La justicia brasileña decidió, luego de cinco años de su fuga de Uruguay, que el coronel Juan Manuel Cordero Piacentini sea extraditado a Argentina para responder por crímenes de lesa humanidad. Tres fotos, una carta y un video reflejan la particular historia de un trámite de extradición que quiebra la impunidad de los torturadores en el Cono Sur de América

 

 

2003: EL DISFRAZ

 

El coronel Manuel Cordero se tapa la boca con una bufanda, cubre su cabeza con un sombrero y esconde sus ojos detrás de gruesos lentes de aumento. Es el mes de agosto de 2003 y el militar uruguayo oculta su identidad al comparecer por primera vez ante un juzgado penal que lo indaga por declaraciones consideradas “apología de la tortura”.

 

Cordero disfrutaba entonces de toda la impunidad que a los represores uruguayos les otorgaba la ley de caducidad aprobada por el presidente Julio María Sanguinetti a la salida de la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985. Cordero había defendido en una entrevista la tortura que él mismo practicó en los años de la represión.

 

La defensa del militar había interpuesto todo tipo de recursos jurídicos, desde diciembre de 2001, cuando se inició la causa. Esta vez, Cordero afirma que el juez actuante, José Balcaldi fue funcionario policial en la dictadura y dice que no está dispuesto a declarar ante un “ex subordinado”.

 

Balcaldi archiva el caso y abre uno nuevo acusando a Cordero de “desacato con ofensa”, pero la causa no se procesa. La defensa de Cordero presenta nuevas dilatorias y Cordero termina por huir de Uruguay en julio de 2004. Así lo explica su hija en el mes de agosto, cuando dos policías concurren a su domicilio para llevarlo ante el juez.

 

2005: DESDE LEJOS

 

El coronel Manuel Cordero aparece de perfil en una foto que desde lejos le toma un reportero de la revista Caras y Caretas. Su presencia en Santana do Livramento había sido detectada un mes antes por el activista en derechos humanos Jair Krischke, pero la información se filtró a la prensa antes de que se cerrara el cerco. Es febrero de 2005.

 

El delito de “desacato por ofensa” por el cual podía requerirlo Uruguay sólo tiene una pena de dos años de prisión, menos de lo exigido por el Tratado del Mercosur para que la extradición sea tramitada. Impune en Uruguay, sólo podría ser detenido si se lograba un pedido de extradición desde Argentina donde el militar secuestró, torturó y asesinó.

 

Cordero vuelve a desaparecer, a la vez que su defensa solicita a Brasil su asilo político, en un expediente que duerme en la burocracia del Ministerio de Justicia antes de llegar a ser rechazado. Cordero deja sus huellas en São Paulo donde habría sido sometido a una intervención quirúrgica. Se teme que haya huido a Paraguay.

 

Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, sigue la pista del prófugo y lo encuentra, otra vez, en Santana do Livramento. Cordero debía firmar mensualmente un “certificado de vida” para cobrar su jubilación militar y el gobierno uruguayo de Jorge Batlle autorizó cada mes el pago. La impunidad seguía amparándolo.

 

2007: LA MUECA

 

El coronel Manuel Cordero baja un párpado y hace una mueca con la boca para desfigurar su rostro y burlarse de la cámara fotográfica en el momento en que la Policía Federal toma su foto al ficharlo. Es el mes de febrero de 2007. Había sido detenido ante un pedido de extradición del juez federal argentino Guillermo Montenegro.

Esta vez, Krischke había logrado denunciar a la justicia argentina la presencia del militar en la fronteriza ciudad brasileña. Montenegro tenía a su cargo la causa sobre la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor practicada por las dictaduras militares del Cono Sur en los años setenta. No dudó en reclamar al represor uruguayo.

 

Cordero ya había sido requerido por Argentina en los años ochenta cuando su participación en Buenos Aires fue confirmada. El militar uruguayo actuó en el centro clandestino de represión “Automotores Orletti”, nido del Plan Cóndor en Argentina, donde fueron secuestrados cientos de latinoamericanos que terminaron desaparecidos.

 

La defensa del militar alegó que había sido indultado durante el gobierno de Carlos Menem, pero el indulto había caído junto a las leyes de obediencia debida y punto final en Argentina. El trámite de la Extradición Nº 974 se demora dos años en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Otra impunidad estaba amparando ahora a Cordero.

 

2008: UNA CARTA

 

“En sus manos, Usted, un ser humano como yo, tiene el poder de hacer justicia al permitir que otros jueces, de otros países, bajo las normas legales que sus pueblos se han dado, puedan también hacer justicia. Porque de eso se trata, señor Ministro, de buscar la verdad y hacer justicia”, reza la carta enviada al ministro Gilmar Mendes.

 

La carta enviada en octubre de 2008 al presidente del Supremo Tribunal Federal es el eje de la Campaña Internacional realizada por Rel-UITA a la que adhieren más de tres mil personalidades, como el escritor Eduardo Galeano y el poeta Juan Gelman.

 

La extradición de Cordero había sido demorada, hasta que en setiembre de 2008, el ministro relator Marco Aurelio de Melo aboga en el STF por no conceder el pedido ni a Argentina ni a Uruguay, donde también lo reclamaban por varios casos de desaparición forzada. La votación queda 4 a 1 en contra de la solicitud

 

Marco Aurelio apoya la impunidad de Cordero para que en Brasil no se discuta el tema “desaparecidos” ni la Ley de Amnistía que desde 1979 daba impunidad a sus propios militares, pero a fines de octubre el ministro Cézar Peluso cambia la votación en 5 a 2 para la extradición al alegar que la desaparición es un crimen imprescriptible y punible.

 

2009: EL VIDEO

 

El coronel Manuel Cordero es filmado cuando sale de su casa en Santana do Livramento con una caja de cigarrillos en su mano y fumando. Cuando ve la cámara huye corriendo para meterse en su domicilio. Es abril de 2009. Cordero disfrutaba de una “prisión domiciliaria” porque supuestamente sería sometido a una cirugía cardíaca.

 

Cordero había estado preso durante meses en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Porto Alegre y luego pasó a la Región Militar Nº 2 de Santana do Livramento. La prisión domiciliaria fue concedida por “razones humanitarias” antes de que su extradición terminara de votarse en el Supremo Tribunal Federal.

 

El video de Cordero se constituye en la gota (o la imagen) que desborda el vaso, cuando Jair Krischke la exhibe durante un seminario en São Paulo ante varios fiscales estaduales. El Supremo Tribunal Federal ordena a la Policía Federal indagar sobre las condiciones de reclusión del militar uruguayo.

 

Finalmente, este 6 de agosto de 2009, el ministro Eros Grau dio el voto definitivo en el STF para que Cordero se extradite a Argentina. Será el primer militar uruguayo juzgado en ese país. El caso dejó abierta la posibilidad de que en Brasil también se juzguen los crímenes de lesa humanidad. La próxima imagen de Cordero, será detrás de las rejas.