Hasta ahora sólo eran soja y maíz, pero en breve el “menú” de transgénicos disponibles en Uruguay puede incrementarse, e incluso alcanzaría al arroz, pese a que el cultivo de este grano brinda un enorme saldo exportable al país llegando a mercados que se han cerrado ante variedades producto de la ingeniería genética.

A menos de un mes de caducada la moratoria oficial para la presentación de nuevas variedades transgénicas, la situación en Uruguay ofrece un panorama poco alentador: de un lado las corporaciones semilleras van por más y ya han anunciado que reflotarán sus pedidos para la aprobación de más eventos alterados genéticamente; en un segundo plano el gobierno, que alentó una hipótesis de “coexistencia”, brinda una señal de debilidad extrema en su argumentación, y en tercer lugar los pooles de siembra redoblan su expansión a costa de otros rubros e invaden zonas netamente identificadas con la agricultura familiar.

Según informa el influyente semanario uruguayo Búsqueda en su edición del jueves 31 de julio, el cultivo con semillas transgénicas creció un cuarenta por ciento en el último ciclo, en tanto que las mencionadas trasnacionales de origen estadounidense preparan una batería de solicitudes de nuevas variedades.

La decisión de permitir la “coexistencia” entre los cultivos transgénicos y los tradicionales se toma sin establecer la discusión amplia y profunda sobre el tema que reclamaban varias voces del movimiento ambientalista, que previo a que se anunciara la “coexistencia” ya denunciaban que ésta no era otra cosa que la aprobación tácita de los transgénicos.

Ya en 2005 Monsanto, Bayer y Dow Chemical habían presentado solicitudes de aprobación para nuevos eventos de maíz y una variedad de arroz resistente al herbicida genérico glifosato, aunque no fueron tenidas en cuenta. Ahora, una vez fijado el criterio de la “coexistencia” las trasnacionales vuelven por sus fueros. Y en ese sentido parecen mucho más ágiles que la complicada estructura gubernamental que en apariencia buscaría regular este mercado de la biodiversidad.

En efecto, en el decreto que concluye la moratoria se plantea la creación de un “Gabinete Nacional de Bioseguridad” conformado por los ministerios de Ganadería, Salud Pública, Economía, Medio Ambiente y Cancillería, así como una comisión de gestión de riesgo integrada por técnicos de esas carteras que asesorarían a dicho Gabinete. Sin embargo no se estableció la obligatoriedad del etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos.

“La coexistencia de transgénicos y cultivos convencionales amenaza la biodiversidad por los altos riesgos de contaminación genética, y avala definitivamente el ingreso a Uruguay de esas variedades modificadas en beneficio de grandes empresas del exterior, lo que aumenta la extranjerización de la tierra y expulsa a los pobladores del campo”, señalaron al conocerse el fin de la moratoria la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL Uruguay) y REDES - Amigos de la Tierra Uruguay.

“Las medidas de bioseguridad que planea el gobierno no garantizan que no haya contaminación genética (por el desplazamiento del polen, por ejemplo) entre las variedades transgénicas y las que no lo son”, aseguran las organizaciones

Radio Mundo Real

11 de agosto de 2008