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El pasado
miércoles 22, en el Paraninfo de la
Universidad de la República, en Montevideo,
el Movimiento de Justicia
y Derechos Humanos (MJDH), de Porto Alegre y
la Rel-UITA dieron inicio a la “Campaña
Internacional por la Extradición de Manuel
Cordero”,
cuyo caso está siendo procesado en la
justicia brasileña.
La campaña contó con el apoyo y participación de la Comisión
de Derechos Humanos de la Central de
Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT),
el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ),
los Familiares de Detenidos Desaparecidos,
La Asociación de ex presos políticos del
Uruguay (Crysol), Amnistía
Internacional, la Federación Unificadora de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM),
el Centro de Estudiantes de Derecho (CED-FEUU),
la Casa Bertolt Brecht, y
Extensión Universitaria.
Sirel
dialogó con Jair Krischke, del
MJDH, para conocer la importancia y los
detalles de esta campaña
-¿Por qué es necesaria esta campaña por la
extradición de Manuel Cordero?
-La decisión sobre esta extradición la tiene el Supremo
Tribunal Federal de Brasil.
Cordero está acusado por la justicia
argentina, entre otros delitos, del
secuestro y desaparición del uruguayo
Adalberto Soba en Buenos Aires,
en 1976, en el marco de la llamada “Plan
Cóndor”, una coordinación represiva
clandestina en la cual participaron las
Fuerzas Armadas y policiales de varios
países latinoamericanos. El juicio empezó el
pasado 11 de septiembre. Primero el ministro
relator de la causa, Marco Aurelio,
informó al Tribunal sobre el caso y
fundamentó su voto. En su intervención dijo
algunas cosas muy sorprendentes, como por
ejemplo que “nadie puede estar desaparecido
durante 32 años”. Y continuó especulando
acerca de que parece claro que el
desaparecido, en realidad, está muerto, y si
fue asesinado se trata entonces de un
homicidio. En ese caso, estimó Marco
Aurelio, el delito ya prescribió. Agregó
que la figura de “desaparición” no existe en
el Código Penal brasileño y por tanto no se
puede extraditar a alguien acusado de un
crimen que no existe en Brasil.
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Jair Krischke y Roger
Rodríguez |
-¿Brasil no es firmante de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas de 1994?
-Claro que sí, pero como aún no la ratificó, este Ministro
estima que no es aplicable. Pero enseguida
quedó claro que Marco Aurelio votó
sobre este caso pensando en otros, en la Ley
de Amnistía aprobada por la dictadura en
1979 con la cual hasta ahora se aseguró la
impunidad en relación con los delitos de
lesa humanidad que cometieron la fuerzas
represivas de la época. Marco Aurelio
dice que reconocer la desaparición como un
delito en el caso de Soba echaría por
tierra la amnistía “reabriendo viejas
heridas”. Afirmó que la amnistía instauró la
paz en la sociedad.
Otra cosa muy llamativa es que cada vez que Marco Aurelio
se refirió a Soba lo ubicó como
ciudadano argentino, lo que da una pauta de
la escasa atención con la cual el Ministro
leyó el expediente.
Luego votó la ministra Cármen Lúcia, que dijo
acompañar al Ministro relator pero que no se
“compromete con el tema de la amnistía”.
Esta es una explicación incomprensible, o
mejor, increíble, porque en los hechos la
ministra Lúcia sí se compromete con
la amnistía de la dictadura.
A continuación se expresó el ministro Menezes Direito,
una persona que le hace honor a su apellido
porque sus posiciones siempre reflejan la
ideología de la derecha, y apoyó a Marco
Aurelio.
El siguiente Ministro en votar, Eros Grau, por su
parte, afirmó que no le gusta tener que
votar sobre este tema, pero que también
apoya al Ministro relator.
El ministro Ricardo Lewandowski, sin embargo, votó
apoyando la posición del Fiscal de la Nación
quien pidió la extradición por secuestro con
desaparición.
Por último, empezó a votar el ministro Cezar Peluso,
vicepresidente del Tribunal, quien expresó
que le “cuesta aceptar la figura de
homicidio sin cadáver”, y “pide vistas”, lo
que en la jerga jurídica significa que
reclama todo el expediente para estudiarlo.
-Esto detuvo la votación…
-La interrumpió, porque ahora debe ser el ministro Peluso
quien le dé continuidad al proceso. Pero la
burocracia judicial brasileña es como las
demás, y para que el expediente saliera del
despacho del relator Marco Aurelio y
llegara al de Peluso se demoró 19
días. Éste lo va a estudiar sin un plazo
limitado, y cuando entienda que ha tomado
posición fundamentada comunicará al
Presidente del Tribunal que puede colocar el
tema en la agenda para una futura sesión.
Quiere decir que no se sabe cuándo se
reiniciará la votación. Debemos tener
presente que hasta que ella se cierre de
manera definitiva, todos los Ministros
tienen la opción de cambiar su voto. Por
esto la campaña es doblemente importante,
porque es necesario que los que aún no
votaron se enteren de lo que piensa la
sociedad, y porque los que ya lo hicieron
aún pueden cambiar de opinión.
-¿Cuántos Ministros tiene el Supremo
Tribunal?
-Tiene diez Ministros y el Presidente, que es quien desempata
las votaciones. Quiere decir que faltan aún
seis votos.
-¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un
voto negativo a la extradición de Cordero?
-Pueden ser muy graves y repercutirán en todo el Cono Sur de
América. Brasil se colocaría
en contramano de la historia, porque en
Uruguay hay dos ex Presidentes y un ex
Ministro de Relaciones Exteriores en
prisión, además de varios altos oficiales
retirados del Ejército; lo mismo ocurre en
Argentina, desde Rafael Videla
para abajo hay más de 100 militares
cumpliendo pena; otro tanto, aunque en menor
escala, sucede en Chile, mientras que
en Brasil no se ha incomodado ni al
cabo de la guardia del cuartel más
insignificante del país.
Es claro que si este Tribunal niega la extradición, Brasil
se convertirá en la cueva, en el refugio de
todos los criminales de lesa humanidad de la
región y del mundo. Ya tuvimos viviendo en
Brasil hasta sus últimos días a
Alfredo Stroessner; Manuel Cordero
también se instaló huyendo de las justicias
uruguaya y argentina, y hace dos semanas se
detectó la presencia en territorio brasileño
del ex mayor del Ejército argentino
Norberto Raúl Tozzo, responsabilizado
por crímenes de lesa humanidad.
Aprovecho esta entrevista para anunciar que hoy, lunes 27, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
se reúne para examinar una denuncia
proveniente de Brasil acerca de que
la Ley de Amnistía brasileña pone graves
obstáculos a la justicia del país. Esta
denuncia es patrocinada por el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL,
por sus siglas en inglés).
-¿Qué objetivo se espera alcanzar con la
campaña?
-Queremos que la sociedad le exprese al Supremo Tribunal de
Brasil que está equivocado, no sólo
en el caso Cordero, sino creando este
territorio de impunidad, porque está más
preocupado en proteger la amnistía de los
militares brasileños que en impartir
justicia.
El tribunal debe saber que no sólo Brasil, sino
América y todo el mundo repudiamos esta
posición, y que tienen la oportunidad de
cambiar la situación.
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