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El campo pide justicia
Durante los días 29 y 30 de junio la Federación de Trabajadores en
la Agricultura (FETAGRI) como cada año, realizó en Belém, capital
del estado, el Grito da Terra Pará que reunió a más de mil
agricultores y agricultoras. Esta vez el contexto fue
particularmente trágico, ya que en las últimas semanas fueron
asesinadas en la región cinco personas vinculadas a los conflictos
por la tierra. La Rel-UITA participó en esta importante movilización
contra la violencia en el campo, por el fin de la usurpación de
tierras y por una reforma agraria integral.
Bajo el lema “El
Campo Pide Justicia”,
el
Grito da Terra Pará
realizó dos jornadas de intensa movilización durante la cuales se
celebraron audiencias con diversas entidades del gobierno y de la
justicia estaduales, en las cuales fueron planteadas las
reivindicaciones de la FETAGRI-PA.
En el análisis que
fundamentó esta acción, la Federación afiliada a la Confederación
Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), recuerda
que “A lo largo de su historia la FETAGRI-PA estuvo
presente en todos los debates referidos a la violencia en el campo y
la propiedad de la tierra, dejando claro en cada momento que entre
sus principios se encuentran el del respeto irrestricto a la ley y
el cumplimiento de los dictámenes judiciales.
Por eso hoy podemos elevar
nuestra voz por encima de todas para lanzar una consigna que es al
mismo tiempo un aviso, un alerta y una adevertencia:
El Campo Pide Justicia”.
Amplía el análisis que
cuando se reclama justicia no solamente se refieren a la
investigación y castigo de los crímenes cometidos contra
trabajadores y trabajadoras rurales y sus representantes, sino
también de justicia con la tierra, justicia social, justicia
ambiental y con la deuda que los poderes públicos tienen con la
población rural.
“Esa deuda histórica
–afirma el documento de la FETAGRI-PA- hace que el
estado de Pará presente índices preocupantes como: ‘campeón’ de
muertes en el campo; mayor cantidad de trabajadores esclavos del
país; una de las cifras más altas de tierras usurpadas en la
Amazonia; y la impunidad más absoluta que tanto caracteriza al poder
público paraense”.
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Según cifras de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT),
entre 1985 y 2010 se produjeron 1.186 asesinatos
vinculados a conflictos por la tierra, de los cuales
sólo 91 llegaron a los juzgados y apenas un mandante
permanece en prisión. |
Recuerda la FETAGRI-PA
que en 2006 le sugirió al Tribunal de Justicia del Estado la
creación de una Comisión Investigadora y Acompañamiento sobre los
Crímenes contra Trabajadores Rurales que retomara los 588 casos
registrados de violencia en el campo en los últimos años,
denunciando que en la mayoría de ellos ni siquiera se abrió un
proceso judicial.
Señala el documento que
según cifras de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT), entre 1985 y 2010 se
produjeron 1.186 asesinatos vinculados a conflictos por la tierra,
de los cuales sólo 91 llegaron a los juzgados y apenas un mandante
permanece en prisión.
También se denuncia que Pará es el estado con mayor cantidad de
trabajadores esclavos liberados, entre los cuales no es raro
encontrar menores de edad. Los casos de reincidencia son bastante
habituales.
En cuanto a la usurpación
de tierras, basta mencionar que la Comisión Permanente de
Monitoreo, Estudio y Asesoramiento en Asuntos de Usurpación,
creada en 2007 e integrada por varios organismos estaduales del
gobierno y la justicia, así como por organizaciones sindicales y
sociales,
constató que si los registros de
tierra que figuran en las oficinas del estado fuesen válidos –casi
500 millones de hectáreas-, Pará tendría un área 3,8 veces superior
a su tamaño real (125 millones de hectáreas).
