La transnacional Monsanto introdujo semilla de soja transgénica de contrabando en todo Brasil, con la complicidad de las autoridades gubernamentales. Ahora que la cosecha revienta los silos,

Monsanto pide los royalties. Algo así como que los ladrones

cobraran IVA al vender lo que robaron.

-¿Cuáles son las razones del conflicto actual entre algunos productores de soja del Sur brasileño y la transnacional Monsanto?

-Esto es algo que ya habíamos pronosticado: algunas cooperativas de agricultores están percibiendo que Monsanto y ninguna otra empresa tienen mecanismos para recaudar directamente sus royalties. Por eso Monsanto necesita las estructuras existentes tales como cooperativas, asociaciones, sindicatos, y gremios de agricultores para poder hacer la cobranza. Monsanto quiere recibir 0,20 dólares por cada bolsa de soja recibida en los centros de acopio, ahí se descuenta ese porcentaje de lo que recibirá el productor. Quiere decir que son las organizaciones de los productores las que brindan ese servicio a Monsanto. En la realidad ese mecanismo es muy diabólico, porque no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje de la soja que se produce es transgénico, ni qué porcentaje del contenido de cada bolsa no lo es. Si es un 80% transgénico, la recaudadora estará cobrando un 20% de más. Las cooperativas y asociaciones no tiene medios para saber cuánto es transgénico y cuánto no, qué bolsa es transgénica y cuál no lo es. Si acaso se quisiera hacer el trabajo de forma honesta, como debería ser, estará obligada a comprar los kits que vende la propia Monsanto para hacer los análisis y saber cuál es y cuál no. Pero eso es un costo suplementario, un servicio en forma de equipamiento que estará vendiendo la Monsanto que garantiza de esta manera su participación en el esquema de comercialización de la soja. Sin este kit para identificación no hay garantías. El interés de Monsanto no es el cobro de más o menos royalties, lo que quiere es participar, estar dentro para ir avanzando hacia el control total.

-¿Cuál fue el incidente que desató la polémica?

-Ocurrió que una cooperativa del Noroeste de Rio Grande del Sur consiguió una orden judicial que la exime de pagar los royalties. Si Monsanto es actualmente la única productora de esa semilla tiene asegurado su negocio, su comercialización, pero si observamos que ella también monopoliza la venta del herbicida, puede sumar la venta del químico con la de la semilla más la certificación final, en realidad tiene un grupo de servicios imbricados en la producción de soja. Entonces algunos agricultores empiezan a darse cuenta de que en este negocio su rentabilidad depende del clima, pero la parte de Monsanto es cada vez más segura porque no participa en la producción sino en la comercialización y en los servicios agregados. Ahora cobran royalty por la tecnología, y después será por otra y por otra cosa de manera encadenada hasta llegar al mecanismo de los grandes supermercados, donde para poder poner sus productos en las góndolas los proveedores deben pagar un “peaje” bajo forma de registro que a menudo alcanza varias decenas de miles de dólares. Esto está creando mucha polémica ahora.

-¿Con qué argumentos la justicia afirma que los agricultores no deben pagar?

-Nunca estuvo permitido que Monsanto vendiera su tecnología a los agricultores de Río Grande del Sur, por tanto no puede exigir cobrar sobre lo que no podía comercializar. Además, esta semilla fue contrabandeada desde Argentina y aún hoy es ilegal. Inclusive la ley 11.092 aprobada por Lula hace poco tiempo establece que para cobrar los royalties, las empresas deben mostrar una nota fiscal de la venta de la semillas, y como la venta no estaba autorizada hasta ahora, mal se puede reclamar regalías. Monsanto nunca reconoció que hizo contrabando de semillas, pero todo el mundo sabe que así fue. Cuando Monsanto mandó traer ilegalmente semillas de Argentina, desconoció al Estado nacional porque reconoce solamente su tecnología, su producto y la existencia de un mercado. El nuevo orden comercial mundial implica que ningún Estado puede regular la libertad comercial de las transnacionales. El poder del lobby es tan claro que el embajador estadounidense en Brasil se sintió libre de aconsejar públicamente al Parlamento que no incluyera ese artículo en la ley porque perjudicaría a Monsanto. Si daña a Monsanto daña al gobierno estadounidense.

