Mediando el año pasado el Parlamento italiano aprobó una ley eximiendo de responsabilidad penal -mientras dure su mandato- al primer ministro, al presidente de la República, a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores y al presidente del Tribunal Constitucional. En realidad, el único que necesitaba urgentemente este amparo legal era el primer ministro Silvio Berlusconi –“Il Cavaliere” – acusado de sobornar jueces y de algunos delitos económicos. Multimillonario, copropietario de casi todos los medios de comunicación italianos, ganó las elecciones en 2001 con su coalición de derechas, Casa de las Libertades. Nombrado primer ministro, aseguró que el país debe ser administrado como “una empresa”. Es decir que en su concepción un gobierno debe estar dispuesto a comprar y vender cualquier cosa, incluyendo a la justicia.

El triunfo de Berlusconi y su teoría de política-país-empresa, animó a varios desfachatados y oportunistas que, con algo de dinero, se dedicaron a la compra-venta sin reparar en nada. Ahí están, por ejemplo, los 169 clanes especializados en la destrucción del medio ambiente, que durante el año pasado lograron superar, con sus sucios negocios, la cifra de 18 mil 900 millones de euros. Esta “ecomafia”¹ se dedica a la construcción ilegal de edificios, a la “desaparición” de millones de toneladas de residuos tóxicos, a la trata ilegal de especies animales y al saqueo del patrimonio arqueológico del país.

Pocos meses antes de que el Parlamento aprobara aquella ley de impunidad para los delincuentes, siempre que éstos ocupen cargos de gobierno, se descubría un agujero negro de más de 12 mil millones de dólares efectuado por Calisto Tanzi, el capo de Parmalat. Seguramente Tanzi comparte la visión de Berlusconi de que el país –y por extensión todo el mundo– es una empresa, al fin y al cabo él también es un “Caballero”, en su caso Caballero del Trabajo, título con el que el Presidente de Italia honra a los empresarios destacados.

Luego del desmoronamiento del imperio Parmalat –197 fábricas en 30 países– con Tanzi preso, sus hijos investigados y un alto ejecutivo quitándose la vida, la justicia encontró una larga lista de implicados, entre otros: Giovanni Bonicie (expresidente de la filial en Venezuela), Luciano del Soldato (exauditor y exdirector financiero de Parmalat), Gianfranco Bocchi y Claudio Pessina (auditores internos), Lorenzo Penca y Maurizio Bianchi (exauditores), Gianpaolo Zini (abogado y confidente de Tanzi). Ante ese panorama, era de esperar que los capos italianos de la empresa que lograron salvarse de la quema adoptaran una actitud de mayor modestia y contrición. No fue así, y lo peor es que el presidente de un país les sigue el juego. Esto es lo que está sucediendo hoy en Nicaragua.

Cuando ocurrió el “Parmacrack” la prensa nicaragüense se ocupó del caso despertando las iras de Aldo Camorani, gerente de la filial en aquel país, que inicialmente negó las noticias acusando a los medios de pretender “dañar la imagen de la empresa, quién sabe con qué intenciones”. Pero a los pocos días la realidad le hacía tragar su arrogancia. Camorani había obtenido un préstamo por cinco millones de dólares del Tower Bank de Panamá y del Banco de América Central de Nicaragua, y la orden para solicitar este préstamo, violando todos los procedimientos institucionales, había llegado a través de una llamada telefónica del mismísimo Tanzi. No obstante, en una conferencia de prensa, Camorani brindó seguridades a los productores de leche –Parmalat Nicaragua recibe el 80 por ciento de la producción nacional de leche, de la cual dependen unas 10 mil personas– y al gobierno. En esos momentos la empresa contaba con cerca de 900 trabajadores de los cuales 300 fueron despedidos inmediatamente y a nadie le preocupó que no estuvieran incluidos en aquellas seguridades.

Simultáneamente transcurría un escándalo paralelo: Haroldo Montealegre, exdueño del quebrado Banco Mercantil, cuyos activos pasaron al Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) reclamó a este banco una deuda de 6 millones de dólares. Una resolución judicial ordenó a BANCENTRO la cancelación de la deuda, cosa que el banco rechazó. Ni tonto ni perezoso, Montealegre tejió un acuerdo con Camorani, sobre la base de la deuda que Parmalat mantiene con BANCENTRO, que había cancelado el préstamo contraído por la empresa con el Tower Bank y el Banco de América Central. Ligia Rivas, la jueza actuante en el caso, designó el pasado 11 de agosto a Montealegre como interventor de Parmalat, a los efectos de que éste pudiera cobrar su deuda.

