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En
1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI)
denunció la existencia de patentes sobre una
tecnología que llamó
Terminator. Se trata de una
tecnología transgénica para hacer semillas
suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda
generación se vuelve estéril, para obligar a los
agricultores a volver a comprar semilla en cada
estación.
Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine
(ahora propiedad de
Monsanto)
con el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos.
Monsanto
no es la única: cinco de las seis trasnacionales
que controlan las semillas transgénicas
plantadas a nivel mundial tienen patentes tipo
Terminator.
Syngenta
es la que tiene mayor número de ellas.
Las empresas que desarrollaron esta aberrante
tecnología la llamaron Sistema de Protección de
la Tecnología, porque es para promover
dependencia e impedir que se usen semillas sin
pagarles regalías por patentes. En sus primeros
folletos de propaganda, aseguraban también que
es para que los agricultores del tercer mundo
dejen de usar sus semillas obsoletas. En ese
momento, mostraban claramente sus intenciones:
terminar con las semillas campesinas y el
irritante hecho de que la mayoría de los
agricultores del mundo (campesinos, indígenas,
agricultores familiares) usan sus propias
semillas en lugar de comprárselas a ellas.
La tecnología suscitó un rechazo enorme e
inmediato por parte de los movimientos
campesinos y organizaciones sociales, y
declaraciones de oposición de instituciones
públicas de investigación y del entonces
director de la FAO, el senegalés Jacques
Diouf, que afirmaron que es una tecnología
indeseable.
En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica
de Naciones Unidas (CDB), adoptó una
moratoria global contra la experimentación y uso
de la tecnología
Terminator, que sigue vigente.
Posteriormente, varios países comenzaron a
discutir legislaciones nacionales para asegurar
el cumplimiento de la moratoria. Brasil e
India, prohibieron en sus leyes
nacionales el uso de la tecnología
Terminator.
Pero
Terminator es uno de los sueños más
preciados de las trasnacionales semilleras y no
han renunciado a él. Les daría una gran ventaja
para aumentar sus monopolios y la dependencia de
los agricultores. Poco después de la prohibición
en Brasil, los grandes latifundistas de
ese país, clientes y compadres de Monsanto,
Syngenta y demás trasnacionales de
transgénicos, presentaron una propuesta
legislativa para eliminar la prohibición,
rechazada en varias comisiones, pero aún en
trámite.
Además, las trasnacionales de transgénicos se
movieron agresivamente para terminar la
moratoria de Naciones Unidas contra
Terminator, proponiendo a través de
gobiernos amigos como Canadá, un párrafo
para evaluar la tecnología
Terminator caso por caso, que daría
fin a la moratoria en la octava Conferencia del
CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.
En la sesión de CDB en 2006, México
apoyó terminar la moratoria, irónicamente a
través de un representante de la Comisión
Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la
misma persona que ahora desde la Comisión
Nacional Forestal promueve proyectos REDD,
también con un efecto devastador para las
comunidades. Fue aislado por el resto de países
de todo el Sur global.
En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía
Campesina y organizaciones de todo el mundo se
levantaron y protestaron masivamente para
defender la moratoria internacional. En
particular, las acciones de las mujeres de la
Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones
de la ONU en una conmovedora acción
pacífica en defensa de las semillas, determinó
que el CDB mantuviera y reforzara la
moratoria contra la tecnología
Terminator.
No obstante, las trasnacionales siguen atacando
y disfrazan sus razones, vías y representantes.
Ahora afirman que
Terminator es para la bioseguridad,
una falsedad.
En la décima Conferencia del CBD en
octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente
el gobierno de México intentó eliminar la
moratoria global contra
Terminator, ahora como si fuera un
tema administrativo, de decisiones que ya no
tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros
países lo impidieron, pero mostró sus
intenciones y a quién le es fiel.
En Brasil, a la propuesta de los
latifundistas se sumó la del diputado Cándido
Vaccarezza del partido gobernante (PT), para
eliminar la prohibición de
Terminator. La propuesta de
Vaccarezza fue redactada por una abogada que
trabaja para
Monsanto,
según denunció con pruebas fehacientes el
Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en
diciembre 2010. La propia abogada tuvo que
reconocerlo. La propuesta está actualmente en
discusión en una comisión del Congreso, creada
especialmente para agilizar su discusión.
Los movimientos y organizaciones están alertas.
En junio 2011, en la 10ª. Jornada de
Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná,
Brasil, los más de 4000 participantes de
todo el país, expresaron su rechazo a esta
propuestas. Una semana después, se presentaron y
rechazaron estos intentos de legalizar
Terminator, en las reuniones
internacionales de preparación de los
movimientos sociales y sociedad civil hacia la
conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro,
con cientos de delegados participantes.
Brasil
presidirá el próximo año la Río+20, una
conferencia mundial de ONU que debe revisar los
compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre
de la Tierra en 1992. Además, Graziano
de Silva, que viene del gobierno brasileño,
acaba de asumir la dirección de la Organización
para la Agricultura y la Alimentación de
Naciones Unidas (FAO).
Lo menos que puede hacer Brasil para ser
responsable con ambos cargos, es mantener la
prohibición contra Terminator a nivel nacional e
internacional, por ser una de las mayores
amenazas a la soberanía alimentaria y a la
biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un
suicidio.
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