El coronel Manuel Cordero, responsable del Caso Gelman, será extraditado desde Brasil

 

El coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini, uno de los más sanguinarios torturadores del centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, depende de la firma del presidente brasileño Lula para ser extraditado desde Porto Alegre y someterse a la Justicia argentina por hechos de los que fueron víctimas ciudadanos uruguayos, y el secuestro y desaparición de María Claudia Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman.

 

“Para tener éxito en el combate irregular, hay que usar métodos que escapan a la guerra regular y a normas jurídicas, como los Tratados de Ginebra. Es la única manera. Estados Unidos lo está preconizando y su Congreso por unanimidad lo facilita”. Con estas declaraciones al semanario uruguayo Búsqueda en noviembre de 2001 –plena ofensiva de George Bush contra los gobiernos de Medio Oriente–, Cordero Piacentini reconoció sus delitos de lesa humanidad en los años setenta. En ese mismo reportaje el militar confirmó que se refería a la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas “para combatir al terrorismo” en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas que se extendió hasta la década siguiente.

 

Desde entonces inició un periplo de fugas que finalizó el 6 de agosto pasado cuando el Superior Tribunal de Justicia de Brasil decidió por seis votos contra dos su extradición hacia Buenos Aires. Cordero está imputado en dos causas cuyas delimitaciones legales aún están por resolverse. Los magistrados brasileños aceptaron las acusaciones por la desaparición de los militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti, Jorge Zaffaroni y de la ciudadana argentina María Claudia Irureta Goyena García de Gelman, pareja de Marcelo Gelman, hijo del renombrado poeta argentino Juan Gelman. 

 

Marcelo y María Claudia desaparecieron en Automotores Orletti. El cuerpo del joven fue hallado a mediados de 1989 dentro de un tanque metálico, en la localidad de Tigre. María Claudia sigue desaparecida, aunque se sabe que al momento de su secuestro estaba embarazada de siete meses y que fue finalmente trasladada a Montevideo, donde tras dar a luz desapareció. Su hija, Macarena, fue recuperada por sus abuelos paternos Juan Gelman y Berta Shubaroff en el año 2000.

 

Laberinto judicial. Todos los desaparecidos por los que la justicia brasileña aceptó la extradición de Cordero pasaron por el centro clandestino de detención Automotores Orletti que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 y estaba al mando directo de la Side. Por allí pasaron detenidos políticos argentinos, chilenos, uruguayos, cubanos, bolivianos y brasileños. De ello se desprende que allí también actuaron militares y policías de cada uno de esos países. Orletti estaba en manos del general Otto Paladino y el temible Aníbal Gordon como responsable operativo. Por los casi setenta detenidos uruguayos, visitaban periódicamente el lugar una docena de militares uruguayos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), responsables de secuestrarlos y torturarlos en Orletti; entre ellos Cordero. Sin embargo, entre septiembre y octubre de 1976 se produjeron dos vuelos desde Aeroparque hacia Montevideo en los que fueron trasladados unos 30 detenidos, incluyendo a María Claudia. Entre los represores uruguayos responsables del traslado figuraban el teniente coronel José Gavazzo y Cordero. Eran los oficiales de mayor jerarquía dentro de la patota oriental que actuó en Buenos Aires.

 

Entre los juicios por delitos de lesa humanidad sustanciados en Argentina, el juez federal Daniel Rafecas se encargó de la sub causa del Primer Cuerpo de Ejército, referida a  Automotores Orletti, en tanto que su colega Norberto Oyarbide subroga la causa denominada Plan Cóndor. Su antecesor en el caso es el actual secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien en 2005 libró orden de captura internacional contra la patota uruguaya de Orletti, responsable junto al staff del centro clandestino, de la desaparición de María Claudia, Carlos y Manuela Santucho –hermanos del líder del ERP, Mario Roberto Santucho– y los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

 

La apología. Luego de la confesión periodística de Cordero un fiscal montevideano actuando de oficio lo denunció por apología de la tortura. Sus crímenes cometidos en Uruguay siguen impunes gracias a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, en 1989. La norma será sometida a plebiscito popular en las próximas elecciones presidenciales el 25 de octubre y según las encuestas el 63 por ciento de los uruguayos votaría por su derogación. Sólo entonces vendrían los juicios por crímenes cometidos por los militares uruguayos durante la dictadura.

 

Con la excusa de problemas de salud, Cordero decidió no acatar los llamados del juez y se fugó. Mientras todas las miradas apuntaban a Paraguay como guarida del represor auxiliado por viejos aliados del Plan Cóndor, el abogado y líder del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Porto Alegre, Jair Krischke, lo detectó el 13 de enero de 2005 en Santana Do Livramento, ciudad brasileña fronteriza con la uruguaya Rivera.

