Miles de campesinos nicaragüenses afectados por los pesticidas de las bananeras norteamericanas exigen indemnizaciones a las multinacionales.

Hace apenas un año el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, prometió a grupos de bananeros de Chinandega (departamento al noroeste del país) afectados por el uso de un pesticida prohibido, el Nemagón, que los ayudaría. Enfermos y hartos de falsas promesas, habían acampado frente al Parlamento para reclamar su derecho a recibir ayuda estatal por las graves secuelas en su salud producidas por este agroquímico utilizado por las compañías bananeras norteamericanas durante las décadas de los 70 y 80.

Un mes después, se fueron con una nueva lista de promesas, hoy también incumplidas, y por eso han vuelto. Es, dicen, la “Marcha sin retorno”, que desde el pasado 2 de marzo tiene a unos 6.000 afectados por el Nemagón nuevamente acampados frente a la Asamblea Nacional para exigir al Gobierno del presidente Bolaños que cumpla sus promesas y les apoye ante los tribunales de Estados Unidos en sus demandas de indemnización contra las trasnacionales norteamericanas, que usaron el Nemagón en Nicaragua a pesar de estar prohibido desde 1975 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Producido por Dow Chemical, Shell y Occidental, el Nemagón, utilizado durante décadas en plantaciones de Centroamérica, Caribe, África y Asia, se reveló como un agroquímico con agentes cancerígenos que atacaba el sistema endocrino. Se había comprobado que de 144 empleados de una planta de Occidental que fabricaba DBCP (principal componente del Nemagón), 35 habían quedado estériles. El Gobierno de Estados Unidos prohibió entonces el pesticida para casi todos los usos y suspendió el suministro temporalmente.

A pesar de las restricciones, las multinacionales presentes en Nicaragua en aquel momento, la Standard Fruit (Dole Food Company en Estados Unidos), Del Monte y la United Fruit (actualmente, Chiquita), continuaron rociando sus cultivos de banano con el pesticida. Hoy, 903 muertos de cáncer por el Nemagón después, son más de 22.000 los nicaragüenses que han enfermado y que acusan a estas compañías de haberles expuesto, sin advertencia y durante años, a este agroquímico.

Hoy, los acampados de Managua exigen que Bolaños cumpla sus promesas de hace un año. Que el Estado pague las medicinas y la atención hospitalaria que estos afectados necesitan y que el Parlamento mantenga en vigor la Ley 364, aprobada en el año 2000, y en virtud de la cual un Tribunal de Justicia nicaragüense condenó en 2002 a las multinacionales Dow Chemical, Shell y Dole Food Company a pagar 490 millones de dólares de indemnización a un grupo de trabajadores.

Hasta la fecha, ninguno de los afectados ha visto un solo centavo y las demandas interpuestas alcanzan ya los 17.000 millones de dólares. Dole por su parte se niega a reconocer los daños –“No creo que este pesticida haya causado ningún daño a la cantidad de gente que se dice afectada”, afirmaba recientemente a la BBC Michael Carter, vicepresidente ejecutivo y consejero general de Dole–, y califica los juicios como “fraudulentos”, a la Justicia nicaragüense como “corrupta” y a la Ley 364 como “anticonstitucional”. Pero, por si acaso, esta multinacional de la alimentación ha prometido al Gobierno de Bolaños inversiones y creación de empleos en el país a cambio de que éste apacigüe los ánimos de los campesinos para que retiren finalmente sus demandas.

Rechazada frontalmente esta propuesta por parte de los campesinos –“Son logros de cinco años de lucha legal y no hemos autorizado al Gobierno a negociar por nosotros”, afirmaban en un comunicado–, tampoco parecen haber sentado bien entre los antiguos bananeros los apoyos tanto del Frente Sandinista (FSLN) como de miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, hoy en el Gobierno).

Los campesinos temen la instrumentalización de su causa en un país tan fuertemente politizado por el reciente pasado revolucionario como desencantado por la sensación de abandono por parte de sus propias instituciones. “No nos gustaría ser bandera política de nadie, de ningún partido. Hasta ahora hemos navegado con la bandera azul y blanco de la patria –afirmaba al diario La Prensa Victorino Espinales, el principal líder de los afectados del Nemagón–. Todo respaldo que venga de manera sincera, es bienvenido y muy agradecido, (…) pero si vemos que los partidos quieren llevar agua a sus molinos a costa de nuestras desgracias, lo vamos a denunciar y condenar públicamente”.

Los afectados necesitan apoyo gubernamental e institucional urgente. Una solución real frente a la situación de abandono que sufren estos miles de damnificados en un país donde las bananeras de ayer han dejado paso a las maquilas de hoy.

Jacobo Quintanilla

Agencia de Información Solidaria

13 de mayo de 2005