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La
resistencia de los habitantes de Cuchilla de Rocha, en
Canelones, al avance sojero en la zona, puso en evidencia
diferencias entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca y la intendencia canaria respecto al tipo de
desarrollo productivo deseable para el departamento.
“Che,
me avisaron en el almacén que todo ese movimiento de tierra
que están haciendo es para plantar soja”, le dijo un vecino
de Cuchilla de Rocha a otro hace cuatro meses, cuando
comenzaban los preparativos para la siembra de unas 500
hectáreas que la empresa Calpryca dedicada a la
producción de pollos en consorcio con Agronegocios del
Plata-ADP, empresa argentina con sede en Soriano,
planean concretar en diciembre.
Desde ese momento, preocupados por las consecuencias que el
emprendimiento tendrá en la producción familiar, en la salud
y en la identidad cultural que caracteriza a esta zona
ubicada a cuatro quilómetros de la ciudad de Sauce, un grupo
de vecinos se reúne semanalmente en la capilla de Cuchilla
de Rocha, procurando encontrar mecanismos para “frenar al
monstruo”, como dicen algunos de ellos. De los encuentros
participaron autoridades municipales canarias y del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
“La receptividad al planteo fue muy buena, ellos también
están sensibilizados con el tema, comparten nuestro
sentimiento. Pero aun reconociendo que (el del agronegocio
sojero) no es el tipo de desarrollo productivo que se quiere
para Canelones, no ve una solución muy fácil al tema pero se
comprometieron a buscarla”, dijo a Brecha Cayetano Milesi,
vecino de la zona desde hace 12 años.
Unas 30 personas entre las que hay apicultores, productores
hortícolas y vitícolas y vecinos residentes, participan
activamente, pero en las reuniones semanales han concurrido
hasta un centenar de personas. Los vecinos están realizando
una campaña de recolección de firmas contra la instalación
del emprendimiento que lleva recogidas más de 1.250
adhesiones. Esta declaración fue apoyada unánimemente por la
Junta Local de Sauce, tomada por la Sociedad de Fomento
Villa Nueva que nuclea unas 160 familias y enriquecida con
aportes relativos a una propuesta productiva apropiada para
el departamento.
Vida rural amenazada
Javier
Risso
vive en Cuchilla de Rocha desde que nació hace 48 años; en
su predio de nueve hectáreas produce tomate, morrón, pepino,
lechuga, zapallo y boniato. Considera que la soja
transgénica que se planea sembrar sustituyendo el trigo que
está sembrado actualmente es “un cultivo totalmente
inapropiado para esta zona y para todo Canelones. Emplazar
este monocultivo en estos predios que son pequeños, de 10 o
15 hectáreas como máximo, es totalmente inviable”. Esta zona
densamente poblada -según el último censo hay 1.500
habitantes- se caracteriza por la diversidad productiva: hay
horticultores a campo e invernáculo, fruticultores,
viticultores, productores ganaderos, de animales de granja y
apicultores. “La soja estaría pegada a todos estos cultivos,
por lo cual uno de los problemas importantes va a ser la
fumigación. Sabemos que los controles prácticamente no
existen y tiene que haber daños para poder denunciar. Para
fumigar y que no haya deriva, la velocidad del viento no
puede ser mayor a ocho quilómetros y yo me pregunto si estas
empresas empiezan a fumigar con el viento calmo, y al poco
tiempo se levanta un viento, ¿van a dejar de hacerlo?,
seguramente no”, señala.
Cuenta este vecino que muy cerca hay productores orgánicos
que corren el riesgo de que no les certifiquen la
producción. Además, dice, la empresa mueve la tierra a favor
de la pendiente, “entonces esas aplicaciones van a terminar
en un curso de agua de la que beben animales o pueden ir
directamente a un pozo, un manantial, un arroyo. En Santa
Rosa, la avioneta con la que esta misma empresa fumigó pasó
por arriba de la toma de agua del arroyo Las Toscas que
abastece a Sauce. También fumigaron encima de la escuela 86
de esa localidad. Y vemos que en este tema no hay
sensibilidad ninguna a nivel de los que tienen que tomar
decisiones”.
Milesi
apunta: “Si bien acá la gente usa agrotóxicos en sus campos,
hay un nivel de conciencia y de cuidado con el vecino. Se
respetan unos a otros; quienes aplican los productos toman
recaudos -como observar la dirección y velocidad del viento-
para que no se afecte la salud de la gente. Nos preocupan
estas empresas que no conocen a nadie y nadie los conoce a
ellos y van a hacer su trabajo sin mirar si habrá
consecuencias negativas para la población”.
