En los meses pasados, la Asociación Nicaragüense de Afectados 
							por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), denunció a 
							nivel nacional e internacional una serie de graves 
							anomalías en el proceso de otorgamiento de las 
							pensiones por riesgo laboral a miles de ex 
							trabajadores de la caña de azúcar afectados por IRC, 
							y a las viudas de más de 1.100 personas ya 
							fallecidas a causa del agua contaminada con 
							pesticidas en el Ingenio San Antonio en Chichigalpa.
							
							 
							
							A consecuencia de las fuertes protestas y denuncias de los 
							cañeros, el INSS no tuvo más remedio que avenirse a 
							dialogar.
							
							 
							
							Sobre esta nueva etapa de la lucha, SIREL conversó con Denis 
							Meléndez, responsable del Área de Incidencia del 
							Centro de Información y Servicios de Asesoría en 
							Salud (Cisas), organismo de la sociedad civil 
							nicaragüense que está acompañando y asesorando la 
							lucha de los afectados por IRC.
							
							 
							
							
							-¿Cómo sigue el proceso de negociación entre los 
							afectados por IRC y el INSS?
							
							-Finalmente se logró que las autoridades nacionales del 
							Seguro Social atendieran los planteamientos 
							formulados por la Junta Directiva de la Asociación 
							Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal 
							Crónica (ANAIRC). Básicamente se están atendiendo 
							cuatro aspectos que son medulares para este asunto.
							
							 
							
							El primero tiene que ver con la revisión de todos los casos 
							de las personas que son pensionadas, pero que no 
							están de acuerdo con la forma y, sobre todo, con los 
							montos que están recibiendo. Se ha solicitado la 
							revisión de cada uno de esos casos.
							
							 
							
							En segundo lugar se ha abierto un espacio de atención a las 
							personas a las cuales se les han negado las 
							pensiones. Muchas veces esto tiene que ver con 
							resultados de laboratorio.
							
							 
							
							
							-¿Que tienen que ver los resultados de laboratorio?
							
							-Es el tercer punto. Hay un fuerte cuestionamiento a los 
							laboratorios privados en cuanto las personas 
							afectadas, por todos los síntomas que presentan, 
							evidentemente tienen un elevado grado de IRC. Pero 
							resulta que en casi todos los casos los exámenes de 
							laboratorio no detectaban la enfermedad y la gente 
							comenzó a pedir que fuera un laboratorio nacional 
							del Ministerio de Salud (MINSA) el que efectuara los 
							exámenes.
							
							 
							
							Con las negociaciones se ha logrado que el Ministerio de 
							Salud, a través de su Centro Nacional de Referencia 
							y de su Laboratorio Nacional, asuma los exámenes y 
							análisis de laboratorio, pero hay que tener en 
							cuenta que la huelga que está atravesando el Sistema 
							de Salud está afectando esa parte de la negociación.
							
							 
							
							Los médicos del Minsa nos han asegurado que se realizarán los 
							exámenes para la IRC, acompañándolos con otros tipos 
							de exámenes para garantizar resultados ciertos y 
							confiables.
							
							 
							
							
							-¿Qué más resultó en las negociaciones?
							
							-Un cuarto punto es que próximamente se van garantizando 
							otros tipos de condiciones en la sucursal del INSS 
							de Chichigalpa.
							
							 
							
							Ya se han trasladado a otra instalación que ofrece mejores 
							condiciones para las personas que allí acuden, y 
							queda pendiente lo relacionado con la evaluación del 
							desempeño de las personas que trabajan en la 
							sucursal.
							
							 
							
							
							-Este era uno de los puntos más críticos que 
							denunciaban los afectados…
							
							-El INSS decía que ya se había realizado una evaluación, pero 
							lo que quieren los afectados es que se realice una 
							evaluación con personal externo a la institución, 
							una evaluación independiente.
							
							 
							
							Además de eso se está pidiendo una auditoría interna en la 
							sucursal, y se ha logrado que se escuche la voz por 
							lo menos de los cinco casos que aparecieron en la 
							primera carta que la ANAIRC envió a la Dirección 
							Superior del Seguro Social.
							
