Conflicto en Calvo

por impago de bono salarial

La empresa niega el pago de un bono a sus trabajadoras y lo sustituye por otro que es de la mitad de dinero y fue pactado con un sindicato acusado de patronal

Por segundo año consecutivo, la empresa Calvo Conservas El Salvador S.A. de C.V. niega a sus trabajadoras el pago de un bono salarial de 150 dólares que venía entregando cada 14 de febrero desde el año 2005.

El pasado año, las protestas de las empleadas y la intervención del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) propiciaron que finalmente lo pagara. Este año aun no se sabe qué pasará, aunque el criterio del ministerio sigue siendo el mismo.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Procesamiento de Alimentos (SITIPA) y el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC) denunciaron la situación ante el Mintrab y los tribunales el pasado mes de enero, cuando fueron informados de que no recibirían el suplemento salarial.

La empresa española Calvo estableció su negocio en El Salvador en 2003, en torno a la explotación del caladero de atún que puebla su costa. La planta de procesamiento del producto se llevó al departamento de la Unión, una de las zonas más deprimidas del país, un auténtico erial en lo referente al tejido industrial.

Según la empresa, esa es la razón por la que comenzó a dar ese bono, con el objetivo de atraer y fidelizar a la fuerza de trabajo.

Otras fuentes afirman que la razón fue que en 2004, tras una intoxicación masiva con un producto químico, las empleadas intentaron organizarse para pedir cuentas y la empresa respondió con despidos masivos. El bono habría aparecido como un incentivo para ayudar a restablecer la plantilla.

Ahora la empresa ha decidido que ya no necesita dar esta prestación y la ha suprimido unilateralmente, sustituyéndolo por otra bonificación asociada a la asistencia al trabajo que fue negociada con el otro sindicato que tiene Calvo, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Calvo Conservas El Salvador S.A. de C.V. (STECCESSACV).

Éste es acusado por los otros dos de ser un sindicato patronal creado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos de Calvo, a imagen y semejanza de otros sindicatos patronales que existen en el país, como el de la empresa Diana.

Según estas fuentes, ese sindicato infla sus cifras de afiliados incluso con trabajadoras que están afiliadas y son directivas de los otros dos, además de con ex empleadas. Cifras ficticias que le darían la mayoría de la representación y por lo tanto la exclusiva de la negociación colectiva con la empresa.

Calvo ha ofrecido crear una mesa de diálogo con la mediación del Mintrab, aunque éste apoya a las trabajadoras en su petición de que antes de sentarse a dialogar se solucione el tema del bono y la depuración de las listas de los tres sindicatos.


El bono no es un regalo

La compañía Calvo es líder en el mercado de atún y mejillones en conserva en el mercado español y el brasileño y está presente y bien posicionada en otros mercados europeos y americanos.

En 2010 obtuvo 426 millones de euros (más de 550 millones de dólares) en beneficios, según sus propias publicaciones. Ello supuso un aumento del 13 por ciento en comparación con 2009, año en que había reportado un incremento del 9 por ciento en sus ganancias respecto al anterior.

La mayoría de las personas que trabajan en la planta de Calvo en El Salvador son mujeres de escasos recursos que cobran un poco más del sueldo mínimo, unos 220 dólares mensuales. El bono de 150 dólares, entregado el día de comienzo de clases de sus hijos, les servía para pagar los gastos escolares, entre otras cosas.

La directora de Recursos Humanos de Calvo, Marisol Salinas, explica que la compañía tiene un problema serio, que es el nivel de ausentismo laboral, que supera el 12 por ciento.

“El nivel de producción es complicado, porque (la empresa) cuenta con una plataforma de gente y de repente hay 100 que no llegaron”, expone.

Por ello, en el último contrato colectivo, acordado con STECCESSACV, se incluyó el objetivo de rebajar cada año al menos un dos por ciento ese nivel de ausentismo, para lo cual se estipulaba que se repartirían 15.000 dólares entre todos los empleados que cumplieran.

Dividido entre las más de 600 empleadas que alcanzaron el objetivo, ese incentivo suponía menos de 25 dólares para cada una.

Salinas expone que “la compañía tiene que buscar los incentivos que mejoren la vida de nuestros empleados, pero que estén enfocados en buscar la sostenibilidad en el tiempo del negocio”.

