En el marco de lo que algunos observadores califican como un “rediseño de la política nacional en biotecnología”, un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez el pasado lunes 29 establece una suerte de moratoria al suspender durante los próximos 18 meses la aprobación de cualquier nueva variedad transgénica vegetal.

Asimismo, se creará un ámbito de discusión interministerial sobre el tema, en el que participarían las entidades empresariales, los productores, las organizaciones sociales y la Universidad de la República. Voceros de algunas ONG locales comentaron que “Esta sería una salida realista del gobierno, después de que hiciera crisis su relación con las organizaciones sociales que abandonamos la Comisión Nacional de Bioseguridad por entender que nuestra opinión no era tenida en cuenta”.

El gobierno uruguayo tiene interés en definir cuál será su política en relación a los productos modificados genéticamente, en virtud de que la principal carta de presentación de los productos locales en el mercado mundial es, justamente, que provienen de un medio “natural”.

Las resistencias al decreto presidencial ya se expresan por intermedio de empresarios, importadores y propietarios de grandes cultivares de soja que ven amenazada su actividad.

Carlos Amorín © Rel-UITA 2 de febrero de 2007

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