Risso
había hecho un acuerdo de palabra con el consorcio para
arrendarle su predio, pero al interiorizarse sobre las
consecuencias productivas y sociales que provoca el
agronegocio sojero, decidió dejarlo sin efecto. “Los
productores chicos que arrendaron son tres o cuatro. Más de
300 hectáreas fueron arrendadas a un solo propietario”,
indica. Este vecino se opone al modelo sojero porque “tiene
una importante dosis de especulación”, ya que no hay
inversión en la compra de tierra, pagan arrendamientos caros
y por adelantado, dejando fuera de competencia a la mayoría
de las producciones hortícolas o frutícolas. “Con 200
dólares por hectárea, a veces más, la oferta es tentadora”,
explicó a Brecha el edil departamental del Frente Amplio (pc)
Ubaldo Aita, quien dijo que como vecino de Sauce y
edil departamental coincide “absolutamente con el planteo de
los vecinos porque este tipo de cultivo atenta contra la
vocación productiva y el tipo de organización social del
lugar. La gente se va de la tierra y no vuelve. Y la
vocación productiva de la zona tiene que ver con la
seguridad y soberanía alimentarias. Además están
involucrados recursos naturales como la tierra y el agua.
Por otro lado, la producción extensiva de soja implica el
uso de agroquímicos con medios mecánicos bastante difíciles
de controlar al lado de un predio donde hay frutales u
hortalizas. Por eso vemos la necesidad de hacernos de
recursos normativos para poner un freno a estas cosas en el
departamento”.
Discrepancia
La demanda vecinal pone al descubierto diferencias
sustanciales entre la Intendencia de Canelones y el MGAP
en cuanto al tipo de desarrollo productivo que se quiere
para ese departamento.
Al ser consultado por Brecha, el director de desarrollo
productivo de la comuna canaria, Luis Aldabe,
indicó que en la intendencia están preocupados porque “esta
forma de agricultura extensiva tiene sus inconvenientes en
cuanto al uso del suelo y el manejo de pesticidas”, pero
también implica el riesgo de desplazar la agricultura
familiar. “Ni al intendente ni a la fuerza política que
gobierna le interesa que este tipo de agricultura se
desarrolle. Canelones siempre ha sido la granja nacional;
según información de los censos agropecuarios del MGAP,
tiene más de diez mil explotaciones con un promedio de 38 a
40 hectáreas, por tanto se trata de una pequeña agricultura
muy poblada y trabajada por familias. Nuestro interés es que
la agricultura familiar crezca y se desarrolle. Queremos una
agricultura que dé trabajo a la gente, que sea conservadora
de su salud y bienestar y cuidadosa del ambiente. Por eso
decimos no a este tipo de agricultura que tiende a desplazar
a la producción familiar y que puede causar el deterioro de
los recursos naturales”.
En consonancia, y dando respuesta a los planteos de vecinos
de Cuchilla de Rocha y de la Comisión Nacional de Fomento
Rural (CNFR) en las Mesas de Desarrollo Rural,* el 23
de octubre pasado, la comuna canaria emitió una resolución
(N° 08/06317) que crea una comisión especial para el estudio
del uso del suelo rural en el departamento. Está integrada
por los directores municipales con competencia en el tema,
representantes de la Comisión de Asuntos Rurales de la Junta
Departamental, de la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial (DINOT) y del MGAP. Contará con el
apoyo técnico de la Universidad de la República y el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y habilitará
la participación de vecinos.
Este grupo de trabajo deberá establecer lineamientos para el
uso del suelo rural y criterios sobre las tecnologías de
producción a utilizar en las diferentes zonas del
departamento, según sus recursos naturales, actividad
productiva, residencia de su población y sustentabilidad
ambiental.
La norma remite a la ley de ordenamiento territorial (número
18.308), que otorga potestades a las intendencias para la
categorización de los suelos y su uso con un concepto de
desarrollo sostenible en función de objetivos sociales,
económicos, urbanísticos y ecológicos. Pero la visión de
desarrollo productivo para Canelones que fomenta la
intendencia canaria difiere de la del titular del MGAP,
Ernesto Agazzi, quien al ser consultado por Brecha
indicó que la convivencia entre la producción familiar y el
monocultivo sojero “es posible y es histórica en Uruguay,
donde hemos tenido una agricultura familiar combinada con
agricultura más empresarial. El mapa de Uruguay está
lleno de agricultura empresarial coexistiendo con
agricultura familiar. La posición política del Ministerio es
que la agricultura empresarial capitalista no sea la
agricultura viable dejando a la vera del camino a los
pequeños productores por inviables. Todos nuestros programas
son para fortalecer a los agricultores familiares. Hoy hay
una política de coexistencia entre muy pequeños productores
de subsistencia, productores familiares y productores
empresariales”.