El 13 de enero, la empresa notificó a las trabajadoras que no se había cumplido el objetivo, por lo tanto no se iba a dar esa bonificación.

“Luego nos dicen que la empresa había tomado la decisión de darnos esa bonificación por este año y que iban a aumentar 50 dólares más. O sea, que la bonificación iba a ser de 75 dólares, pero que la bonificación del día del empleado, que era el 14 de febrero ya no la iban a dar”, cuenta la secretaria general de SITIPA, Marisela Rubio.

No obstante, según las representantes sindicales, ese bono por ausentismo es distinto del otro de 150 dólares que se daba desde 2005. Por lo tanto, fomentar la asistencia es correcto y premiarla con un bono también, pero no dejar por ello de pagar el otro.

Así lo considera también el Ministerio de Trabajo, que aplica el criterio basado en los artículos 24 y 30 de Código de Trabajo.

Según el artículo 24, en los contratos individuales de trabajo se entenderán incluidos los derechos y obligaciones correspondientes emanados de las distintas fuentes de derecho laboral, entre ellas, “los consagrados por la costumbre de empresa”.

El artículo 30 del Código de Trabajo, en su numeral 10, prohíbe a los patronos reducir directa o indirectamente los salarios que pagan, así como suprimir o mermar las prestaciones sociales que suministran a sus trabajadores, salvo que exista causa legal.

Para el Mintrab, esa causa legal podría ser una insolvencia que debe estar demostrada. Como se vio, Calvo está muy lejos de la insolvencia.

“Nosotros pensamos que no hay discusión en el punto de vista legal. En el punto de vista económico creemos que tampoco, la empresa está anunciando alzas en los beneficios”, afirma Gilberto García, jefe de Proyectos del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL).

No obstante, Mónica Salinas afirma que el año pasado se firmó un acta en el que tanto la empresa como los tres sindicatos quedaron de acuerdo en que el bono de 150 dólares era una “mera liberalidad” patronal. Por ello, Calvo considera que puede dejar de darlo cuando quiera.

Según el Mintrab, este es un error que suelen cometer con frecuencia los patronos, que dan por hecho que pueden dejar de dar prestaciones porque ellos decidieron libremente comenzar a darlas. Por el contrario, después de cierto tiempo, esas prácticas adquieren obligatoriedad, porque se convierten en costumbre de empresa.

No obstante, la legislación presenta un vacío porque no establece el tiempo que debe pasar para considerar un práctica costumbre de empresa, por lo que el ministerio debe estudiar cada caso en particular.

Según Gilberto García, el criterio es que tras dos años, una práctica pasa a ser costumbre de empresa.


El sindicato patronal

Cuando en 2007 las trabajadoras de Calvo comenzaron a organizarse en sindicatos, la empresa respondió despidiendo empleadas, intimidándolas con personal de seguridad armado dentro de la planta e incluso pasando por el polígrafo algunos de los dirigentes.

“A mí me pusieron el polígrafo, y me andaba detrás un vigilante con una escopeta”, afirma Mariano Guerrero, directivo SGTIPAC.

Cuenta que con la excusa de que había sido saboteado un montacargas, “me preguntaron si pertenecía a algún sindicato, si había personas que hablaban de un sindicato. Ellos más que todo querían indagar quién eran las personas que pertenecían a las organizaciones”.

Con esa información, dice Guerrero, “las personas que focalizaban que andaban en los sindicatos las despedían. Tenemos muchas pruebas de muchos trabajadores que estaban en nuestro sindicato que han sido despedidos. Nuestra organización llegó a tener 250 afiliados y ahora como 35 tenemos. Los demás los despidieron”.

Las demandas por despidos antisindicales comenzaron a llegar a distintas instancias y, lo que es peor, a algunos medios de comunicación. La pretendida imagen ejemplar de Calvo, en la que gasta tanto dinero y esfuerzo, estaba en peligro.

Una de esas demandas, por nueve despidos en concreto, llegó a la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides), un fondo de capital público y privado promovido por el gobierno de España que había prestado a Calvo 53 millones de euros para montar su planta en El Salvador.

Cofides establece que los beneficiarios de su financiación deben respetar los derechos humanos y entre ellos los sindicales.

Ante los requerimientos que se le hacían por esos despidos, Calvo decidió cancelar su préstamo con Cofides.