-¿Cuánto dinero representarían esos royalties?

-Hay unos 70 millones de toneladas de soja, cada bolsa tiene 60 kilos, eso da aproximadamente unos 230 millones de dólares.

-Esto que está sucediendo se parece bastante a lo que venimos hablando hace tres o cuatro años.

-Exactamente, y es el inicio del proceso. Dentro de tres años seremos como Argentina: no existirá en Brasil ni un grano de soja no transgénica. Vamos inexorablemente por el mismo camino. Si alguien encuentra hoy una sola bolsa de semilla de soja no transgécnica en Argentina hay que declarar que es un milagro divino, ni siquiera el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, nadie tiene ni un solo grano. La presión de las transnacionales es así, radica en el dominio total, en la inexistencia de alternativas independientes. Esa fue la pelea que estuvimos dando aquí, y la gran traición del gobierno del estado de Río Grande del Sur fue hacer de cuenta que enfrentaba al enemigo cuando en realidad siempre lo tuvo como aliado.

-¿La penetración de Monsanto en Brasil es entonces completa?

-Podemos decir que Brasil hoy no tiene espacio para tener soja que no sea transgénica, esta es la gran derrota. Por si fuese poco, el gobierno chino vino a Brasil y exigió de las autoridades locales la garantía documental de que la soja brasileña no hace daño a la salud. Quienes hicieron el contrabando fueron Monsanto y Cargill, el gobierno no los castigó, y ahora el propio gobierno firma un compromiso de ese tipo. Si mañana la soja le hace daño a los chinos, quien los deberá indemnizar no será Monsanto sino el pueblo brasileño porque este gobierno asumió la responsabilidad del producto de semillas contrabandeadas. La cosa es tan increíble que uno no alcanza a entender qué les pasa por la cabeza a estos señores en esos momentos en que firman. La sociedad debería estar discutiendo todo esto, pero no lo hace. Es como si estuviésemos en Palestina y los Monsantos quisieran crucificar a Cristo, los estadounidenses del imperio de Bush se lavaron las manos y nosotros acá estamos discutiendo si usamos clavos de 10 o de 20. Y quienes intentamos crear conciencia sobre esto somos calificados como “ideológicos”, “comunistas retrógrados”, “socialistas perimidos”, “locos”, y ni siquiera hay un solo estudio de los impactos de esta situación. Las cosas son tan locas que, por ejemplo, Monsanto acaba de ser multada por el gobierno de Indonesia ya que le probaron que sobornó a un ministro de Agricultura. Lejos de retroceder, Monsanto fundamentó en el Congreso de Estados Unidos que los parlamentarios debían ayudarle a no pagar la multa porque eso es inconveniente para todo el país. Estas discusiones deberían estar ocurriendo en Davos, porque estamos hablando de piratería, de corrupción, de sobornos, de contrabando. Esto es juego sucio, pero la ética actual lo admite.

-La oposición a los transgénicos está entonces debilitada.

-Muy debilitada porque los medios de comunicación están del lado de quien paga la propaganda, las autoridades están subordinadas al capital, los ríos están privatizados para transportar soja, así como los puertos. No hay interés en enfrentar esta biotecnología industrial.

No soy pesimista porque creo que la polémica desatada ahora traerá muchos cuestionamientos, reflexiones como estas: Cargill, Monsanto y Carrefour tienen interés en que exista soja orgánica de calidad, y en que exista soja transgénica en gran cantidad. El país que tenga condiciones para producir soja orgánica ganará mucho dinero, aunque por supuesto que igualmente estará bajo el dominio de las empresas mencionadas. Lo lamentable es que debido a la estructura de la tenencia de la tierra en Río Grande del Sur y Santa Catarina, no tenemos la escala de Mato Grosso del Sur, donde se ponen a trabajar en línea 40 cosechadoras en una propiedad de 1.200.000 hectáreas plantadas de soja transgénica. Nosotros deberíamos plantar sólo soja orgánica porque los predios son mucho más chicos. Pero esto fue impedido y ahora tenemos esta catástrofe. Quedaremos fuera del mercado. La OMC nos dice que no entendemos bien el mundo actual, pero nosotros ya sabemos, hace 500 años que lo entendemos.

Carlos Amorín

© Rel-UITA

18 de enero de 2005