Solicitó salir de la Brigada Militar Nº
2 de Santana de Livramento para realizar
exámenes médicos. El reclamo se produce
cuando hay expectativa por la decisión
del ministro Eros Grau del STF de
Brasil, quien puede definir su
extradición. La votación está 5 a 2 y
faltan tres votos.
Coronel Cordero,
está requerido por tres jueces de
Argentina y un juez uruguayo. El
torturador uruguayo Manuel Cordero
Piacentini, preso en Brasil
desde febrero de 2007, solicitó al
Supremo Tribunal Federal, máximo órgano
de justicia brasileño, que se le conceda
la prisión domiciliaria y se le permita
salir de su actual prisión en la Brigada
Militar Nº 2 de Santana do Livramento,
con el argumento de que debe tratar
problemas de salud y realizarse exámenes
médicos.
La solicitud de la
defensa del militar, que ingresó al
expediente el pasado 2 de diciembre,
será decidida por el magistrado Marco
Aurelio de Melo, ministro relator
del expediente de extradición Nº 974,
quien ya se pronunció en contra de
entregar al coronel uruguayo a la
justicia de Argentina o
Uruguay, donde se le requiere por
crímenes de lesa humanidad durante las
dictaduras de los años setenta en el
Cono Sur.
Desde su captura por
Interpol en la propia localidad
fronteriza con la ciudad de Rivera, el
torturador uruguayo ha ensayado en
reiteradas ocasiones el motivo sanitario
para obtener mejores condiciones para
una reclusión que ya ha pasado por la
sede de la Policía Federal y un hospital
de Porto Alegre y la penitenciaría
estadual y la brigada de la Policía
Militar de Santana. Cordero fue
requerido por tres jueces federales de
Argentina, quienes indagan los
casos de la coordinación represiva
conocida como Plan Cóndor, las
violaciones a los derechos humanos en el
centro clandestino de torturas
Automotores Orletti de Buenos Aires
donde decenas de uruguayos fueron
desaparecidos y la privación de
identidad de varios niños secuestrados
que fueron entregados a familias de
policías y militares.
La
decisión de Eros
Las organizaciones
internacionales de derechos humanos y
los juristas de Brasil aguardan
expectantes una doble decisión que
Grau del Supremo Tribunal Federal (STF),
máximo órgano judicial brasileño, quien
debe opinar sobre un recurso contra la
Ley de Amnistía de 1979 y respecto a la
extradición del coronel uruguayo
Manuel Cordero, requerido por
crímenes de lesa humanidad.
Los dos pronunciamientos
del ministro Grau aparecen
relacionados en la interna política de
Brasil, donde nunca se ha
indagado sobre las violaciones a los
derechos humanos de la dictadura que
gobernó entre 1964 y 1985.
El voto "positivo" de
Grau en cualquiera de los dos casos
podría determinar una apertura de las
investigaciones judiciales sobre lo
ocurrido en el régimen militar que dejó
un saldo de más de 300 desaparecidos.
Grau
es el "relator" (encargado del estudio y
exposición al plenario del STF)
de una causa iniciada por la Orden de
Abogados de Brasil (OAB), en la
que se cuestiona la interpretación de la
autoimpuesta Amnistía de 1979, que se ha
aplicado como un "perdón" a víctimas y
victimarios de la dictadura que en 1964
derrocó al presidente Joao Goulart,
quien en 1976 murió de un infarto que
hoy se sospecha asesinato.
A la vez, el ministro
Grau es quien, el pasado 30 de
octubre, pidió "vista" del expediente
sobre el torturador Manuel Cordero
y pospuso, por segunda vez, una decisión
del Supremo Tribunal Federal, donde se
comenzaba a modificar, a favor de la
extradición, la relación de votos que en
una primera sesión del 11 de setiembre
parecía rechazar los requerimientos de
la justicia de Argentina y
Uruguay.
"La
espuria facultad"
La decisión de Eros
Grau comenzó a generar expectativa
en los medios de comunicación de
Brasil, que hasta el momento había
informado con muy bajo perfil los temas
relacionados con los crímenes de la
dictadura. Días atrás, el prestigioso
Folha de São Paulo publicó una columna
de la catedrática de derechos
internacional Deisy Ventura, que
bajo el título de "Terrorismo de Estado"
alerta la situación planteada.
"Cabrá entonces al STF
decidir no solo sobre la posibilidad de
juzgar agentes públicos por los crímenes
contra la humanidad practicados durante
la dictadura militar brasileña, como
también ejercer la espuria facultad de
impedir que países vecinos hagan lo
mismo en relación a sus acusados",
sostiene Ventura, quien destaca
las más de 3.500 firmas que desde 38
países apoyan la campaña internacional
por la extradición de Cordero.
La votación está 5 a 2 y
faltan tres votos. Graus decide
si suma su voto a los de Ricardo
Lewandowski, Cezar Peluso,
Joaquim Barbosa, Carlos Ayres
Britto y Cármen Lúcia, que ya
se pronunciaron por la extradición de
Cordero, o se unirá a la negativa de
Marco Aurelio de Mello y
Carlos Menezes Direito.
Los ministros Celso de
Mello y Ellen Gracie aún no
votaron. Si hay empate decide el
presidente del STF, Gilmar
Mendes.
Roger
Rodríguez
Tomado de La República
15 de diciembre de 2008
