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La
espiral de precios alimenticios se ha convertido en la
principal e inesperada aliado de los defensores de la actual
Política Agraria Común (PAC), que se resisten a cualquier
cambio.
Con esta coyuntura, la iniciativa de "modernizar" la PAC que
presentará hoy la comisaría de Agricultura, Mariann
Fischer Boel, será mucho menos ambiciosa que las
propuestas barajadas hace un año.
En el Consejo de Agricultura celebrado el pasado 19 en Bruselas, la
mayor parte de los ministros rechazaron las acusaciones de
Reino Unido, que acusaba a la PAC de
contribuir a elevar los precios de los productos agrícolas y
favorecer la crisis alimentaria que se ha producido en
algunos países.
Durante el último año, el trigo y el maíz se han encarecido un 80
por ciento y 30 por ciento respectivamente.
Entre las propuestas que podría presentar hoy la comisaría figura
la supresión definitiva del barbecho obligatorio (tierras
sin cultivo, dejadas en descanso) que se introdujo en 1988
para luchar contra la superproducción. Esto podría suponer
la entrada en producción de unos cinco millones de
hectáreas.
El Reino Unido estima que los aranceles aduaneros y las
subvenciones agrícolas castigan las producciones de los
países en desarrollo y contribuyen a mantener los precios
artificialmente elevados. La PAC absorbe el 40 por
ciento del presupuesto comunitario.
Fischer Boel
tiene previsto en su "chequeo médico" de la PAC
profundizar también en la llamada "desacoplación" de las
subvenciones con la producción. El objetivo es desvincular
al máximo las ayudas de determinados cultivos, para que la
producción se oriente más según las demandas del mercado.
Actualmente, la subvención más importante es el pago único,
que equivale al 75 por ciento de lo que los agricultores
recibieron de media entre 2000 y 2003. En 2006, los 900.000
beneficiarios españoles recibieron unos 2.252 millones,
aunque el 1 por ciento de los agricultores se llevó el 22
por ciento del total.
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, expresó ayer sus
cautelas sobre la desacoplación, al señalar que "las
desregulaciones no siempre resultan a la vista de los
problemas que están apareciendo en los mercados".
El liberalismo de Reino Unido es también muy particular.
Londres y Berlín han logrado que Bruselas renuncie a un
recorte importante de las subvenciones agrícolas. Bruselas
había barajado reducir en un 45 por ciento las ayudas
superiores a 300.000 euros; en un 25 por ciento las
comprendidas entre 200.000 y 300.000 y en un 10 por ciento
las superiores a 100.000 euros. La propuesta que baraja la
Comisión Europea supondrá recortar de manera indirecta las
ayudas pero en cuantías muy moderadas.
La Comisión considera necesario que los fondos obtenidos con
la modulación de las subvenciones se destinen a responder a
los nuevos retos de la agricultura como el cambio climático,
la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad y
la gestión de crisis.
Andreu Missé
Tomado de Comfia
22 de mayo
de 2008
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