Cinco mil afectados por el agrotóxico Nemagón acampan desde hace casi dos meses en Managua ante el edificio de la Asamblea Nacional, donde llegaron después de una marcha a pie. Cuarenta de los que salieron de Chinandega murieron. Desde que ellos empezaron a contarlas, son 903

las víctimas del químico. Los responsables son viejos conocidos:

Dow Chemical, Standard Fruit, Shell.

Dow Chemical fue pionera en la fabricación del Nemagón, cuyo ingrediente activo es el 1,2 dibromo-3-cloropropano (DBCP), que demostró ser muy eficaz en la eliminación de los nematodos.(1) Pero ya en 1958 la propia empresa había detectado que el producto causaba atrofia testicular, esterilidad y daños severos en pulmones y riñones de animales de laboratorio. Una circular confidencial que recibieron entonces los gerentes de la empresa así lo prueba. A pesar de esto, y de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mostró disconformidad con las medidas mínimas de precaución propuestas por la Dow y otras compañías, finalmente se autorizó su venta, distribución y uso en todo el mundo.

Los hombres insecto

Casi veinte años después, en 1975, y presionada por las innumerables denuncias de contaminación de trabajadores rurales y de sus propios obreros en Estados Unidos, Dow Chemical advirtió a uno de sus mayores clientes, Standard Fruit Company, sobre el efecto que podría estar causando en los trabajadores bananeros la aplicación indiscriminada y le anunció que no podría seguir vendiéndole el Nemagón. La reacción de la Standard fue inmediata: amenazó a la Dow con acusarla en los tribunales estadounidenses por incumplimiento de contrato. Dow aceptó continuar vendiéndole el químico sólo cuando la Standard se comprometió a hacerse cargo de cualquier futura demanda legal. La conveniencia del Nemagón era su bajo precio. A Standard le pareció un buen negocio y a Dow también. Se pusieron de acuerdo, firmaron un convenio de protección mutua y durante cuatro años más miles de seres humanos en los bananales del mundo fueron enfermando lentamente, tratados como moscas, pues la producción y aplicación del DBCP no se detuvo. A los trabajadores nunca se les alertó sobre el peligro a que estaban siendo expuestos ni se les suministró equipo protector.

En los años siguientes, millones de litros de Nemagón fueron aplicados en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Guatemala, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Burkina Faso, Costa de Marfil, España, Filipinas, entre otros países.

En 1975, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) determinó que el DBCP era un posible agente cancerígeno. En 1977, de 114 empleados que fabricaban el químico en una planta de Occidental Chemical, 35 estaban estériles. En 1979 el Nemagón fue prohibido en Estados Unidos para casi todos sus usos y se detuvo temporalmente el suministro.

Ese mismo año la Standard lo seguía aplicando en sus plantaciones por el mundo. Cuando el producto fue prohibido en Costa Rica, la Standard trasladó su estoc a Honduras. Habría pruebas de que en 1981 Shell lo vendió en África y de que en 1986 la Standard aún lo usaba en sus plantaciones de Filipinas. Según el testimonio del defensor del pueblo de Panamá, Ítalo Antinori, en 2000 aún se usaba en ese país.

No se trata entonces de un error, de un accidente o de una imprevisión, sino de un verdadero crimen, un genocidio planificado, un delito de lesa humanidad cuyas consecuencias no se detienen en los trabajadores directamente afectados, sino que se prolongan en sus descendientes hasta quién sabe cuándo, sin contar que el DBCP es muy persistente y permanece en el ambiente durante mucho tiempo.

La gente real

Los testimonios son conmocionantes: “Flor de María Mendoza y José Medardo Romero Medina conforman un matrimonio que trabajó en las fincas de banano en los años setenta. Tuvieron cuatro hijos. Dos murieron al nacer. Otro está bien (de momento) y la pequeña Ana María, de 11 años, es lo que trágicamente denominan una Oniña de trapo. Presenta deficiencias psíquicas, no puede hablar, ni caminar, ni agarrar, y sus huesos son débiles y frágiles. Tiene que medicarse para mantener baja la inflamación del hígado y del bazo, así como las fiebres, neumonías y diarreas. Está sentada en su silla de ruedas, mirando a la lejanía, sin inmutarse, como si nada fuera con ella”.

Los casos de cáncer son incontables, se calcula que 5 mil hombres han quedado estériles, con afecciones de la piel, del sistema inmunológico, alergias, mujeres que no procrean o que tienen hijos malformados, personas que van quedando progresivamente sordas o ciegas, entre otras enfermedades. Nadie sabe realmente cuántas víctimas mortales ha cobrado ya el Nemagón, pero probablemente haya que hablar de miles en todo el mundo. Peor aun, los afectados por el DBCP, las decenas de miles de contaminados y contaminadas saben que morirán por eso. En este caso, haber estado expuesto al Nemagón equivalió a la condena a una muerte prematura.

Nunca se llegó a juicio y un reducido grupo de trabajadores ha recibido propuestas extrajudiciales de indemnización por sumas que califican de ridículas, hasta de 100 dólares, siendo que en Estados Unidos los agricultores y obreros afectados por el DBCP reciben un promedio de 100 mil dólares como indemnización.

Unas 5 mil personas integrantes del grupo de afectados organizados más numeroso de Nicaragua (Asotraexban), caminaron hasta Managua -en la llamada “marcha sin retorno”- y desde hace casi dos meses acampan ante la Asamblea Nacional. Desde que salieron de Chinandega hasta hoy murieron 40 personas, y desde que empezaron a contar sus muertos llevan ya 903 decesos imputables al Nemagón. Hasta ahora no han sido recibidos por ningún diputado y sólo lograron reunirse con el procurador de los derechos humanos de ese país, Omar Cabezas, quien luego expuso el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recientemente reunida en Ginebra.

Los acampados exigen el cumplimiento de los Acuerdos del Raizón, firmados hace un año con el presidente Enrique Bolaños. Allí se definía esencialmente “la ratificación y certificación del compromiso alcanzado por parte del gobierno en noviembre de 2002, de prestar asesoría legal en Estados Unidos a los afectados, a través de la embajada en Washington, y que el presidente no promovería modificaciones a una ley (la número 364) que garantiza el derecho de indemnización a los afectados y la atención sanitaria de todos los contaminados”.

Las crónicas periodísticas que dan cuenta de la realidad de este campamento (véase www.rel-uita.org) reflejan la calidad y la enormidad de esta tragedia humana que se desarrolla a cielo abierto, expuesta a todas las cámaras y ojos que quieran verla, pero que casi no aparece en los medios de comunicación. Como dice Víctor Espinales, presidente de la asociación de afectados, “estamos muriendo ante los ojos del mundo, ¿qué otra cosa podemos hacer para que nos entiendan?”.

Carlos Amorín

Brecha

22 de abril de 2005