Es posible adjudicar el piquete –acto de interrumpir el tránsito de personas, vehículos o mercaderías para obtener un fin determinado– a la inventiva del pueblo argentino. Esta forma de presión adquirió nivel internacional el pasado verano con el corte de los puentes que unen a Argentina y Uruguay por parte de ambientalistas argentinos, los que pretenden detener la construcción de dos fábricas de celulosa en el margen uruguayo del río que ambos países comparten.

El gobierno uruguayo protestó por considerar que su par argentino no intervino para levantar los piquetes y que los mismos le causaron al país pérdidas por 400 millones de dólares. Hoy, el diferendo se encuentra en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, donde ha sido llevado por Argentina.

El último round en este diferendo ocurrió cuando la reina del Carnaval de Gualeguaychú –ciudad argentina situada frente a donde se están construyendo las fábricas– se lució en bikini y portando un cartel donde se leía “basta de papeleras contaminantes” ante los 58 mandatarios que posaban para la foto oficial en la “Cumbre de Viena”.

Simultáneamente, Argentina está experimentando las consecuencias negativas de los piquetes que la transnacional Monsanto le está organizando en varios países de Europa. Resulta aleccionante repasar esta triste historia:

Monsanto posee la patente europea 301749, otorgada en 1994 a la compañía Agracetus. Es una “patente de especie”, que otorga a su propietario el monopolio exclusivo sobre todas las variedades de semillas de soja modificadas genéticamente, sin tomar en cuenta los genes o la técnica utilizada. Cuando se otorgó la patente, una serie de ONGs denunciaron el hecho y la propia Monsanto inició un juicio contra Agracetus. Sus principales argumentos consistían en que no existía “invención ni novedad”, por lo que “debía ser revocada en totalidad” debido al control que entregaba a una sola empresa. Dos años después, Monsanto compró Agracetus con lo cual, obviamente, la mencionada patente dejó de ser satanizada. Fue así que Monsanto pasó a detentar el monopolio mundial de la soja transgénica, situación que defiende con uñas y dientes, a pesar de que en algún país no tenga apoyo legal.

En los años 70, cuando Monsanto introdujo en Argentina el herbicida Roundup, nadie sabía bien para que podía servir –aparte de combatir las malezas debajo de los alambrados– un producto no selectivo que mataba todo lo que tocaba. Años después llegó la biotecnología y con ella la soja RR, es decir, resistente al Roundup. En 1996, Argentina aprueba el cultivo de la soja RR y en ese momento se inicia la multiplicación de la semilla por parte de los agricultores –Monsanto no registró en Argentina la patente de la semilla de soja RR–. El cultivo de soja RR, que cubría menos de un millón de hectáreas en 1996, pasa a 9 millones de hectáreas en 2001 y en la misma proporción crece la multiplicación y venta de la semilla, a través de la llamada “bolsa blanca”. Mediante el contrabando, la semilla se expande a Brasil, Paraguay y Bolivia, países donde los transgénicos estaban prohibidos. Frente a ello, Monsanto permanece en silencio y mira para otro lado.

Con la soja transgénica ya impuesta en Argentina y en plena expansión en el resto de la región, Monsanto decide en 2001 que llegó el momento de amenazar a los agricultores por el uso “ilegal” de su semilla y reclamarle al gobierno argentino que haga cumplir la ley. ¡Menudo problema hacer cumplir una ley inexistente!

Pasando de las amenazas a la acción, Monsanto comienza el año 2004 anunciando que se retira del mercado de la soja en Argentina, dado que el mismo no le resulta rentable debido a la proliferación de semillas “ilegales”. Aclara que no pretende “presionar al gobierno” y manifiesta su intención de dedicarse al maíz y al sorgo. En una solicitada publicada en la prensa, la compañía declara su enojo y reclama que: “Sólo el 18 por ciento de los 14 millones de hectáreas que se cultivaron en Argentina durante el ciclo 2003/04, fue sembrado con semillas certificadas y vendida en el mercado legal”.

Casi simultáneamente a las declaraciones de Monsanto y por pura casualidad –dado que el gobierno no debe, ni puede, sentirse presionado– el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, informa que se está estudiando una ley para crear un Fondo de Compensación Tecnológica. El mencionado proyecto de ley, que recibió el rechazo masivo de las organizaciones de los productores (que en las elecciones manejan votos) nunca llegó a ingresar formalmente al Congreso. Debido a ello, Monsanto decide recurrir a los piquetes, anunciando que para percibir los royalties por el gen RR introducido en la soja (no patentado en Argentina) procederá a cobrar los mismos en los puertos de destino donde la patente esté vigente.

La soja se ha convertido en el grano de mayor producción del país, superando los 30 millones de toneladas anuales. En 2004 la soja aportó 10.000 millones de dólares a las exportaciones argentinas, de los cuales el Estado se quedó con 2.000 millones por concepto de retenciones. Por eso al gobierno le preocupa el inicio de acciones legales por parte de Monsanto en Europa contra importadores de la oleaginosa y productos derivados de origen argentino. Solamente en el transcurso del corriente mes de mayo se detuvieron cuatro embarques de harina de soja (producto del que Argentina es el mayor exportador mundial) en España y dos en Holanda, lo mismo había ocurrido anteriormente en Inglaterra y Dinamarca.

No es de extrañar entonces la preocupación y enojo del secretario de Agricultura de la Nación. Ambas cosas las descargó en una reciente conferencia de prensa, que resultó esclarecedora de la forma cómo se manejan asuntos que tienen que ver con la alimentación de la gente . En la misma, dijo Miguel Campos que el mecanismo exigido por la empresa Monsanto para cobrar regalías por la soja transgénica argentina es “extorsivo e inaceptable porque en un país serio el pago de derechos debe encauzarse por las vías institucionales”. Puntualizando que: “La extorsión pasa por plantear que si no acepto la pretensión de Monsanto estoy contra la biotecnología. A las innovaciones tecnológicas en semillas hay que pagarlas, pero dentro de un sistema legal e institucional”. Más adelante se sintió obligado a que “no soy anti Monsanto, ni empleado de Monsanto, como se dijo cuando aprobamos, semanas atrás, la producción y comercialización en el país del maíz RR de la empresa”. Ya en pleno embalaje no pudo contenerse y agregó: “Monsanto no vino a hacer beneficencia a la Argentina. Reconocemos la importancia de su inversión, pero también obtuvo beneficios. Cobró y cobra regalías por las ventas de las semillas con su gen RR sin tener la patente reconocida en el país y facturó unos 175 millones de dólares en glifosato –principal componente del herbicida Roundup– usado en la oleaginosa”. Ya en plena incontinencia verbal reconoció que “Argentina asumió el riesgo de producir transgénicos cuando eran cuestionados en los principales mercados del mundo y acompañó a Estados Unidos en su presentación ante la OMC (Organización Mundial del Comercio) contra la Unión Europea por la moratoria a los transgénicos”. “Eso no beneficia a los semilleros argentinos sino a Monsanto y a las empresas estadounidenses” concluyó, desaprovechando una buena oportunidad de callarse la boca.

La historia, más allá de los piquetes de Monsanto y la complicidad de los gobiernos de turno, deja como moraleja que para bailar el tango se necesitan dos.

Enildo Iglesias © Rel-Uita 19 de mayo de 2006

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