Nicaragua fue el escenario de un encuentro continental que
reunió a 20 organizaciones del sector agroalimentario de 13
países de América y el Caribe, con el objetivo de
reflexionar y debatir sobre varios temas que atañen a la
seguridad y soberanía alimentarias del continente, y
construir una visión y acción común para enfrentar y
transformar la histórica y actual dominación neoliberal a
que están sometidos los trabajadores de la agricultura y la
alimentación.
Respondiendo a la convocatoria hecha por el Frente Nacional
de los Trabajadores (FNT) de Nicaragua, las
organizaciones presentes al encuentro abordaron diferentes
temáticas como el impacto de las políticas neoliberales y
los tratados de libre comercio en el sector agroalimentario,
la situación social del sector rural en América, la
tierra, los recursos naturales y la reforma agraria en el
continente, la producción de agrocombustibles y organismos
genéticamente modificados (OGM) y sus nefastas
consecuencias sobre la soberanía y seguridad alimentarias de
los países, entre otros.
Según
Fredy Franco, miembro de la coordinación nacional del
FNT, “El trabajo que hemos desarrollado en estos dos
días es un primer paso para ir tomando conciencia de la
problemática del sector y para ir articulando estrategias
comunes. Es por eso que se constituyó por consenso un Comité
Coordinador de las tres regiones representadas en el
encuentro -Caribe, Centroamérica y
Sudamérica- que va a ser el instrumento para facilitar
la aplicación de la Declaración de Managua, que se
dio a conocer como resultado de este primer esfuerzo.
Logramos definir -continuó Franco- un planteamiento
político y la estrategia de trabajo frente a los retos que
la actual coyuntura económica y social mundial nos impone”.
Uno de
los temas más controversiales que se abordaron en el
encuentro fue sin duda el de los agrocombustibles. “Hay un
planteamiento de fondo en el que se reconocieron las
organizaciones presentes en este encuentro continental. Para
nosotros es inaceptable estar usando alimentos para producir
combustible, porque no podemos sacrificar a millones de
seres humanos en el mundo, obligarlos a una profundización
del hambre, a una subida vertiginosa del precio de los
alimentos, que se vuelven inalcanzables para la mayoría de
las personas, para garantizar el combustible para el primer
mundo. Sobre ese tema hubo una posición de principio
unánime”, concluyó el miembro del FNT.
La declaración de Managua
Después
de un análisis del contexto actual que viven los países de
América Latina y el Caribe y los trabajadores
y trabajadoras de la agricultura y la alimentación, el
documento aprobado por unanimidad
pide a los Estados y
gobiernos fortalecer su papel regulador, instándolos “a
implementar políticas agroalimentarias y de comercio justo a
nivel local y nacional, consolidando una agricultura
sostenible y sustentable que asegure la soberanía
alimentaria de los pueblos y el uso racional de los recursos
naturales”.
Se les
pidió también que garanticen el acceso de los pequeños y
medianos productores al crédito, a la capacitación y a
mercado seguros, aplicando al mismo tiempo medidas de
protección concretas para grupos sociales vulnerables con
alto riesgo de enfrentar o perecer por desnutrición.
“Reformular
las leyes promulgadas bajo la influencia neoliberal que
promueven prebendas y beneficios a favor de las grandes
transnacionales y exigir el respeto a los derechos laborales
y sindicales de los trabajadores y trabajadoras del sector
agroalimentario”
es otro de los puntos de la Declaración final del encuentro
continental.
Para la
acción unitaria de las organizaciones sindicales, de
trabajadores rurales, campesinos, indígenas, pueblos
ancestrales, cooperativas y sectores sociales vinculados a
la problemática agrícola y alimentaria del continente
americano, la Declaración de Managua pide “impulsar
la reforma agraria, la nacionalización de la tierra y su
colectivización; presionar a los organismos internacionales
para que actúen y garanticen el respeto a las normas
jurídicas relativas a la agricultura, alimentación y medio
ambiente; luchar para la regulación de los precios de
productos básicos de alimentación que favorezcan el acceso
popular”.
Se exigió también la
prohibición total del uso de fertilizantes químicos y
productos nocivos que provoquen la esterilidad de la tierra
y se dio respaldo “a las inversiones conjuntas que aceleren
en nuestra región la producción agrícola y la distribución
de alimentos, basadas en los principios de solidaridad,
cooperación y con firme compromiso y fuerte participación
del Estado a favor de la integración regional”.
En su
parte final, la Declaración rechazó los acuerdos comerciales
de la ronda de Doha y reafirmó la solidaridad de las
organizaciones firmantes con los trabajadores y trabajadoras
de la agricultura y la alimentación del mundo, “que
enfrenten en difíciles condiciones a la voracidad de las
transnacionales y a las políticas neoliberales e
imperialistas”.
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