Adela Camacho de Torrebiarte fue la primera mujer al frente del Ministerio de Interior en la historia de Guatemala. Desde el Ministerio su dedicación y compromiso fueron fundamentales, entre otros aciertos, para el diseño logístico y operativo para una mejor seguridad pública en la zona bananera de Izabal. Sirel conversó con Torrebiarte sobre la escalada de la violencia en Guatemala y sus posibles soluciones.

Dicen que el poder desenmascara, que los cargos suelen modificar la conducta y el carácter de las personas. Ejemplos de ello hay para todos los gustos y disgustos. Conocí a esta mujer siendo Ministra y jefa de la Policía Nacional Civil, nada menos. Con la asunción del gobierno de Álvaro Colom, el 14 de enero pasado, Adela Camacho de Torrebiarte dejó el Ministerio. Ahora esa mujer llega al punto de encuentro pactado para la entrevista y me satisface corroborar que estoy ante la misma persona: simpática, accesible y dispuesta al diálogo que conocí en la Secretaría de Estado. En su caso, el cargo no la perturbó, como tampoco la alteró el hecho de dejar tal investidura y volver al llano.

Hablar sobre Guatemala y no hacer referencia al estado de violencia que la asola, es imposible. “El país de los demonios sueltos”, como lo definiera el primer director de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), preocupa internacionalmente por el espiral creciente de homicidios. Según el “Índice Global de Paz”, Guatemala figura entre los países más violentos, y en lo que va de 2008 perdió diez lugares respecto a 2007, ocupando ahora el puesto 103 entre los 140 países analizados. En América Latina, Guatemala sólo es superada por Honduras en la posición 104 y Haití en la 109.

Entre 2003 y 2005, según datos sistematizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, los homicidios se incrementaron en un 39 por ciento. En 2006, según la misma fuente, las muertes violentas crecieron 10,85 por ciento llegando a 5.885 casos, lo que equivale a una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, la tercera más grande del hemisferio occidental y la cifra más alta en años para el país. Para tener una idea de esta calamidad, durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996), cuando se masacró a decenas de miles, se estima que eran asesinadas anualmente unas 4 mil personas.

Cuando se habla de femicidio en Guatemala tenemos que hacer alusión a las 3.900 mujeres asesinadas desde 2000. El crecimiento anual promedio es más acelerado que el conjunto de los homicidios. Como bien lo relaciona el periodista Arcadio de la Torre: “Desde 1993 (a 2007) en Ciudad Juárez han muerto de forma violenta poco más de 400 mujeres, y eso fue suficiente para convocar la atención internacional encabezada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

-¿Nada sencillo ser Ministra de Interior en este país?

-Nada es sencillo en Guatemala. Sin embargo, como mujer y activista de la sociedad civil, me siento orgullosa de haber demostrado que ¡Otra forma es posible!, que si se actúa con base en principios políticos sólidos y en principios estratégicos idóneos es posible lograr resultados benéficos importantes para la tranquilidad y seguridad de los hombres, mujeres y niños que habitamos en este hermoso país. Desempeñé el cargo durante nueve meses y medio y logramos descender el número de delitos deportados y el número de homicidios, situación que no sucedía desde 1996.

-¿Empezó de cero?

-No, encontramos algunos procesos y acciones que estaban registrando buenos resultados, y durante nuestra gestión hemos seguido apoyando su implementación, manteniendo e incluso mejorando, en algunos casos concretos, los buenos resultados que se venían registrando.

-No es una situación común, la tradición en nuestra región indica “nuevo Ministro, nueva política”.

-Rechazamos expresamente esa desafortunada tradición de que, con el arribo de nuevas autoridades, es necesario comenzar siempre desde cero, ignorando muchas veces los procesos que están rindiendo buenos dividendos para la seguridad ciudadana.

-Usted tiene una reconocida labor en la sociedad civil, ¿ese bagaje pudo articularlo en su gestión como Ministra?

-Esa participación nos permitió tener una mirada diferente sobre la problemática de la seguridad pública, y nos preocupamos por propiciar relaciones de cooperación y un trabajo en estrecha relación con las organizaciones de la sociedad civil. Es así que se capacitaron 3.000 efectivos de la Policía Nacional Civil en materia de derechos humanos, mediante cursos que impartieron los propios defensores y defensoras de derechos humanos. Esto contribuyó mucho a la institucionalidad de la seguridad ciudadana, y demuestra que cuando hay adecuados niveles de confianza entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, es posible una articulación de acciones que mejoren la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

-Me imagino que no fue sencillo contribuir a mejorar los niveles de la institucionalidad de la seguridad ciudadana…

-Se transitó por un proceso de depuración en la Policía Nacional Civil, expulsando definitivamente a los elementos corruptos y sin vocación de servicio a la sociedad civil. El grado de corrupción existente en la Policía había alcanzado niveles intolerables que debían ser reducidos drásticamente. Vale la pena destacar que ese proceso estuvo en manos de las propias autoridades de la institución, fueron elementos policiales los que participaron en la toma de decisiones. Con ello, ¡la propia Policía recuperó a la Policía!, lo cual consideramos fundamental para el desarrollo, el fortalecimiento y la dignificación de la institución.