							 
							
							Ahora está abierta la investigación, como consecuencia de las 
							denuncias presentadas y de las declaraciones juradas 
							de las personas que, de alguna manera, fueron 
							afectadas por las situaciones anómalas que se 
							presentaron.
							
							 
							
							
							-¿Te refieres a las denuncias sobre los fraudes que 
							supuestamente se estaban cometiendo en contra de los 
							afectados? 
							
							-Sí. Se está llevando a cabo una auditoría y estamos a la 
							espera de los resultados. El personal de la 
							auditoría interna del INSS ha dejado abierta la 
							posibilidad para que otras personas puedan 
							participar en el proceso. 
							
							 
							
							A lo largo del proceso hemos presentado la documentación 
							sobre otros 303 casos similares, y otros tantos 
							están en la espera de ser considerados. Existe 
							también la denuncia de que las autoridades del INSS 
							de Chichigalpa acosaron y amenazaron a las personas 
							que habían denunciado las irregularidades.
							
							 
							
							
							-¿Se habló de eso en las negociaciones?
							
							-El INSS central siempre dijo que no es política de la 
							institución utilizar métodos intimidatorios. Es 
							probable que haya sido una medida utilizada por los 
							funcionarios de Chichigalpa y que las autoridades 
							nacionales desconocían. Efectivamente, después de la 
							denuncia pública la situación se ha calmado y no se 
							ha vuelto a repetir.
							
							 
							
							
							-¿Cuáles van a ser las próximas etapas de la 
							negociación?
							
							-Nos vamos a reunir cada 15 días en una Comisión Bipartita 
							integrada por el INSS y la Asociación de los 
							Afectados por IRC, y en ese ámbito se van a revisar 
							todas las demandas presentadas por ANAIRC.
							
							 
							
							Hay que decir que la actitud de la Dirección del INSS ha 
							cambiado después de las denuncias y nos hemos 
							encontrado con una posición mucho más flexible y 
							dispuesta a la negociación.
							
							 
							
							Por ejemplo, uno de los resultados conseguidos es que en los 
							próximos días un grupo de afectados de ANAIRC estará 
							siendo capacitado en aquellos aspectos de la Ley de 
							Seguridad Social que más están incidiendo en 
							Chichigalpa. Todo lo relativo al tema de la viudez, 
							de las pensiones por incapacidad, el proceso que hay 
							que seguir para acceder a una pensión o cuando una 
							pensión es denegada.
							
							 
							
							
							-Hay también un proceso en marcha que apunta a la 
							unidad de todos los afectados…
							
							-Eso es muy importante. Hemos analizado lo que ha ocurrido en 
							Chichigalpa y hemos establecido algunos principios 
							básicos. Hay que informar constantemente a la gente 
							de los avances de las reuniones y negociaciones que 
							se realizan en Managua con las autoridades del 
							gobierno y del INSS. Cada vez que se presenta una 
							denuncia o una demanda hay que hacerlo por escrito.
							
							 
							
							Se ha tenido el cuidado de explicarles a las personas que 
							tienen que ir armando y organizando sus expedientes 
							de manera seria. Se acordó de no trabajar sobre la 
							base de los rumores sino de los hechos, y a los 
							afectados se les pidió que comenzaran a trabajar de 
							manera prolija, asumiendo el compromiso de presentar 
							de manera concreta y articulada sus denuncias.
							
							 
							
							Esto dio mucha credibilidad a la Asociación, y ahora resulta 
							que otros grupos de afectados reunidos en otras 
							asociaciones están pidiendo integrarse a ANAIRC, 
							para formar parte de ese proceso. 
							
							 
							
							Además se está intentando abordar la situación de los cañeros 
							que trabajan o trabajaron en otros ingenios, como 
							por ejemplo en el Ingenio Monterrosa en El Viejo. 
							Vamos a abrir el espacio para que otros grupos de 
							afectados por IRC se incorporen a esta negociación.
							
							 
							
							
							-Queda pendiente una parte muy importante de la 
							lucha de los cañeros, que es el Proyecto de Ley de 
							Reforma a la Ley No. 456 “Ley de Adición de Riesgos 
							y Enfermedades Profesionales, a la Ley 185, Código 
							del Trabajo”. ¿Cómo piensan actuar los cañeros?
							
