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Cuando
los violentos hablan de paz, y los fraudulentos de legalidad
y rectitud, quizás no sorprenda que los encargados de la "bioseguridad"
en México llamen a experimentar con maíz transgénico en la
propia cuna del maíz.
Esto es lo que demanda Marco Antonio Meraz,
secretario ejecutivo de la Comisión de Bioseguridad y
Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que
reconoció ante la prensa que hay "presiones de las empresas
trasnacionales". Como según el funcionario los transgénicos
son "inevitables", la solución, afirma, sería desarrollar
semillas transgénicas propias. (Angélica Enciso, La Jornada
14/8/06).
Al parecer, para este doctor en biología
molecular, la bioseguridad es un problema de nacionalidad, y
si el maíz transgénico fuera manipulado en laboratorios
mexicanos, las abejas y el viento se abstendrían de cruzar
el polen transgénico con el maíz campesino y no se
provocarían, por ejemplo, deformaciones como las que han
encontrado los campesinos en el grano nativo de Oaxaca y
otros estados, o no podrían provocar alergias, como las que
se han comprobado en campesinos de Filipinas.
Seguramente Meraz conoce lo que implica
desarrollar semillas transgénicas propias: Cinvestav (Centro
de Investigación y Estudios Avanzados), institución a la que
él pertenece, ha trabajado desde 1991 en el desarrollo de
papas transgénicas. Muy propias, sobre todo por los
contratos para tal investigación que la institución firmó
con Monsanto. El doctor Meraz tal vez no recordaba en el
momento de la entrevista que las mismas cinco trasnacionales
que controlan todos los transgénicos sembrados a nivel
global, de los cuales Monsanto tiene 88%, también poseen las
patentes sobre todos los procesos claves para hacerlos, en
cualquier parte del mundo. Hasta ahí llega lo de "propias".
Leyendo su declaración sobre las presiones de la
industria, es instructivo recordar que Meraz no se veía muy
atribulado cuando representaba a México en la tercera
Reunión del Protocolo Internacional de Bioseguridad
(Curitiba, Brasil, marzo 2006). Allí trabó por varias horas
el debate del plenario final, para asegurar que se diluyera
la exigencia de un etiquetado que informara claramente si
los embarques de granos que llegan de Estados Unidos a
México contienen transgénicos. A la vista de delegados de
todo el mundo, se vio claramente cómo
Carlos Camacho, presidente de Agrobio México
(asociación "civil sin fines de lucro" cuyos miembros son
las trasnacionales de transgénicos Monsanto, Dupont,
Syngenta, Bayer, Dow), le "explicaba" cual debía ser la
posición de México en las negociaciones.
O hubo muchísima presión o a Meraz no le molestó
tanto, porque representó las posiciones de las
trasnacionales terca y apasionadamente, pese a que hasta la
presidenta de la sesión de este convenio de la Organización
de Naciones Unidas trató de aliviarle la presión, pidiendo a
México que retirara sus propuestas de última hora que
revirtieron todo el debate anterior que hasta ese momento
había concluído a favor de un etiquetado claro y
obligatorio. En este contexto, "presiones" es una palabra
algo sutil, pero sí, son evidentes.
Cinvestav, de dónde proviene el secretario,
también fue -por mera coincidencia, seguramente, ¿o quizá
por "presiones"?- anfitrión de la reunión donde participaron
selectos miembros de la Cibiogem con las trasnacionales
Monsanto y Dupont, para acordar lo que luego presentaron
como Plan Maestro de Maíz, justificación
científico-empresarial de la supuesta "necesidad" de
experimentar con maíz transgénico en México. Experimentación
que se realizaría con maíz "propio" y patentado de las
empresas Monsanto, Dupont y Dow, pero disimulado al público
como experiencias en los campos de instituciones públicas
como Cinvestav e Inifap (Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias). Con este
marco, se aprobaron a fines del año pasado siete solicitudes
de esas empresas para experimentar con maíz transgénico. Las
aprobaciones están suspendidas por ahora, gracias a
protestas de muchos y a los amparos interpuestos por
Greenpeace, porque no cumplían ni siquiera con las
exigencias mínimas de la Ley de Bioseguridad, más conocida
como Ley Monsanto, que rige el trabajo del doctor Meraz.
Siguen pendientes, y tal como declaró el secretario de la
Cibiogem, existen presiones para que se retomen.
Directamente de las empresas, o a través de agricultores
industriales -y hasta de gobernadores- del norte del país,
que pagan (o alguien se los paga) desplegados en los medios
para pedir que se aprueben las solicitudes "en el marco del
Plan Maestro de Maíz". Su pedido es ignorante (desconocen
los pobres resultados de este maíz en Estados Unidos y que
inclusive aumentará sus costos), pero sobre todo un insulto
hacia más de 85% de los campesinos que verían sus semillas
contaminadas.
¿Meras coincidencias? En todo caso, lazos
demasiados estrechos de quiénes deberían velar por la
bioseguridad del país, en lugar de conciliar intereses con
quienes la ponen en riesgo. Hay mil razones que muestran que
México no necesita transgénicos, mucho menos en maíz, donde
constituye una amenaza contra uno de los acervos económicos
y culturales más importantes del país. Con los transgénicos
se arriesgan justamente las semillas que sí son
definitivamente propias, creadas y cuidadas durante miles de
años por indígenas y campesinos, donde además están las
claves para seguir desarrollando las variedades que
necesitamos, sin riesgos para la salud y el ambiente.
Ellos son los verdaderos maestros del maíz, cuyas
preocupaciones y conocimientos deberían ser oídos y
priorizados, en lugar de seguir haciéndole el juego a las
pocas empresas que van por el control monopólico de las
semillas, en México y en el resto del mundo.
Silvia Ribeiro *
La Jornada
23 de agosto de 2006
* Investigadora del Grupo ETC
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