Perú

Desde el 18 de marzo los 300 trabajadores de la cervecería Backus y Johnston de Perú se encuentran en huelga. Esa medida es el corolario de un largo período de infructuosas negociaciones entre el sindicato y la empresa para actualizar los alicaídos salarios.

En el tramo final de las negociaciones la empresa ofreció, aparentemente en un gran esfuerzo, la suma de 1 sol con 10 centavos –algo así como 30 centavos de dólar– al día por trabajador.

Más de un lector podrá pensar en lo que habitualmente dicen nuestros gobernantes, que si no damos condiciones para la inversión los capitales no vienen a nuestros países, que uno de nuestros principales problemas para captar inversiones es el alto costo de la mano de obra y así por delante. En el caso concreto de Perú, país que en la década del gobierno de Fujimori se hiciera tanto por incrementar el informalismo, despidiendo trabajadores públicos de todos los sectores y facilitando la tan famosa y “moderna” flexibilización laboral, más de uno se sentiría feliz con semejante aumento y puede llegar a considerar que los trabajadores de Backus y Johnston son exagerados en sus reclamos.

Pero resulta que entre los accionistas está el Grupo Empresarial Bavaria de Colombia (del cual hablaremos en otra entrega) y el grupo Cisneros, uno de los más fuertes del continente, según la revista Poder el más rico entre los latinoamericanos, dueño de 72 empresas que operan en 80 países, entre las que hay medios de comunicación y televisión por suscripción, como Univisión, Venevisión, Direct TV Latin America y AOL Latin America, cadenas de supermercados y de servicios de comida, Pizza Hut Venezuela y Backus y Johnston, por citar solo algunas. Resulta, entonces, difícil de creer que los 300 trabajadores de la cervecería peruana puedan poner en riesgo la estabilidad económica y financiera del inversor.

Pero veamos con más detalle la propuesta de la empresa y los números de la misma.

Si el sindicato aceptara la oferta que mencionábamos antes y estos costos no fueran trasladados a los consumidores, como sucede habitualmente, la empresa debería desembolsar la impresionante suma de 90 dólares diarios más para hacer frente a ese compromiso. Eso significaría unos 2.250 dólares al mes, y en el año, aún suponiendo leyes sociales e impuestos, no pasaría de los 30.000 dólares.

Para muchos latinoamericanos esa es una cifra impresionante, con ella podríamos comprarnos una casa o resolver más de uno de esos problemas que venimos postergando desde hace años. Pero para esta empresa, y hablando exclusivamente de la cervecería Backus y Johnston, no de los números del grupo Cisneros, estamos hablando de caja chica.

Según los datos aportados por la propia empresa, al 30 de setiembre de 2003 había registrado ventas netas por 208.7 millones de dólares lo que marca un leve descenso con respecto al 2002. Esa misma información atribuye el descenso al aumento del Impuesto Selectivo al Consumo establecido por el gobierno.

Una vez más nos preocupamos por la suerte de este pobre inversor acosado por el gobierno y el sindicato.

Pero si seguimos leyendo la empresa nos informa que la utilidad neta en ese período alcanzó la cifra de 52 millones de dólares, lo que significó un incremento del 18 % con respecto al período anterior.

Sobre lo que no es demasiado explícita la información es sobre cómo la disminución del 2% en las ventas se convirtió en 18% de ganancia en las utilidades. Se hace referencia a un incremento de otros ingresos financieros, pero parece un poco exagerado suponer que eso sea suficiente para explicar esa diferencia, de lo contrario deberíamos suponer que, en realidad, Backus y Johnston es una financiera que funciona con la fachada de una cervecería. 

A falta de información nos inclinamos a suponer que cambios en la tecnología y deterioro de la masa salarial pagada en la producción tienen algo que ver en ese resultado.

Pero volvamos sobre la negociación salarial, más arriba señalábamos que el aumento ofrecido le significaba a la empresa el desembolso de unos 30.000 dólares más al año, esto quiere decir que, en el peor de los casos la empresa vería disminuidas sus utilidades en un 0.0006 %.

Verdaderamente, es fácil explicarse porque, con empresas con tal grado de responsabilidad social, nuestros países siguen teniendo a buena parte de su población por debajo de la línea de pobreza. Lo que no resulta tan fácil de entender es por qué Backus y Johnston se niega a negociar seriamente con sus trabajadores y por qué el Ministerio de Trabajo de Perú demora tanto en asumir una actitud decidida que permita resolver este problema.

Ariel Celiberti

© Rel-UITA

31 de marzo de 2004