 

Casado desde 1977 con una brasileña, el prófugo buscó refugio en casa de su cuñado y mediante un escribano puso todos sus bienes a nombre de su nueva familia. No sólo eso: siguió cobrando su jubilación como militar retirado con un trámite tramposo. Cada seis meses, el consulado uruguayo en Río Grande do Sul extendía un “certificado de existencia”, condición necesaria para que el Estado reconociera sus derechos económicos y pagara a su hija en la sucursal del Banco República de Rivera su jubilación militar. La maniobra contaba con la connivencia del gobierno del entonces presidente Jorge Batlle y su canciller Didier Opertti, quien autorizaba al cónsul uruguayo en Río Grande do Sul a expedir el certificado.

 

Sólo con la llegada del gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez y su canciller Reinaldo Gargano, la maniobra fue desbaratada y Cordero terminó detenido por la Policía Federal brasileña cuando salía del consulado el 27 de febrero de 2007. Su abogado Roberto Favero lo intentó todo: presentarlo como un perseguido político por el gobierno de Vázquez hasta solicitar lisa y llanamente el asilo político denegado sin titubeos por el presidente Lula.

 

Desde entonces Cordero pasó sus días en la cárcel de Livramento hasta que el pasado 6 de agosto seis jueces sobre ocho votaron en favor de la extradición.

Prontuario. En el auto de elevación a juicio oral producido por el juez federal de instrucción Daniel Rafecas, con fecha 4 de septiembre de 2008, el nombre de Manuel Cordero aparece mencionado 97 veces como represor en Automotores Orletti. 

 

Los testimonios lo sindican como secuestrador, torturador y violador de detenidas uruguayas allí. Pero su historia se remonta en tierra charrúa a la persecución y tortura de militantes tupamaros y anarquistas entre 1970 y 1973, quienes eran detenidos y torturados en los mismos cuarteles del Ejército uruguayo. 

A fines de 1972, por acuerdos secretos entre las fuerzas de seguridad de Argentina, Uruguay y Brasil, Manuel Cordero realizó cursos que incluían actividades de inteligencia ilegal en Buenos Aires auspiciados por la Side en la búsqueda y secuestro de opositores políticos. Tras el golpe de junio de 1973 en Uruguay los servicios de inteligencia intensificaron sus relaciones y Cordero traba relación con algunos integrantes de la incipiente Triple A. Bajo el gobierno de Isabel Perón secuestró y torturó en Buenos Aires a Antonio Viana Acosta, un colaborador de Zelmar Michelini. Su perfeccionamiento en inteligencia lo llevó a ser integrado al Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en 1974 y participar en operaciones clandestinas en Buenos Aires.

 

Campaña internacional

 

Jair Krischke organizó en 2005, junto al periodista uruguayo Roger Rodríguez, una campaña internacional por la extradición de Cordero para su juzgamiento. 

 

“Después de mucho esfuerzo logramos la extradición y es un hecho importante no sólo para uruguayos y argentinos, sino también para Brasil, porque por primera vez una decisión de nuestra Suprema Corte dice que los crímenes de desaparición forzada de personas siguen vigentes. Eso servirá para avanzar sobre nuestros desaparecedores durante la dictadura militar aquí en Brasil”, sostuvo, Krischke, durante una entrevista con Miradas al Sur.

 

Cordero goza del beneficio de la prisión domiciliaria en Brasil teniendo en cuenta sus 71 años recién cumplidos. Con todo, la prensa uruguaya y brasileña lo pescó caminando libremente por las calles de Livramento en 2007, lo cual motivó un reclamo del canciller Jorge Taiana en el sentido de que se disponga una custodia especial para el reo. 

 

La Policía Federal brasileña lo vigila y sólo falta que el presidente Lula firme la autorización legal para que Cordero sea trasladado por fuerzas de seguridad argentinas a Buenos Aires en un lapso no superior a 30 días, una vez conocidos los fundamentos de la sentencia judicial. Cuando aterrice en el territorio argentino será trasladado al penal de Marcos Paz donde esperará el juicio junto a sus antiguos camaradas de Automotores Orletti; entre ellos resaltan Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo, Honorio Martínez Ruiz y el ex coronel Rubén Visuara, quienes integraron  la patota argentina del lugar. Con ellos, los uruguayos solían disputarse el botín robado a los detenidos. Y quizá se cobren entre ellos algunas cuentas pendientes.

 

Entre ellos, por cierto, ya  existe una situación algo tirante, puesto que –según trascendidos– Ruffo habría propiciado la detención de Visuara a cambio de una mejora en su situación procesal. El destino, sin embargo, los terminó juntando en un penal.

 

Fabián Kovacic

Elargentino.com

5 de octubre de 2009