-¿Cuántos efectivos fueron cesados?

-Entre abril y diciembre de 2007 fueron depurados 2.035 elementos policiales. Ello permitió, entre otras cosas, la desarticulación de estructuras ilegales de poder que subsistían dentro de la institución; se recuperaron espacios de decisión para los propios policías y se cultivó el liderazgo, la mística y la responsabilidad en la gestión de la institución. Esperamos que esa siembra de decencia, liderazgo y confianza en la Policía Nacional Civil no se deje de cuidar y abonar para beneficio de toda Guatemala.

-Un tema muy preocupante en Centroamérica son las maras (pandillas juveniles)…

-No podemos desvincular el problema de las maras del narcotráfico, que las usa para el consumo de drogas y para tareas de distribución de lo que queda en el país, lo que no pasa la frontera. Por otro lado, las maras son una consecuencia de la falta de oportunidades de trabajo, de estudio, de actividades deportivas que tienen los jóvenes. También en parte es consecuencia de la pérdida de valores que asola a la sociedad en su conjunto. Por eso este tema no puede ser resuelto únicamente desde el Ministerio de la Gobernación. Reitero, creo que la falta de trabajo es la clave. La gente necesita trabajar para continentar a los jóvenes y que éstos no ingresen a las maras.

Lo que iniciamos en nuestra gestión fue tomar el problema por barrios, por etapas y desde el enfoque preventivo caracterizado por buscar y favorecer la participación comunitaria diseñando y ejecutando planes para la reducción de las causas de la violencia y del delito. Así logramos muy buenos resultados en tres o cuatro barrios, donde la gente hoy ha recuperado seguridad y las maras no actúan. Pero hay que señalar, en esa labor, es evidente que el enfoque preventivo de la seguridad ciudadana no puede ser implementado únicamente por la Policía, y tampoco puede ser desarrollado exclusivamente por las autoridades locales y los ciudadanos y ciudadanas, sin ninguna participación de la Policía.

-¿Y sobre el tema de la violencia intrafamiliar

 y el feminicidio?

-Desde mi participación ciudadana en Madres Angustiadas, donde empecé en 1996 y viví de cerca los asesinatos, secuestros, violaciones, y ahora que estuve en el cargo como Ministra, estoy convencida de que la solución debe pasar por una mirada y un accionar integral. Tenemos una violencia intrafamiliar altísima; el 85 por ciento de los asesinatos de mujeres es por esta causa.

Desde nuestra gestión creamos la División de Investigación Criminal (DINC) y la Unidad de Investigaciones de Homicidios Contra las Mujeres. Se capacitó al personal de la línea telefónica 110 para prestar auxilio eficaz e inmediato en los casos que se presenten; se capacitó y sensibilizó a los estudiantes de la Academia de Policía y al personal de las Comisarías en materia de derechos humanos de las mujeres, en énfasis en violencia contra las mujeres y se capacitó también a más de 2.000 policías sobre la aplicación del marco legal nacional para el abordaje de la violencia contra las mujeres, porque hay una solidaridad un poco machista también, donde muchos se dicen: “¡Andá a saber por qué el marido le pegó!”

Asimismo, logramos articular esfuerzos y acciones con varias agencias de cooperación y organizaciones de la de la sociedad civil desde el enfoque de cómo prevenir delitos, en la reacción y post evento. A este esfuerzo hay que sumarle la implementación de campañas, generar políticas públicas y todo el proceso tiene que continuar sin importar el partido que gobierne.

-Se crearon albergues para las mujeres agredidas…

-Sí, y los mismos servirán para dotar de un espacio seguro a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, donde puedan recibir asesoría para denunciar a sus agresores, sin temor a que sean objetivos de represalias posteriores. Si no existe el albergue,la mujer agredida no tiene dónde acudir. Pueden llegar hasta una comisaría, y en algunos casos, permanecen allí con sus niños y duermen como pueden. Esas mujeres no pueden volver a sus casas porque las matan. Cuando uno ve esos cuadros, con esos niños hechos pedazos, la descomposición moral, y un padre irresponsable que los agrede, esos niños crecen con la violencia internalizada, y si no actuamos con eficacia, en un futuro se integrarán a las maras.

-¿Cómo se siente?

-Muy enriquecida. Como persona, como mujer, como ciudadana guatemalteca me siento enriquecida. Y con más deseos de ayudar. Siento mucha satisfacción y orgullo por la tarea realizada, superando con creces las expectativas iniciales de quienes por nuestra condición de mujer y activistas de la sociedad civil, consideraron que no estaríamos a la altura de la responsabilidad y los desafíos al frente del Ministerio.

Estoy convencida de que ¡Se Puede! Hay que buscar las soluciones paso a paso y con una mirada integral sobre los problemas. También sabemos que el tema de la seguridad ciudadana, definitivamente no puede quedar al impulso de una política partidista, debe ser una política de Estado. No puede ser que cada vez que entra un nuevo gobierno, cambien, quiten gente, dejen por el camino unidades y procesos que se iniciaron en otras administraciones.