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Uruguay, país forestal

Un modelo

en Rojo

Ingeniería del saqueo

En el sector forestal, dice a BRECHA Hugo de los Santos, secretario general del SOIMA, los accidentes de trabajo son comunes debido al alto grado de informalidad imperante. La mayoría de las contrataciones son "de palabra", no se aporta al BPS y cuando hay aportes se realizan por 12 o 13 jornales al mes con salarios mínimos.

 

Las remuneraciones son harto bajas: se paga a destajo, tanto por el corte como por el pelado del árbol o tareas conexas. En el mejor de los casos un monteador cortando o pelando árboles de sol a sol puede juntar unos 150 o 180 pesos, pero es habitual que gaste más de la tercera parte del jornal en la comida que le vende el patrón en un almacén montado en el campamento donde viven los trabajadores mientras dura la zafra. Allí generalmente no hay agua potable ni energía eléctrica, no hay camas y se duerme en un saco de dormir o sobre una manta en el suelo. Algunos "privilegiados" improvisan hamacas o poltronas bajo carpas o aripucas precarias construidas con ramas, chapas, cartones y nailon. Hay obreros que al final de una jornada rescatan 50 pesos y hay quienes trabajan por el plato de comida. Trabajar en las forestadoras es tanto o más brutal que "andar a monte".

 

Comedor para trabajadores:

de parado y en el barro

Esta situación es favorecida por la cadena de contratistas y subcontratistas que conforman, según De los Santos, "una fina ingeniería del saqueo". Contratista –explica– "es un gran empresario que sólo tiene una mesa, una secretaria y una computadora, el subcontratista es aquel que va al monte. La empresa contrata a un contratista para que haga tareas de corte, raleo, poda, pelado o lo que sea necesario. El contratista, a su vez, subcontrata. El subcontratista puede contratar obreros o contratar, a su vez, a otro subcontratista. La cadena se hace larga y cuando llega al trabajador el salario es una migaja".

 

En los campamentos el subcontratista trabaja a la par que los demás operarios y en general suele tener amistad con los obreros, "lo que hace más difícil la posibilidad del reclamo".

 

Pero el sindicalista no responsabiliza a los empresarios sino "al Poder Ejecutivo", que no controla la situación ni hace cumplir el decreto 372, ese que obliga a los contratistas a registrarse en el Ministerio de Trabajo y a registrar a los obreros que contrata. El gobierno también es responsable de asimilar el trabajo industrial de los forestales al de los peones rurales: mientras en la industria se paga un salario que promedia los cinco mil pesos mensuales, el ingreso de un peón rural "anda en los 1.200", explicó.

 

Tampoco hay control oficial sobre las irregularidades y las violaciones de los derechos laborales. Según De los Santos el MTSS "está prácticamente desmantelado: no hay rubros para inspecciones (véase entrevista de Carlos Amorín), no hay vehículos, no hay plata para pagar los viáticos de los inspectores y éstos no inspeccionan. En el monte impera la ley de la selva porque las leyes que amparan a los trabajadores no se aplican".

 

Situaciones como las denunciadas "no son la excepción sino la regla", lamentó Anahit Aharonián, vocera del grupo Guayubira. En mayo pasado "denunciamos la situación del trabajador forestal que se encadenó en la plaza de Mercedes mientras con su huelga de hambre reclamaba por sus derechos y los de sus compañeros". El 5 de agosto, también en Tacuarembó, en un predio de la empresa Cofusa, falleció Carlitos Ducasse, golpeado por un árbol. La mayoría de los accidentes se produce por la ausencia de medidas de seguridad y la falta de capacitación de operarios, capataces y contratistas.

 

El trabajo "en negro", por lo demás, dificulta, cuando no imposibilita, los reclamos de asistencia médica y pago de jornales durante el período de recuperación.

Un doble abuso:

por trabajador rural y por pobre

 

El Primer Encuentro de Trabajadores de la Cadena Forestal Maderera, realizado el 22 de octubre en la sede del PIT-CNT, reclamó la instalación de un ámbito tripartito de toda la rama para laudar salarios y condiciones de trabajo en el sector. En el encuentro, la Asociación de Inspectores del Trabajo (AITU) denunció que sólo el 3 por ciento de las inspecciones se realiza en el sector forestal, lo que no permite controlar en forma adecuada el cumplimiento de la legislación vigente.

 

A vía de ejemplo de la plusvalía generada por los trabajadores forestales se divulgó que en un proceso de trabajo que supuso una inversión de 400 mil dólares le fueron encomendados al contratista principal trabajos por 90 mil dólares. Quienes cumplieron las tareas recibieron un total de 2 mil dólares, equivalentes al 0,5 por ciento de la inversión total y al 2,2, de lo percibido por el contratista.

 

Uno de los participantes en el encuentro advirtió que en Cuchilla de la Palma (Tacuarembó) un trabajador fue multado por llegar tarde con la obligación de podar cien árboles.

 

El encuentro proclamó que la negociación colectiva obligatoria para las partes "es una de las formas de superar los abusos laborales a que son sometidos los trabajadores forestales". 

 

 

 © Rel-UITA

 

 

 

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