La
derecha legislativa en El Salvador, a pesar de
presumir de su vocación democrática, ha hecho de
los “madrugones” una de sus principales
herramientas para legislar.
Con dispensa de trámites, obviando el análisis
en comisiones parlamentarias especializadas, sin
someterse al escrutinio ciudadano y aprovechando
una mayoría simple en el parlamento, han
aprobado desde la dolarización en el año 2000,
pasando por endeudamiento público, hasta el
mismo Tratado de Libre Comercio en el año 2005.
En la última plenaria del mes pasado, el 30 de
abril de 2008, el turno de beneficiarse de los
“madrugones” le toco a dos grandes empresas
importadoras de productos transgénicos, que tras
una sorpresiva derogatoria del artículo 30 de la
Ley de Semillas -que prohibía la importación y
distribución de semilla transgénica- ahora ven
la oportunidad de expandir sus negocios a este
rubro. La medida fue aprobada con 49 votos de
ARENA, PCN (partidos de derecha a ultranza) y
del PDC (partido democratacristiano).
Sirel
dialogo con Javier Rivera, activista de
la Red Ciudadana contra los Transgénicos, una coalición de
grupos ambientalistas que por más de 10 años se
ha mantenido activa frente a una amenaza que
para algunos parecía irreal y lejana.
-¿Cuáles son las implicaciones que se esperan a
raíz de la reciente aprobación del ingreso de
transgénicos en El Salvador?
- En El Salvador tenemos la Ley de
Semillas, el artículo 30 de esta Ley prohíbe la
importación, introducción, comercialización y
distribución de semillas transgénicas. Hace 15
días la Asamblea Legislativa derogó el artículo
30 para permitir la importación de semillas
transgénicas al país.
La abolición de este artículo permitirá que
empresas como Crisitani Burkard1
y Fertica, importen semillas transgénicas. Estas
dos grandes compañías nacionales se aglutinan en
otra que se llama “Importadora S.A. de C.V.” que
es a través de la cual se van importar estas
semillas.
La derogación del artículo 30, también se da en
un momento en que la crisis internacional de
alimentos esta sonando. Utilizaron esta crisis
para poder impulsar la derogación de este
artículo y no tanto por resolver la problemática
de la producción agrícola nacional.
El Salvador
ha sido un país donde la producción agrícola fue
condenada al fracaso desde hace 18 años cuando
quitaron los aranceles externos, se permitió la
importación irrestricta desde México y
Estados Unidos mediante los Tratados de
Libre Comercio, y pasamos de ser un país con
sustentabilidad de producción agrícola, a un
país importador. En la actualidad importamos el
65 por ciento de hortalizas y frutas y el 45 por
ciento de los cereales que consumimos. Tenemos
una crisis real causada por las políticas de los
gobiernos, pero aprovechando la coyuntura
quieren introducir los transgénicos
supuestamente para solventar la crisis
alimentaria.
Realmente a nivel internacional es conocido que
la semilla transgénica no se usa para aumentar
la productividad sino que se trata de semillas
con resistencia a herbicidas y que se usa en
cultivos extensivos para usos diversos que serán
los que más beneficien a las grandes empresas.
Las dos grandes empresas que van a beneficiarse
en El Salvador están acuñadas con la
Monsanto.
- ¿Hubo una discusión previa en la Asamblea o
fue algo sorpresivo?
- El gobierno y sobre todo la Cámara
Agropecuaria de El Salvador (CAMAGRO) han
venido desde hace un año y medio intentando
derogar el artículo 30, pero no se atrevieron
hasta ahora. Supuestamente lo hacen para paliar
la crisis alimentaria e introducen sin previo
aviso una iniciativa para hacerlo, y como tienen
mayoría de votos en el parlamento, aprueban la
moción con dispensa de trámites, lo que evita
que vaya a una comisión especializada donde
debía ser analizada si es factible o no y así
aprueban inmediatamente sin discusión la
abolición del artículo.
Sin embargo, no valoraron tres cosas
importantes. Uno El Salvador, tiene la
Ley del Consumidor que en su artículo 28 obliga
a estas grandes empresas a etiquetar el producto
y también El Salvador ha aprobado el
protocolo relativo a la Biodiversidad que manda
a realizar una evaluación de riesgos en caso de
la importación de productos transgénicos. El
Salvador ratificó este protocolo, es por
tanto una Ley Nacional y estas cámaras
empresariales y grandes compañías quieren hacer
caso omiso de esto en su proceso de importar los
transgénicos. De hecho, ahora mismo no pueden
importar nada a menos que se cree una ley
nacional que regule el tráfico de transgénicos.
-Como Red contra los Transgénicos, en los
últimos años; ¿en que se ha enfocado la
actividad que han desarrollado?
-Bueno estuvimos primero enfocados en la
creación de Leyes, el artículo 30 de la Ley de
Semillas, y el Art. 28 de la Ley del Consumidor
que obliga al etiquetado de productos
transgénicos y la presión por la ratificación
del protocolo de Biodiversidad conocido como
protocolo de Cartagena. Así como el impulso de
una propuesta de una Ley de Bioseguridad frente
a los organismos genéticamente modificados que
todavía está en el parlamento y que no se ha
discutido.
Generar investigaciones sobre los productos
transgénicos que se comercializan en el país
para informar a la población salvadoreña sobre
que productos están circulando. Encontramos
productos alimenticios en los supermercados y
también como parte de la llamada “ayuda
alimentaria”. Esto ha sido parte de un proceso
de educación a la población para explicar qué
son los productos transgénicos y que impactos
tienen. También estamos coordinando un “Mercado
Comunitario Alternativo” que está ofertando
productos orgánicos y libres de transgénicos.
Esta acción esta siendo coordinada con
diferentes iniciativas de mercados orgánicos a
nivel nacional, en Chalatenango, Sonsonate y
otro que va iniciar en San Vicente, estos están
aglutinados en la Plataforma Sostenible de
Producción y se esta viendo coordinar también
con CARITAS El Salvador, y con CORDES2.
Entonces una de las alternativas que proponemos
es promover la producción orgánica y crear la
red de comercialización en diferentes lugares
del país.
-Y ahora que enfrentamos la derogatoria del
Artículo 30 de la Ley de Semillas, ¿qué acciones
tomará la Red Ciudadana contra los Transgénicos?
-Esta derogación depende de que el presidente de
la República la sancione o la vete. Vamos a
impulsar una iniciativa -para la cual ya se
están recolectando firmas- para ir el próximo
martes 13 de mayo a Casa Presidencial para
pedirle al presidente que la vete. Otro medida
será trabajar en el marco del derecho para la
aplicación de los diferentes instrumentos
jurídicos que se tienen y una tercera acción es
hacer una campaña de educación con el sector
campesino para que no utilice esta semilla.
-¿Cuál es el riesgo de contaminación de cultivos
donde se usa esta semilla transgénica?
-La contaminación genética es un peligro
inminente. El Protocolo de Cartagena, que ya es
una Ley nacional, obliga a las empresas
importadoras a hacer un análisis de riesgos
sobre la biodiversidad. No solo porque ya
abolieron el artículo 30 de la Ley de Semillas,
los importadores tienen manos libres. Tienen que
pasar una serie de mecanismos y uno es el
Protocolo de Cartagena. Esta es una lucha que
vamos a llevar y ya empezamos a hablar con la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos para que sean aplicadas esta serie de
cuerpos legales.
