizados por el Poder Ejecutivo desde 1999, 2003 y 2004, respectivamente. “El gobierno no se ha definido todavía. Estamos trabajando con dos escenarios posibles, uno sin transgénicos y el otro con transgénicos”, dijo a BRECHA Marcos Frommel, integrante del Comité de Coordinación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) creado para elaborar la propuesta del marco de bioseguridad.

El comunicado oficial que suspende la comercialización del maíz dulce menciona la denuncia sobre su venta ilegal (sin etiqueta) realizada hace ocho meses por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL). Y agrega que esta decisión también es conveniente debido a “la vulnerabilidad particular de los sectores de agricultura familiar que llevan adelante sistemas de producción hortícola” a la introducción de transgénicos. La alusión directa (y el hecho de que actualmente los representantes de estos sectores no están asistiendo al Comité Nacional de Bioseguridad) buscaría recomponer el proceso de discusión, que Frommel define como “ambicioso y muy participativo”, pero que para legitimarse debe incluir efectivamente tanto a las partes interesadas como a las afectadas.UN MARCO REGULATORIO. El Comité de Bioseguridad inició sus trabajos en agosto de 2005 con el fin de elaborar una propuesta de marco nacional a ser discutida y aprobada por el Parlamento en abril de 2007 dentro del cronograma establecido por el Protocolo de Cartagena, un acuerdo de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), aprobada en la cumbre de la ONU de 1992 (Rio de Janeiro) y ratificada por Uruguay con la ley 16.408 de 1993.

El protocolo, aprobado en junio de 2001, busca “contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección en (...) la transferencia, manejo y utilización de organismos vivos modificados por la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, tomando también en cuenta los riesgos sobre la salud humana, y específicamente en movimientos transfronterizos”. Y la declaración de Rio establece que los estados deben “aplicar ampliamente el criterio de precaución de acuerdo a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente”. El marco nacional debe incluir un sistema regulatorio, una estructura administrativa acorde, un sistema de toma de decisiones para la evaluación y gestión de riesgos, y mecanismos que aseguren la participación e información del público. La elaboración de la propuesta debería buscar definir y validar los componentes del marco a través de una amplia consulta.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam) financian y supervisan la realización de este proceso en Uruguay y en más de 100 países que adhieren al protocolo. ¿Uruguay ha tenido una política que cumpla con estas exigencias? Evidentemente no. ¿Quiere decir eso que no hubo hasta ahora decisiones en esta área? No, y es aquí precisamente donde se origina el problema.HECHOS Y CONFLICTOS. La soja rr fue introducida en Uruguay en 1999, por decisión del gobierno de Sanguinetti, sin consultar al Parlamento ni a la sociedad civil, ni evaluar sus riesgos. Recién por el decreto 249 del año 2000 se creó una Comisión de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV) integrada por técnicos de los ministerios de Ganadería y Agricultura, Economía, Salud y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

La entrada al país del maíz Mon 810, o también maíz Bt, de la multinacional Monsanto, fue autorizada en junio de 2003 sin cumplir adecuadamente con la audiencia pública previa requerida por el decreto 249/000. La Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) presentó un recurso de amparo contra esta decisión y en julio fue interpelado el ministro de Ganadería del gobierno de Batlle sin que se lograra modificar la decisión.APODU señaló que la CERV había recomendado el ingreso del Mon 810 Bt “sin ensayos, sin experimentación, sin análisis local de impacto ambiental en condiciones de seguridad, sobre la base de experiencias extranjeras e información interesada de la empresa”. Y advirtió que la resolución “carece de base científica, es apresurada y su ejecución debe ser suspendida para evitar daños irreversibles”. La aprobación en mayo de 2004 del maíz Bt 11, de la empresa Syngenta, tuvo, esta vez, una audiencia pública, pero se realizó en la ciudad de Dolores, durante la Semana de Turismo, sin que se enteraran y pudieran intervenir organizaciones de la sociedad civil.

Esta es “la política” vigente y sus beneficiarios ya amenazan con juicios ante la “revisión” que podría implicar la definición del marco nacional de bioseguridad. Frommel señaló, en el sitio web de la Presidencia, que el compromiso de nuestro país respecto al “Protocolo de Cartagena es que tenemos que tener un mecanismo de comunicación de los genes que se liberan en el país, los controles que se van a hacer. Hay que controlar el tránsito (...) si pasa una exportación de Argentina para Brasil, tenemos que tener definidos procedimientos para eso también”. Pero sin estudios ni controles esta meta es muy difícil de lograr. Algunos “especialistas” hablan del asunto como si se tratara de resolver una regulación del tránsito vehicular, pero los transgénicos no son separables del ambiente como el agua y el aceite sino que se parecen más al “café con leche”. Por eso cuando se afirma que un producto va a ser sólo para consumo animal o de exportación, en realidad se esta afirmando una falsedad. Esta realidad además choca frontalmente con el eslogan oficial “Uruguay Natural” (que pretende promocionar los servicios nacionales de sol y playa, los paseos histórico-culturales, el turismo termal y el ecoturismo) y con la “natural meat” promovida por el Instituto Nacional de Carnes.

Si a los cientos de miles de hectáreas con soja y maíz transgénicos sumamos los millones previstos para la forestación (que además del impacto del monocultivo pueden agregar la condición de transgénicos, porque las semillas de los árboles son consideradas “hortícolas” y, por tanto, no sujetas a control genético) llegamos a un cuarto de la superficie agrícola del país. En tales condiciones, no habrá producción orgánica o natural que resista.

Víctor L Bacchetta

Convenio Brecha / Rel-uita

1 de setiembre de 2006

Volver a Portada