Caso Atunera
Calvo a Tribunal
Permanente de los
Pueblos
El Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera
y Actividades Conexas, denunció ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, a la
empresa multinacional Calvo Conservas El Salvador S.A. de
C.V. por violar la convención 87 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)
que ampara la libertad de sindicalización.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una
instancia popular que ventila casos de abuso de las empresas multinacionales en
Latinoamérica. Aunque sus sentencias no tienen jurisdicción, el TPP busca
establecer sanciones morales a los acusados y a su vez, señalarlos en escenarios
internacionales.
Mariano Guerrero,
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa Calvo,
afirmó que han sido víctimas de arbitrariedades en el desarrollo de su trabajo.
“Desde el principio, la decisión para sindicalizarnos fue por
los malos tratos que recibimos continuamente por los mandos medios y jefes de
planta, que nos insultan y humillan. Pero ese intento le costó el empleo a 200
compañeros y compañeras. Los empresarios, cuando les avisaron del Ministerio de
Trabajo, del trámite del sindicato vieron la lista y ahí los despidieron. Esos
trabajadores reunieron dinero y se fueron a la Asamblea Legislativa, para que
les ayudaran y eso ahí esta pendiente”, narró.
Fue hasta el año 2006, cuando los trabajadores intentan de
nuevo la creación del sindicato, ante la permanente inestabilidad laboral y el
maltrato patronal que sobrepasó al abuso físico de los empleados y empleadas.
“Había llegado un español para enseñarle a manejar el proceso
del atún, cuando a un compañero se le llenó rápido la banda, con producto, y el
molino comenzó a saturarse… cuando trató de explicar que no sabía cómo manejar
esa situación, recibió un golpe como respuesta. Mucha gente en la planta
prefiere andar con la cabeza baja para no cruzar ni una mirada con los jefes”,
afirmó.
La inversión extranjera de Calvo ha sido la única que
puso un “ultimátum” al gobierno salvadoreño, de cerrar la atunera en el Puerto
CORSAIN, de La Unión, si no firmaba la Convención 87 (libertad de
sindicalización), y la 98 (contrataciones colectivas) de la OIT y que
costó el empleo a 600 personas.
“Mucha gente ha creído que la empresa Calvo estaba
interesada por los derechos de los trabajadores, pero nada más alejado de eso, a
ellos les preocupaba el perder el goce del arancel cero, de la exportación de
atún desde el país. Qué ayuda nos van a dar, si tenemos que soportar horarios de
12 horas, (se trabaja 24 horas), que no se respetan a cabalidad; y hacen firmar
contratos de aprendizajes por tres meses, y lo desesperan para que uno se vaya,
así ni gastan en las plazas fijas y siempre tienen gente que trabaje por nada
para ellos”, comentó.
El nuevo intento de conformar el sindicato de los
trabajadores y trabajadoras logra su consolidación en junio de 2007, y recibe la
represión sistemática de la patronal con despidos masivos y la vigilancia
permanente de los miembros del sindicato.
“Nos costó que nos dieran la personería jurídica, y cuando
los dueños supieron de la nueva lista de constituyentes, solicitaron por su
parte, al Ministerio de Trabajo la inscripción de un sindicato paralelo, pero
era de jefes y mandos medios; lo que no permite la ley laboral, entonces
comenzaron a afiliar al personal de forma obligada o perdían el empleo”, dijo.
La represión patronal llegó a situaciones desesperantes que a
los miembros del sindicato los vigilaban bajo la sospecha que trataban de
boicotear la empresa, y despedían a los trabajadores que hablaban con los
sindicalistas.
“Hubo una situación peligrosa cuando a un trabajador le
dieron una mezcla de químicos para limpiar el piso, y se formó un humo espeso y
tóxico, que provocó hasta convulsiones en las mujeres que estaban trabajando,
los supervisores no dejaban que saliera la gente, lo hicieron hasta que la gente
se comenzó a desmayar, le quitaron el empleo al compañero que echó el líquido, y
al supervisor no lo tocaron”, acotó.
Juan Carlos Cañas,
que trabaja en el Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), afirmó que
la confrontación de la patronal con los trabajadores sindicalizados, viola
flagrantemente los derechos laborales del personal de Calvo. “Su última
acción ha sido crear un sindicato paralelo para descalificar las justas
reinvidicaciones de los trabajadores, quienes han tenido que acudir a instancias
internacionales para denunciar las acciones de esta empresa multinacional”,
puntualizó.
Gloria Silvia Orellana
Tomado de Diario Co Latino
13 de octubre de 2008