Cabe destacar que según un trabajo de los docentes del
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de
Agronomía, Pedro Arbeletche y Carolina Carballo**,
en los últimos años, 47 por ciento de los productores
familiares agrícola-lecheros han abandonado la agricultura
debido al avance sojero.
Enterado de la postura municipal, Agazzi dijo a este
semanario que “la intendencia no puede prohibir que un
empresario plante soja. No hay herramientas para hacerlo. La
soja no es mala, el problema es la forma de organizarla y la
tecnología, pero hay casos de soja orgánica en Soriano, por
ejemplo. Además, se habla mucho del monocultivo y casi toda
la agricultura es monocultivo, como el maíz, el trigo y el
girasol. Que sea monocultivo no es un pecado y que sea soja
tampoco. Ahora, si se agreden los recursos naturales porque
no se conserva el suelo, si se usan herbicidas a todo trapo
y no se respetan los centros poblados; ahí el problema no es
la soja sino una forma capitalista, angurrienta de organizar
la producción que no respeta los derechos de toda la
sociedad”.
Atendiendo a ello, y haciendo mención explícita a la
producción de soja, el 21 de agosto de este año, el
presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto (405/008)
que define las buenas prácticas productivas dirigidas a
preservar la calidad de suelos y aguas partiendo de la base
de que “las nuevas tendencias de intensificación del uso del
suelo que se están dando en forma progresiva conducen a
aumentar el riesgo de erosión y degradación, así como la
pérdida de fertilidad y características estructurales del
suelo”. La norma obliga a las empresas a presentar un plan
de uso y manejo responsable del suelo.
Opciones Legales
Algunos vecinos consideran “histórica” la resolución
municipal, interpretándola como una buena señal política,
aunque en los hechos esta herramienta no podrá frenar el
monocultivo previsto para Cuchilla de Rocha ni ningún otro
que se quiera radicar en Canelones, puesto que a la comisión
no se le otorgan facultades resolutivas.
Sin embargo, según asegura Aita, basándose en el
artículo 24 de la ley de ordenamiento territorial,*** “lo
que se definió a nivel de la fuerza política de Canelones en
conversaciones con el MGAP y la DINOT es
concretar medidas cautelares para la zona que pospongan la
siembra en tanto no exista la norma definitiva que regule el
uso del suelo en el departamento”. Aldabe aclaró que
“si bien la ley incluye la posibilidad de adoptar medidas
cautelares, eso por ahora es solamente una posibilidad y
podría resolverla la comisión creada cuando estén avanzados
los estudios sobre el uso del suelo. Estamos tratando de
poner rápidamente la comisión en funcionamiento y
paralelamente estamos trabajando en el sentido de generar
información que permita nutrirla, ya que toda medida que se
proponga debe tener fundamentación. Las recomendaciones que
efectúe la comisión serían luego tomadas por el intendente,
quien las elevaría a la Junta Departamental para su
votación. De todas maneras, la ley también habilita a la
Junta a adoptar esas medidas”.
Sin embargo Agazzi discrepa con esa posibilidad al
opinar que “porque a cualquiera se le ocurra que no se
pueden plantar manzanas ahí enfrente, no se va a prohibir
cautelarmente la plantación de manzanas”.
Javier
Palummo,
abogado de Redes Amigos de la Tierra, ha evacuado consultas
de los vecinos sobre posibles acciones legales. Según dijo a
Brecha, se le podría solicitar a la justicia la adopción de
medidas cautelares, pero eso requeriría “una prueba
importante y una muy buena justificación ya que esa medida
afectaría derechos de terceros”. Otra posibilidad, explicó,
es que “un representante del Ministerio Público (fiscal)
presente la acción en representación de los intereses
difusos”. Según Palummo, la vía más segura y rápida
para prohibir la producción de soja en Cuchilla de Rocha
sería que la Junta Departamental aprobara un decreto que
tendría fuerza de ley en su jurisdicción. Pero Aita
admite que eso “no se ha discutido a nivel de los ediles del
FA”.
Virginia Matos
Tomado de
Brecha
17 de
noviembre de 2008
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