Con el paso de los días el asesinato de Marco Tulio Ramírez comienza a tener un contexto que, si bien no señala responsabilidades directamente, aporta datos esenciales para comprender las razones y el propósito del crimen, así como orientaciones claras de hacia dónde debería apuntar la investigación policial y judicial. El gobierno de Guatemala debe tomar claramente cartas en el asunto.

La investigación deberá aclarar si en el homicidio de Marco Tulio toda esta costosa e importante estructura de seguridad pagada por la empresa Bandegua-Del Monte falló, o si, antes bien, funcionó a la perfección y protegió a los asesinos.

Marco Tulio, que era secretario de Cultura y Deportes del Comité Ejecutivo Central del SITRABI, y secretario general del Comité Sub seccional de Finca Yuma del Sindicato, tenía una vasta experiencia sindical y era uno de los líderes locales. La empresa Bandegua-Del Monte, propietaria de la Finca Yuma, lo acusaba de sabotear la producción y de conducir a los trabajadores a cometer actos ilegales contra la empresa como “por ejemplo paros y huelgas”. Con esos argumentos, Marco Tulio estaba bajo amenaza permanente de despido y era víctima de persecución por parte de Bandegua-Del Monte.

Adicionalmente, Marco Tulio había aceptado integrar las mesas de votación en las elecciones nacionales por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) del socialdemócrata Álvaro Colom, ganador de la primera vuelta de los comicios, y en competencia con la extrema derecha tradicional para la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

¿Quién contrató a los sicarios?

Además de su permanente y fuerte apoyo a los grupos solidaristas que junto a otras transnacionales instalaron en Centroamérica, Bandegua-Del Monte fue acusada por una Misión de Naciones Unidas por “la peor violación a los derechos humanos cometida en los últimos años en el país”, refiriéndose a una acción armada por la cual en 1999 Bandegua despidió en Izabal a cerca de 1.000 trabajadores sindicalizados que fueron expulsados de sus casas y mantenidos a raya por su ejército privado. Una vez que los dirigentes fueron obligados a renunciar y a abandonar el área, Bandegua usó testaferros locales para reiniciar actividades y recontrató a los trabajadores con salarios más bajos y menores beneficios. En 2000, una campaña internacional de la UITA logró que se restableciera la existencia del SITRABI en la región, así como la firma de un Convenio Colectivo para todos los trabajadores de la zona. No obstante, las relaciones con la empresa han sido casi permanentemente disonantes, y varios ex dirigentes permanecen exiliados.

En la misma época, otros dirigentes del SITRABI fueron víctimas de una campaña de terror mediante reiteradas amenazas de muerte que fueron denunciadas ante el Ministerio Público, sin que nunca se llegara a establecer responsabilidades.

En la noche del 26 de noviembre de 2006, Cesar Humberto Guerra López, secretario de Conflictos 1º del Comité Ejecutivo Central del SITRABI, viajaba en un vehículo del sindicato cuando fue interceptado por varios desconocidos que dispararon armas de fuego al aire y arrojaron piedras contra el automóvil haciendo añicos una ventanilla. La investigación continúa sin resultados hasta ahora.

El pasado 20 de julio, como ya se denunció en esta página (ver artículo), cinco soldados allanaron la sede sindical e interrogaron a José Antonio Cartagena y Selfa Sandoval Carranza, los únicos presentes en ese momento. Decían querer conocer el nombre del presidente del SITRABI, la cantidad de afiliados, cómo se integraba el Comité Ejecutivo y en qué consistía el trabajo de la organización. Se sabe que los soldados se transportaban en un vehículo militar cuya matrícula fue detallada en la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público y durante una audiencia que el SITRABI mantuvo con el Ministro de Defensa. Hasta ahora, no hay ningún resultado de la investigación policial ni del sumario que prometió iniciar el Ministro.

La impunidad llega a tal punto que en la noche del pasado 28 de septiembre, cinco días después del asesinato de Marco Tulio, durante tres horas personas desconocidas armadas con fusiles AK47 recorrieron amenazantes las calles del campamento obrero de la Finca Yumi, el mismo que está permanentemente vigilado y cercado y que es propiedad de Del Monte Fresh. A pesar de que fue llamada, la Policía no acudió al lugar, mucho menos alguna autoridad de la empresa, en una clara demostración del barbarismo fascista que alienta a los responsables de estas acciones crueles e intimidatorias.

La grosera impunidad es la fuerza de los cobardes que se atreven a provocar y mofarse de una familia y una comunidad en duelo. Para que cese este vergonzoso despotismo, el gobierno de Guatemala debe tomar cartas en el asunto y facilitar la investigación que permita establecer qué responsabilidad les cabe en esta muerte tanto a Del Monte Fresh como a sus personeros de Bandegua.

Como lo ha hecho siempre, la UITA se mantendrá firmemente solidarizada con los trabajadores y trabajadoras del SITRABI cuya lucha ejemplar no ha cesado de enfrentar la canalla bananera. La memoria de Marco Tulio Ramírez no hará otra cosa que galvanizarnos codo con codo para levantar su bandera, continuar su ejemplo de lucha y legárselo con orgullo a las generaciones futuras.