Con base en esta síntesis
de razones, el
Grito da Terra Pará
sostuvo audiencias con el Instituto Nacional de Colonización y
Reforma Agraria (INCRA), en la cual participó su presidente
Celso Lisboa, junto a un representante del Ministerio de
Desarrollo Agrícola (MDA), la FETAGRI y delegados de
diversas organizaciones sociales rurales del estado, que una a una
fueron planteando sus necesidades y problemas vinculados con la
ausencia de una política sostenida de reforma agraria y distribución
de tierras para la agricultura familiar, mandato que, sin embargo,
aparece en los propios estatutos del INCRA como su primer y
esencial cometido.
El presidente Lisboa,
junto a las autoridades locales del INCRA y el representante
del MDA se comprometieron a realizar gestiones rápidas
dirigidas a desbloquear tierras y documentación para que acampados y
asentados puedan regularizar sus situaciones y acceder a los
créditos especiales dirigidos a apoyar la agricultura familiar.
Admitiendo la justicia de los reclamos, Lisboa enfatizó en
que “El Instituto tiene una demanda para un camión, pero tiene los
recursos de una motocicleta”.
Carlos Guto Santos,
presidente la FETAGRI, expresó que si bien la respuesta del
INCRA es por ahora insatisfactoria, resaltó que existe una
perspectiva de trabajo conjunto con miras a mejorar lo obtenido.
Asimismo, planteó con fuerte énfasis la necesidad de realizar a la
brevedad una reunión multipartita en Brasilia, sede del gobierno
federal, con presencia de todos los organismos vinculados a los
problemas de las poblaciones rurales para obtener una visión
completa de la situación y de cómo deben articularse los esfuerzos
para hallar y poner en práctica las soluciones.
El
Grito da Terra
también se entrevistó con el presidente del Instituto de Tierras de
Pará (ITERPA), en una reunión con su presidente, Carlos
Lamarao.
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Un usurpador de tierra mató impunemente a un vecino que
aún no tenía su propiedad titulada para quitarle la
madera de su tierra y colocar ganado. Este asesino,
además, tiene a toda la población local amenazada de
muerte y no permite que nadie le dirija la palabra si
acaso se encuentran con él fortuitamente en los caminos
rurales o en el centro poblado. |
Allí también, una nutrida
delegación de varias organizaciones lideradas por la FETAGRI-PA,
plantearon los conflictos numerosos que viven poblaciones rurales
enteras como los quilombolas, que son numerosos en la región, grupos
de asentados que esperan por sus títulos de propiedad, algunos desde
hace 25 años, población acampada al borde de las rutas en zonas
aisladas que esperan su pedazo de tierra para trabajar y que están
viviendo en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a centros de
salud ni posibilidades de producir ellos mismos su alimento.
Durante la reunión un
agricultor brindó testimonio de cómo un usurpador de tierra mató
impunemente a un vecino que aún no tenía su propiedad titulada para
quitarle la madera de su tierra y colocar ganado. Este asesino,
además, tiene a toda la población local amenazada de muerte y no
permite que nadie le dirija la palabra si acaso se encuentran con él
fortuitamente en los caminos rurales o en el centro poblado.
Otros delegados refirieron
que aprovechando el cambio de gobierno que basculó a la derecha en
las últimas elecciones, se están produciendo reintegros de tierra a
usurpadores que ya las habían abandonado, e incluso de tierras donde
ya hay gente asentada desde hace años con la debida autorización
oficial, aunque aún falta la documentación final que los acredite
como propietarios.
Carlos Lamarao,
en la presidencia del
ITERPA
desde hace tres meses, tomó nota de todos los reclamos, prometió una
pronta solución y aceptó un mecanismo de contacto permanente con las
organizaciones sociales para darle seguimiento a todo lo planteado y
a la situación general de distribución de tierras en el estado.
Finalmente, el
Grito da Terra
se dirigió hacia el Tribunal Estadual de Justicia donde varios
delegados y delegadas fueron recibidos por autoridades judiciales
quienes recibieron el alerta de la FETAGRI-PA: “El
campo Pide Justicia”.
Hoy, 1 de julio,
dirigentes y delegados de la FETAGRI-PA realizarán un
balance de lo actuado y lo obtenido para luego difundirlo entre sus
bases y decidir el rumbo de las acciones futuras, lo que será motivo
de un próximo artículo
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