Montealegre se agrandó y anunció que estaba dispuesto a renunciar a su cargo de interventor y al cobro de su deuda a cambio del 50 por ciento de las acciones de Parmalat Nicaragua. Camorani aprovechó la oportunidad, y haciendo mutis por el foro renunció a la presidencia de la compañía y a la representación de los accionistas.

La confianza de los inversionistas

Lo hasta aquí historiado son las tropelías a las que nos tienen acostumbrados los modernos filibusteros, a los cuales, cualquier ciudadano precavido considerará preferible perderlos que encontrarlos. Pero eso no es lo que ocurrió en Nicaragua.

Inmediatamente después que Montealegre fuera designado interventor de Parmalat por la justicia, Alberto Moniver, embajador de Italia en Nicaragua, declaraba el 26 de agosto que la medida “ha creado un clima de desconfianza respecto a las garantías jurídicas para las inversiones extranjeras”, afirmando que “si no se aclara” el problema de la empresa de capital privado y que está bajo administración del gobierno italiano, existirá “un obstáculo para futuras inversiones extranjeras en el país”.

Por su parte, Barbara Moore, embajadora de Estados Unidos, también criticó la decisión judicial, “pues ese tipo de actuaciones puede crear desconfianza en los inversionistas que demandan transparencia en las reglas del juego”.

El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, en lugar de dejar en claro que al país no le interesan inversiones de tipo mafioso o reclamar por la intromisión de la embajadora Moore, reunió a los representantes de la prensa extranjera para manifestarles que “Es peligrosísimo lo que esta jurisprudencia puede dejar si permanece”. Y efectuó una velada amenaza: el gobierno de Italia no ha fijado su posición porque las autoridades se encuentran de vacaciones “pero ya veremos qué pasará cuando finalice ese descanso”.

Frente a tamaña fuerza de tareas –y quizá para impedir que Nicaragua fuese invadida por tropas italiano-estadounidenses– la jueza Ligia Rivas decidió retirar a Montealegre, quien fue sustituido por Vincenzo Borgogna, nombrado por el gobierno italiano –luego de sus vacaciones– como nuevo gerente de la filial de Parmalat. El embajador Boniver no perdió la oportunidad para señalar su alegría: “Italia consideraba esa decisión judicial como anómala, injusta y fuera de lugar, porque Parmalat Nicaragua es solvente y estaba pagando a sus acreedores”.

Solvente, pero no tanto

A todo esto los trabajadores, que en 1999 habían tratado de constituir su sindicato –sin éxito pues la empresa se enteró y despidió a 40–, consideraron que tanta confusión en la dirección de la empresa creaba la oportunidad para intentarlo nuevamente. Constituyeron el sindicato el 4 de setiembre y dos días más tarde –ya con Vincenzo Borgogna en la presidencia de la empresa– fueron despedidos el Secretario General, el de Organización y un afiliado. También fue citado por la gerente de Recursos Humanos y el propio Borgogna el dirigente José de Jesús Guevara, a quien le manifestaron que en este momento no se puede formar un sindicato debido a la crisis en la empresa, “pero después sí”.

A una semana de este atropello a las leyes nicaragüenses, el embajador Boniver no se ha manifestado, pese a que, como lo reconoció oportunamente, Parmalat está bajo la administración del gobierno que representa. Tampoco habló la embajadora Moore, quizá para no crear precedentes para los tratados de libre comercio que su gobierno está firmando con los países centroamericanos. Por supuesto que tampoco habló el presidente Bolaños, aunque es posible que siguiendo el ejemplo de sus colegas italianos se encuentre de vacaciones, a su regreso tal vez recuerde lo que la Constitución de la República establece respecto a la libertad sindical.

Frente a esta situación, ¿a quién responsabilizar? ¿A la impresentable Parmalat? ¿Al gobierno italiano? ¿A la indiferencia de la embajadora Moore? ¿Al gobierno de Bolaños? La UITA, que está apoyando la lucha de los trabajadores de Parmalat –y no solamente en Nicaragua– por su derecho al trabajo y a organizarse sindicalmente, bregará en todos esos frentes y los que sean necesarios.

Por eso desde aquí llamamos a sumarse a la campaña que ha lanzado la UITA en defensa de los elementales derechos sindicales de los trabajadores de Parmalat Nicaragua.

Enildo Iglesias

© Rel-UITA

14 de setiembre de 2004

1 La “ecomafía” saquea Italia, El País, Madrid, 08.05.04