							-Hace unos cuantos días se depositó una carta en la 
							Secretaría de la Asamblea Nacional recordándole a la 
							Junta Directiva que en agosto de 2005 se firmaron 
							acuerdos que tenían que ver con esta reforma de la 
							Ley 456. Estamos en espera de que reaccionen a esa 
							carta, aunque sabemos que en ese caso hay que hacer 
							gestiones de manera focalizada.
							
							 
							
							Queda pendiente también establecer una negociación con el 
							Ingenio San Antonio, en relación con el tema de la 
							indemnización a las personas afectadas por IRC.
							
							 
							
							Debe estar claro que el tema de pensiones es responsabilidad 
							del Instituto de Seguridad Social, pero que lo demás 
							es responsabilidad de la empresa dueña del Ingenio 
							San Antonio.
							
							 
							
							No hubo todavía un contacto formal, pero enviamos una carta a 
							la empresa pidiéndole que, en el caso de una 
							negociación, se realice de la manera más clara y 
							transparente posible para que las personas afectadas 
							reciban en su totalidad el beneficio.
							 
							
							No queremos que se repita la experiencia de que la gente sea 
							llamada por la empresa en forma privada y que, al 
							final, reciban una indemnización ridícula.
							
							 
							
							
							-¿El hecho de estar en un año electoral puede abonar 
							a un avance en la solución de las problemáticas que 
							presentan los sectores afectados por agrotóxicos?
							
							-Es el momento de hacer un nuevo esfuerzo para presionar a 
							las diferentes autoridades. En el análisis de las 
							problemáticas hemos sugerido que haya una 
							disgregación de la agenda. A diferencia del año 
							pasado, cuando se presentó un solo pliego de 
							demandas, creo que ahora hay que separarlas y que se 
							negocien por separado.
							
							 
							
							Hay que identificar claramente en qué punto estamos en las 
							negociaciones con el Ejecutivo, que es donde se ha 
							avanzado un poco y de forma separada, analizar la 
							agenda con el Legislativo y con las empresas 
							nacionales y transnacionales.
							
							 
							
							Es difícil, pero es un esfuerzo que hay que hacer, porque son 
							diferentes actores y cada cual tiene su propia 
							responsabilidad.
							
							 
							
							El momento electoral podría presentar las condiciones para 
							eso y hay que focalizarse en los diversos actores 
							políticos que tienen que ver con los diferentes 
							problemas.
							
							 
							
							Esto no quiere decir separar la lucha, se debe continuar 
							siendo un sólo cuerpo pero consciente de que hay 
							varios actores y diferentes puertas que tocar.
							
							 
							
							
							-¿Qué importancia tuvo la difusión de la información 
							a nivel nacional e internacional sobre lo que estaba 
							ocurriendo con los afectados por IRC?
							
							-La opinión que tenemos de la comunicación social es que ha 
							sido determinante en este y en otros casos. En la 
							medida en que se ha logrado romper el silencio, y a 
							pesar de que se molesten las autoridades se ha 
							colocado en la agenda nacional toda esta 
							problemática a través de los medios de comunicación 
							social, recién entonces se han abordado con mayor 
							responsabilidad.
							
							 
							
							Eso nos obliga a mantener informada, no solamente a las 
							personas afectadas, sino a la sociedad en general y 
							a la comunidad internacional.
							
							 
							
							Ha sido constante, por ejemplo, la labor de la UITA, que ha 
							enviado cartas y comunicaciones a diferentes 
							estamentos gubernamentales. Sabemos que han llegado 
							y que en las mismas instituciones se han hecho 
							comentarios sobre estas comunicaciones.
							
							 
							
							Para dar un ejemplo: tuve la oportunidad de recibir por cinco 
							fuentes diferentes tres de los artículos que publicó 
							la UITA sobre este tema. La información ha estado 
							fluyendo y circulando a nivel nacional e 
							internacional, y esa comunicación ha jugado un papel 
							valiosísimo en este proceso.