Las condiciones son cada vez más favorables para ampliar consumo y experimentación con alimentos genéticamente modificados.

La negativa de la mayoría de gobiernos latinoamericanos a establecer que se indique en las etiquetas si un producto es transgénico, no sólo viola el derecho de los consumidores a estar informados, sino también su libertad de elegir.

En el Perú, por ejemplo, es imposible saber si se está consumiendo un alimento transgénico. No sólo porque no existe una norma que obligue a que en la etiqueta de un producto se indique si contiene organismos genéticamente modificados, sino porque las propias empresas se niegan a informar al consumidor si un producto es o no transgénico.

José Purizaca, asesor legal de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), precisó que si bien en el Perú "no existen datos de que se produzcan alimentos transgénicos, sí se importan diferentes tipos de alimentos transgénicos de otros países", como por ejemplo maíz y soya provenientes de Argentina, donde más de la mitad de esos cultivos son genéticamente modificados.

Pero el Perú no es un ejemplo aislado. Los únicos países de la región que tienen leyes de etiquetados, según Elizabeth Bravo, de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), son Brasil, Chile y Ecuador, pero tampoco las estarían cumpliendo.

La soya y el maíz se usan para una diversidad de subproductos —como harinas, aceites, jarabes, lecitina, entre otros—, por lo cual urge un proceso de etiquetado, pero las empresas tampoco tienen interés en mantener informado al consumidor.

Consumidores desinformados

Purizaca señaló que el año pasado, representantes de las empresas le manifestaron que no querían informar a la población si los ingredientes de los productos que elaboraban eran o no transgénicos.

Según Purizaca, los ejecutivos le dijeron que "la gente no está capacitada para entender, y puede haber una alarma en la población. La gente tiene un grado de desconocimiento tal que no es conveniente que sepa si este alimento es o no transgénico. A la gente no le debe interesar este tema".

Purizaca criticó la falta de responsabilidad social de estas empresas, a diferencia de México, donde 17 empresas que comercializan más de 30 marcas de alimentos decidieron unilateralmente garantizar que no utilizan transgénicos en sus productos.

En diciembre del año pasado, la organización ambientalista Greenpeace México presentó la "Guía roja y verde de alimentos transgénicos", que clasificó unos 250 productos alimenticios como "verdes" cuando los fabricantes han garantizado no usar organismos genéticamente modificados ni sus derivados entre sus ingredientes, o "rojos" si las empresas se negaron a dar información sobre sus políticas de compra y uso de transgénicos, o no fueron capaces de certificar que sus productos no contienen esos ingredientes.

Según Bravo, "la superficie de transgénicos en América Latina ha crecido en los últimos años, particularmente en el Cono Sur. Se están introduciendo nuevos cultivos en algunos países donde antes no se sembraban transgénicos como Colombia (maíz y algodón) y Honduras (maíz)".

"En Chile se están produciendo semillas transgénicas de varios cultivos, incluidos los que se usaron para experimentar con niños en el Perú", dijo Bravo en relación al suero rehidratante a base de arroz modificado con genes humanos que se usó en un experimento con niños en el Perú.

Cuestionado proyecto

Diversas organizaciones han denunciado la implementación a partir del 2007 en Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú de un proyecto del Banco Mundial para capacitar a las autoridades sobre el manejo de la contaminación transgénica de productos nativos a consecuencia de la introducción de algodón, arroz, maíz, papa y yuca modificados genéticamente.

El proyecto, titulado "Construcción de capacidades en bioseguridad en múltiples países de América Latina", pretende establecer regulaciones favorables en países cuyos gobiernos están abiertos a los transgénicos y luego utilizar esas normas como modelos a imponer en países vecinos, con lo cual se elude cualquier debate público y se ofrece a las empresas un gran mercado único para sus cultivos genéticamente modificados, dice un informe elaborado en junio por la RALLT, junto con el grupo ambientalista canadiense ETC, y GRAIN, de España, que defiende la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

La RALLT señaló que la razón principal para elegir a los cinco países latinoamericanos es que "están entre los centros más importantes de biodiversidad del mundo y son centros de origen de cuatro de los cinco cultivos a los que apunta el proyecto".

El algodón, el maíz, la papa y la yuca son originarios de América y constituyen los cultivos más importantes de las regiones mesoamericanas, andinas y amazónicas. El arroz, si bien proviene de Asia, es parte esencial de la dieta básica de las comunidades locales.

Según la RALLT, el proyecto "tiene como objetivo a largo plazo, facilitar la introducción de variedades transgénicas con fines comerciales y de experimentación justamente de los cultivos más importantes para las comunidades indígenas y locales de los países en los que se implementaría".

"Un resultado final de este proyecto puede ser que las comunidades campesinas e indígenas se queden sin alternativas y tengan que recurrir a semillas transgénicas patentadas, a pagar regalías y aumentar su dependencia de las empresas transnacionales", concluyó la RALLT.

La Ley de Promoción de la Biotecnología Moderna, aprobada por el Congreso peruano el 11 de julio, se inscribiría dentro de esta corriente.

La norma permite a transnacionales como Monsanto —que domina el 80% del mercado de transgénicos del mundo— "la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica" con el objetivo de "incrementar la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar de la población en armonía con la salud humana y con la preservación del medio ambiente".

Luis Gomero, coordinador nacional técnico de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), con sede en Lima, advirtió que la ley está dirigida a "saquear nuestros recursos genéticos".

El Perú no es un mercado para los transgénicos, afirmó Gomero, pero sí es "atractivo para la investigación. Apenas tenemos 4 millones de hectáreas para hacer agricultura intensiva a gran escala, y eso es insuficiente. Pero sí tenemos un potencial genético y seguramente [estas transnacionales] van a identificar los genes y luego los van a patentar. Somos un país megadiverso, tenemos una potencialidad enorme de recursos genéticos; somos el banco de germoplasma más grande del mundo".

"La ley convertirá a nuestro país en un centro de experimentación para que las grandes corporaciones hagan sus investigaciones libremente, sin vigilarlas, sin cumplir con las leyes nacionales, los derechos de bioseguridad ni los principios éticos que tienen que guardarse en este tipo de investigaciones", concluyó Gomero.

Noticias Aliadas

11 de setiembre de 2006

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