La movilización de los cañeros no tendrá siglas ni será exclusiva de alguna organización, ya que la exigencia de promulgar la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar involucra a 12 millones de personas que viven directa e indirectamente del cultivo e industrialización de la gramínea, puntualizó Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Antonio Ruiz García, aseveró que "el veto, técnicamente hablando, no necesariamente existe. El Ejecutivo puede presentar sus observaciones a la ley cañera al inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados".

En la conferencia de prensa matutina en Los Pinos, Ruiz García afirmó que existen las condiciones para sostener un diálogo con los productores. Agregó que en este gobierno, particularmente en el sector agropecuario, ha "habido temas que nos han polarizado, pero también hemos demostrado, gobierno, sociedad y actores rurales, que podemos encontrar soluciones juntos". Lo importante es crear condiciones para que concurra la inversión al sector cañero.

Los grupos de cañeros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la CNPR se reunirán hoy desde temprano en el Monumento a la Revolución y se dirigirán a la Sagarpa; antes harán un breve alto en la Secretaría de Gobernación. Ayer, los dirigentes de ambas organizaciones evaluaban la posibilidad de que el contingente se traslade la noche de hoy a Los Pinos, en donde pernoctarían, y el jueves retornar a sus respectivos lugares de origen.

A la movilización en repudio al virtual veto presidencial a la ley cañera se sumarán los diputados y senadores del sector campesino del PRI, y están invitados los gobernadores de los 15 estados productores de caña, informaron la CNC y la CNPR. Ambos grupos consideraron insuficiente la respuesta del gobierno de retirar temporalmente los contratos individuales impulsados por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. "En los diálogos con Sagarpa no hubo nada nuevo; mantiene su postura de sostener un esquema inviable para el sector, carente de una visión de desarrollo", abundó Blackaller Ayala.

En Veracruz, el presidente la Comisión Especial de la Caña de Azúcar en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Hernández Torres, dijo que el veto presidencial responde a las presiones del sector industrial y de las grandes empresas comercializadoras del dulce. Se espera, dijo, la participación de aproximadamente 25 mil agricultores que reclamarán a Fox Quesada el daño que se le hará al sector al impedir que entre en vigor la mencionada legislación. "Estamos en pie de lucha, y los diputados, representantes populares y campesinos vamos a exigirle al gobierno que no pretenda cobrar la factura al primer eslabón de la agroindustria azucarera, que son los productores agrícolas".

Ayer, de Jalisco salieron centenares de productores para sumarse a la movilización en la ciudad de México, explicó el secretario general de los cañeros del municipio de Tala, Gregorio Evangelista Miranda.

La Jornada
27 de julio 2005