Sin embargo, viendo que despedir sindicalistas estaba saliendo caro a su imagen, tanto en España como en El Salvador, la empresa se inclinó por una estrategia diferente.

“Cuando vieron que el conflicto era muy grande, decidieron otra cosa, decidieron formar un sindicato patronal”, explica Gilberto García de CEAL.

Según cuenta, “cuando vino esa decisión de formar el sindicato patronal, básicamente se apoyaron en la empresa Diana (…). Llevan al personal de Recursos Humanos y a algunos mandos medios, les dan una gira por Diana, les muestran cómo funciona el sindicato patronal de Diana y deciden clonar ese modelo en Calvo”.

Básicamente, el sindicato patronal funciona mediante la afiliación forzosa de todos los nuevos empleados que contrata la empresa, e incluso de los que no son nuevos, según describe García.

“Dentro de los dirigentes del sindicato estaba el planillero y les dijo, pasen por aquí y pasen firmando. Se les iba a dar su recibo de pago, pero antes de firmar su recibo de pago tenían que firmar la boleta de afiliación al sindicato patronal”, explica.

Marisela Rubio también afirma que en las listas de este sindicato están integradas trabajadoras que ya no están en la planta y otras que no son de ese sindicato, sino de SITIPA.

El 7 octubre de 2010, SITIPA envió una demanda al Mintrab en la que detallaba una lista de 18 trabajadoras, todas ellas afiliadas a ese sindicato, algunas de ellas directivas, a las que STECCESSACV tenía en sus listas y a las que cobraba la cuota sindical mensual, situación en la que están cientos de trabajadoras más, según su denuncia.

Desde septiembre de 2009, por diversos problemas de producción y abastecimiento, debidos a una veda de pesca impuesta por el gobierno, Calvo redujo la plantilla en varios cientos de trabajadores, con el compromiso de readmitirlos por sus méritos y sin ningún tipo de preferencia o discriminación.

Sin embargo, SITIPA denuncia en ese mismo escrito que la empresa “únicamente está recontratando el personal afiliado de STECCECCACV”.

La directora de Recursos Humanos de Calvo, Marisol Salinas, afirma que “yo he visto los reclutamientos últimos que se han dado y no he visto esas situaciones”. Y agrega que aunque “este tipo de cosas siempre se prestan para cualquier tipo de comentario”, cada empleada de Calvo “decide cuál sindicato le convence más para velar por sus derechos”.

Según García, este sindicato aparece con listas de hasta 1.400 afiliados, cuando en la planta trabajan alrededor de 800 personas. Con estas listas infladas, el sindicato se asegura la mayoría de la representación, de modo que negocia en exclusiva, y de la mano del patrón, el contrato colectivo.

Así ha ocurrido con los dos últimos. En el que está vigente, firmado en 2010, sólo hay dos variaciones con respecto al anterior; la inclusión del bono ligado a la reducción del ausentismo laboral y un aumento de la asignación de fondos de la empresa a STECCESSACV.

El sindicato pasó de percibir 7.500 dólares anuales “para actividades culturales, deportivas y asistenciales” a recibir más de 11.000 dólares.

Marisol Salinas explica este incremento en la asignación para el sindicato porque “la compañía ha ido creciendo” y porque “las cosas no cuestan económicamente lo que costaban hace tres años”.

También afirma que ese dinero es para realizar actividades para todos los empleados, algo que niegan los representantes de SITIPA y SGTIPAC.

Más allá de asuntos pecuniarios, las trabajadoras creen que es urgente, ante todo, depurar las listas de los tres sindicatos, porque en su opinión, STECCESSAV no tiene la mayoría de los trabajadores, con lo que perdería la exclusividad en la negociación de los convenios colectivos.

En ese asunto, el control que puede llevar el Mintrab es limitado, pues es sencillo que todo aparezca como legal ante las autoridades. No obstante, la depuración de las listas sí es un ámbito en el que se ha de poner manos a la obra.

También en resolver sobre el bono de 150 dólares, pues las trabajadoras de Calvo tienen derecho, de acuerdo a la legislación, a que su retribución no se reduzca repentinamente.

Cuando se solucionen estos asuntos pendientes, el Mintrab mediará en una mesa de diálogo entre patrón y representantes sindicales en la que éstos esperan introducir otras reivindicaciones que tienen que ver con la seguridad, los horarios y el equipamiento.