Desde el próximo 31 de marzo cerrará sus puertas la planta de
la Corporación JR Lindley SA
encargada del soplado de los envases de
plástico para los diversos productos de esta
empresa, que ha decidido que lo mejor es
tercerizar esta actividad sin considerar la
situación de los trabajadores.
La planta, ubicada en la ciudad de Chiclayo al norte costero
peruano, cuenta con 25 trabajadores
encargados del soplado de los envases
plásticos de diversos tamaños para los
productos de la Corporación, entre los que
se encuentran las variadas presentaciones de
Coca Cola.
Las botellas retornables y no retornables de medio litro, un
litro y un litro y medio eran despachadas
hacia las plantas de Sullana y Trujillo para
ser envasadas. Ahora, la producción de los
trabajadores de Chiclayo será tercerizada
como parte de la nueva estructura
empresarial de la Corporación.
La situación se torna muy delicada pues no sólo se está
afectando el derecho al empleo de los
trabajadores, sino que esta decisión parece
confirmar la tendencia de Coca Cola
en América Latina de
consolidar una producción y administración
internacional en sus diferentes sedes en los
países de la región.
Julio Falla Juárez,
secretario general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Embotelladora
Latinoamericana ELSA-SINATREL,
analiza el actual contexto que amenaza los
derechos laborales. En su opinión, estos
cambios en la Corporación están orientados
al objetivo antes señalado.
“Creo que aquí en Perú están ordenando la casa con la
intención de que luego ingrese una
administración internacional. Y el trabajo
sucio se lo encargan a esta administración
nacional, es decir a la Corporación JR
Lindley”, advirtió.
Trabajadores de Coca Cola en Colombia,
Bolivia, México, El
Salvador, han vivido en carne propia las
consecuencias de las decisiones
empresariales de este producto lanzado al
mercado en el año 1886 y que hoy se vende en
todo el planeta. Denuncias de represión a
los gremios sindicales, explotación laboral,
incumplimiento de códigos de ética, entre
otras, rodean la incesante expansión de esta
bebida.
En el Perú, Coca Cola tiene su propio
historial, y se abre ahora un nuevo capítulo
que los trabajadores están dispuestos a
enfrentar en pie de lucha. “Si no se
respetan los acuerdos sobre la reubicación
en la planta de Trujillo de los 15
trabajadores de Chiclayo afiliados al
sindicato, tomaremos las medidas necesarias.
Creo que así como están las cosas, nos
encontramos a las puertas de un nuevo
conflicto”, anunció Falla Juárez.
El gerente Recursos Humanos de JR Lindley
comunicó el último martes 5 al sindicato
del próximo cierre de la planta de Chiclayo
con el objetivo de fortalecer la mega planta
del norte ubicada en Trujillo. El compromiso
al que llegó con SINATREL fue el de
reubicar a los 15 afiliados en dos grupos.
El primero, compuesto por ocho trabajadores, se incorporaría
a la planta de Trujillo el 1 de marzo para
encargarse del envasado en vidrio del agua
de mesa San Luís, mientras que los siete
restantes ingresarían a finales de mes, tras
el cierre de su centro de labores en
Chiclayo.
Sin embargo, en los días posteriores de adoptado el acuerdo,
han ocurrido situaciones que
apuntan a obtener -bajo presión- la firma de
cartas de renuncia y a su vez, la aceptación de que se
les contrate por el sistema de tercerización.
Julio Falla recibió comunicaciones de los propios
trabajadores de Chiclayo informándoles de lo
sucedido. Indicaron igualmente que ninguno
había firmado los documentos. Un agravante
es que dichas cartas incluyen una cláusula
que da potestad a la Corporación de
reubicarlos en cualquiera de sus plantas del
territorio nacional.
“Nosotros estamos exigiendo a los representantes de la
Corporación que nos aclaren el tema, aquí se
está violentando un acuerdo. Una cosa es que
los trabajadores sean reubicados en una
planta que dista tres horas de donde viven,
y otra que puedan ser enviados a otras que
se encuentran en Cuzco o Arequipa, que
implican traslados de más de 24 horas”,
sustentó el secretario general de
SINATREL.
Los 15 trabajadores sindicalizados de la planta de Chiclayo
tienen en promedio 35 años. Son padres de
familia, con responsabilidades que asumir en
sus hogares, para quienes la perspectiva de
la migración resulta forzada y violenta, con
impredecibles consecuencias para ellos y sus
entornos.
Falla Juárez
criticó el afán mercantilista de la
Corporación por los graves perjuicios que
ocasiona a los trabajadores y que parece no
cesar, pues la amenaza alcanza ahora a las
plantas de Lima y a los recursos humanos
encargados de la producción.
Son dos plantas las que operan en la capital que emplean a 71 trabajadores afiliados al
sindicato. ¿Qué pasará si aquí también se
encarga a terceros el soplado de los envases
de plástico?, se pregunta Julio Falla.
La respuesta es obvia, el derecho al empleo, básico y
fundamental, reconocido en tratados y
convenios internacionales suscritos por el
Estado peruano así como en su propia
Constitución, será vulnerado una vez más.
El representante de SINATREL informó que la junta
directiva del sindicato se reunirá para ver
la estrategia más adecuada que permita
garantizar la reubicación de sus compañeros
de Chiclayo en la planta de Trujillo.
Además, afinarán aspectos relativos a la
presentación de su nuevo pliego de reclamos. Explicó
además que incluirán una cláusula que especifique el derecho al empleo de los
trabajadores de la Corporación, que en total suman 2.116 a nivel nacional, de los cuales
554 están sindicalizados.
“Somos un sindicato joven, cumplimos cinco años en marzo,
hemos terminado a finales de año acciones de
lucha por la reposición de un grupo de
trabajadores despedidos, y ahora enfrentamos
este cambio estructural en la Corporación
que afecta la parte laboral. Lo haremos con
la convicción del derecho que nos asiste,
sabiendo además que no estamos solos, pues
contamos con la solidaridad de redes
internacionales como UITA”, expresó.
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En Lima, Mariela Jara
©
Rel-UITA
22 de febrero de 2007 |
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