Para el técnico del Departamento de Agroecología de la UITA, Leonardo de León, la decisión del gobierno uruguayo de prohibir la introducción, producción y comercialización de nueve plaguicidas de alta toxicidad constituye un paso importante en la buena dirección, pero que debe ser complementado por otros.

La resolución, tomada el lunes 9, incluye sanciones graduales a los infractores, como multas, el decomiso de las sustancias utilizadas y hasta la suspensión por 180 días de las habilitaciones para el ejercicio de sus actividades.

Las sustancias prohibidas son parte del grupo de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), identificados como causantes de graves afectaciones de la salud humana y del medio ambiente. Ellas son aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, dodecacloro, toxafeno y DDT.

-¿Qué opinión le merece esta resolución gubernamental?

-Este decreto cumple con el Convenio de Estocolmo de 2004, por el cual los países firmantes, entre ellos Uruguay, se comprometen a eliminar el uso de COP.

Es un avance en el marco de un proceso de transición hacia la búsqueda de un modelo de producción que entre otros aspectos sea cuidadoso con el ambiente y con la salud, pero en Uruguay se siguen utilizando otras 43 sustancias químicas altamente tóxicas prohibidas o restringidas en otros países. Es decir que se está apenas en el inicio de un proceso de eliminación de unas sustancias que son, además, perjudiciales económicamente a los agricultores de este país.

Ahora habrá que ver en qué consiste el plan de implementación del Convenio, que el gobierno tiene a estudio. Nosotros aspiramos a que en él estén involucrados no sólo los organismos públicos competentes sino también los diversos actores vinculados a este tema, como las empresas del sector, los agricultores, las gremiales de agricultores, y los sindicatos de trabajadores rurales.

-¿Se sabe cuál ha sido el criterio para prohibir estos nueve agrotóxicos y no otros?

-Estos nueve están comprendidos en el Convenio de Estocolmo, referido específicamente a los COP, sustancias químicas solubles en agua que se acumulan en los tejidos grasos de animales y humanos y causan trastornos endócrinos y otros perjuicios a la salud humana. Otros convenios, como el Protocolo de Montreal, se refieren a sustancias agotadoras de la capa de ozono, como el bromuro de metilo, y otros a otro tipo de productos tóxicos. Hay que actuar a todos los niveles.

-Además del plan de implementación, ¿qué medidas esperan del gobierno y qué acciones deberán seguir organizaciones como UITA, REDES-Amigos de la Tierra y la Red de Acción contra los Plaguicidas-América Latina (RAP-AL), que desde hace años actúan conjuntamente en el estudio y la denuncia de la utilización de estos productos tóxicos?

-Estamos en un buen momento para discutir un nuevo modelo de producción en Uruguay. Tenemos la oportunidad de comenzar a desarrollar políticas agrarias que tengan en cuenta la promoción de la agricultura familiar, la descentralización y la diversificación de la producción, la descentralización de mercados, el desarrollo de tecnologías más amigables con el ambiente, de la agroecología... Podemos ir definiendo una alternativa a un modelo productivo vigente hace tantas décadas, que no sólo utiliza estos agrotóxicos sino que excluye a la mayoría de los agricultores. Está igualmente en juego el tema de la tierra, la identificación de proyectos socialmente incluyentes en el sector rural que apunten a la generación de trabajo de calidad y a la seguridad alimentaria de nuestra gente. En definitiva, estamos en un buen momento para desarrollar políticas más globales en el marco de un nuevo modelo productivo.

-¿El gobierno es sensible a estos planteos?

-Está en esa vía, pero debe tomar conciencia de la urgencia de actuar globalmente. REDES-Amigos de la Tierra, RAP-AL, y la UITA elaboramos recientemente un trabajo sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud de poblaciones vinculadas a actividades agrícolas. El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, una dependencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, registra 1.400 consultas por año por exposición a plaguicidas, y cifras similares maneja el Banco de Seguros del Estado. Eso quiere decir que ya hay evidencias claras, contenidas en informes de organismos públicos, del mal que provocan los plaguicidas.

Rubén Yizmeyián

© Rel-UITA

13 de octubre de 2005